La defensa admite el homicidio de Iranzo para intentar eludir la prisión permanente revisable

La defensa de Norbert Feher dio ayer un giro dentro de su estrategia inicial en el juicio con Tribunal del Jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Teruel por el triple crimen de Andorra. Mientras las acusaciones elevaron a definitivas sus escritos acusando a Feher de tres delitos de asesinato, con alguna ligera variación por parte de un letrado, el abogado de la defensa modificó sus conclusiones iniciales, en las que pedía la libre absolución por las tres muertes, para reconocer ahora el delito de homicidio en el caso de Iranzo y pedir 10 años de cárcel. El Código Penal establece que la prisión permanente revisable se aplicará, entre otros supuestos, por el asesinato de más de dos personas, por lo que la defensa podría estar intentando eludir de esa forma la máxima pena privativa de libertad que contempla nuestro sistema penal.
Aunque parece improbable que el veredicto del jurado popular no dictamine como probados los tres delitos de asesinato, el letrado de Feher, Juan Manuel Martín Calvente, modificó ayer su informe de conclusiones finales una vez terminada la práctica de la prueba, y si bien mantuvo la petición de libre absolución por la muerte de los dos guardias civiles alegando legítima defensa, en el caso de Iranzo calificó los hechos como un delito de homicidio por el que pidió que se  impongan al acusado 10 años de prisión. Este letrado también retiró de su escrito las eximentes planteadas en un principio de miedo insuperable y trastorno de la percepción de la realidad desde la infancia por parte del acusado. 
Esta modificación podría deberse a una estrategia jurídica para intentar evitar tres condenas por asesinato, puesto que si el jurado popular apreciara que uno de los tres delitos fue un homicidio, no se le podría aplicar la prisión permanente revisable. Además, el letrado de la defensa intentó ir sembrando dudas de cara a lo que podrían ser posteriores recursos, en la línea de lo que ha venido haciendo en relación a la cadena de custodia de los escenarios del crimen, que según él no se preservaron conforme a derecho.
No obstante, las pruebas en las que se apoyan las acusaciones están más que fundamentadas, si bien deberá ser el Tribunal del Jurado quien lo determine, y a partir de su veredicto será el magistrado que ha presidido la vista quien dicte una sentencia e imponga las penas correspondientes por los diferentes delitos. Además del triple asesinato se juzgan dos delitos de atentado contra los agentes, tres delitos de robo con violencia, un delito de tenencia ilícita de armas y un delito de pertenencia a grupo y organización criminal.
En la jornada del juicio de ayer declararon cuatro testigos que habían quedado pendientes de hacerlo la semana pasada y se procedió a la presentación de los informes finales de las partes. En este trámite cada una de las acusaciones y la defensa exponen sus conclusiones una vez practicada la prueba y califican penalmente los delitos que consideran que se han cometido.
Tras haber podido exponer ayer sus conclusiones todas las partes, hoy se ha citado a los miembros del jurado popular a las once de la mañana para entregarles el documento denominado objeto del veredicto, en el que deben dar respuesta mediante votación a los hechos probados y no, así como las circunstancias favorables y desfavorables que han apreciado en las pruebas. A partir de ese momento el jurado quedará incomunicado hasta que emita su veredicto, que deberá ser leído en audiencia pública.
La Fiscalía se extendió durante más de una hora en su exposición, durante la que ofreció un meticuloso recorrido por las pruebas que incriminan a Feher en los delitos que se le imputan y que fue desgranando una a una para pedir un veredicto de culpabilidad. 
Los abogados de la acusación particular Jorge Piedrafita y Ramón Castro incidieron en la alevosía con la que había actuado el acusado y recalcaron el dolor de las familias de las víctimas a las que representan, y en la misma línea continuaron los letrados Enrique Trebolle y Mariano Tafalla, este último dirigiéndose en ocasiones directament
e hacia Feher, sobre el que pidió que también se le condenara por pertenencia a grupo criminal. Estos dos abogados, al igual que los de las acusaciones populares, Jesús Ángel Jordán (AUGC) y Pablo Martínez (UAGA) pusieron énfasis igualmente en las carencias del dispositivo que hubo entre el 5 y el 14 de diciembre, si bien esto no se va a valorar en este juicio y está pendiente de una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado. 

Responsabilidad
Todas las acusaciones apelaron a los integrantes del jurado popular a que deliberen con “responsabilidad” para evitar que un criminal como Feher tenga la más mínima posibilidad en un futuro de volver a pisar la calle por el peligro que representa para la sociedad, y el riesgo de que vuelva a matar como advirtieron los peritos del Instituto de Medicina Legal.
La defensa en cambio intentó sembrar dudas jurídicas y solo admitió el homicidio en el caso de Iranzo, al no haberse preservado el escenario del crimen por la retirada de los cuerpos aunque todos los testigos y peritos dijeron lo contrario, mientras que en relación a los dos agentes de la Guardia Civil argumentó que había actuado en defensa propia en el tiroteo que mantuvo con ellos.
El ministerio público mantuvo sus alegaciones iniciales y la fiscal Carmen Continente argumentó que la prueba practicada en el juicio había corroborado sin lugar a dudas, e incluso “reforzado”, la culpabilidad de Feher como autor de tres delitos de asesinato en concurso con otros dos de atentado, tres delitos de robo con violencia y un delito de tenencia ilícita de armas.
La fiscal aludió además a la circunstancia agravante de reincidencia por los delitos cometidos en Italia y España previamente y argumentó que los asesinatos del día 14 de diciembre de 2017 se habían cometido para evitar que se descubriese el nuevo robo. “Estos crímenes son todo menos imprudentes”, advirtió Continente después de que la defensa hubiera modificado sus conclusiones y reconocido un homicidio contra la persona de José Luis Iranzo.
La Fiscalía inició su exposición rebatiendo los nuevos planteamientos hechos por el abogado defensor, rechazando que Feher hubiese obrado en legítima defensa como argumentó su representante legal y recordando que llevaba en la zona un tiempo y había intentado ya matar.
Argumentó que había obrado con alevosía puesto que había matado a sus tres víctimas “de forma súbita, inesperada y sorpresiva”, y sin que le atacasen previamente como había quedado acreditado con la práctica de la prueba, lo que impidió que los agentes  pudieran defenderse, para después rematarlos.
Pidió al jurado que valorase los actos anteriores de Feher con su historial delictivo en Serbia e Italia, con dos asesinatos cometidos el mismo año en este último país. Interpol le buscaba por esos crímenes, dijo, que ya de por sí son “relevantes de la peligrosidad y modus operandi de Norbert Feher”, que intenta matar “allá por donde pasa”.
El “absoluto desprecio por la vida humana y su gran peligrosidad” lo había puesto ya de manifiesto otra vez el 5 de diciembre al herir gravemente a dos personas en Albalate del Arzobispo, recordó la fiscal, quien recalcó que elimina a sus víctimas “porque son un obstáculo”.
La representante del ministerio público argumentó que el propio Feher ha reconocido que mató a sus víctimas y no se ha arrepentido, manifestando en la vista oral que con los agentes fue para recuperar una Biblica y con Iranzo admitiendo que no encontraba una lógica.

De manera fría y reflexiva
Los mató, dijo la fiscal, de “manera fría, reflexiva, calculada, con la intención de acabar con su vida”, con su primera víctima porque se cruzó en su camino, le disparó al corazón y después fue a rematarlo cuando tratata de huir con absoluta “indefensión por parte de Iranzo”.
Para que no quedaran dudas entre el jurado, recordó el trabajo de investigación hecho en los lugares de los crímenes por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. “Voluntariamente eligió matar”, recalcó, para incidir en que Iranzo “fue asesinado, no es un homicidio”, con lo que rebatió el nuevo ar
gumento de la defensa en este caso.
En relación a los dos agentes, apuntó que todas las pruebas confirmaban que fueron objeto de una “emboscada” en toda regla. “Efectuó los primeros disparos cuando los agentes estaban de espalda y con sus armas enfundadas, apuntando a sus caderas con la finalidad de abatirlos e inutilizar sus armas”, dijo la Fiscalía como prueban los impactos de bala que hay en ambas pistolas sin que las manos de los agentes presentasen lesiones, lo que indica que estaban enfundadas y Feher fue el primero en disparar. Por último, “los remató en el suelo” sin que los guardias tuviesen la posibilidad de “oponer una defensa eficaz”.
El ministerio público recalcó que “los tenía a su merced y decidió rematarlos” hasta que “se quedó sin munición” tras haber hecho un “uso desmedido de las armas”. Continente repasó una a una todas las pruebas que confirman su imputabilidad al ser “responsable de sus actos”, tal como corroboran los informes de los médicos forenses. 
La representante de la Fiscalía también detalló las pruebas que responsabilizan a Feher de los delitos de robo con violencia  y de tenencia ilícita de armas. Recordó por último a las tres víctimas, que “mueren cuando se encuentran ayudando a los demás”, no solo los agentes sino también Iranzo puesto que les acompañó para indicar un lugar en la búsqueda del fugitivo. “Es la hora de la justicia”, dijo a los integrantes del jurado para pedirles que el veredicto sea de culpabilidad por los tres asesinatos.
El abogado de la AEGC que representa a la viuda e hija del agente Víctor Romero, Jorge Piedrafita, manifestó en su acusación que “no hay ninguna duda” de los asesinatos y el resto de delitos que se le imputan a Feher porque la prueba practicada había sido “abundante y precisa”.
Piedrafita, a la hora de fundamentar su acusación, incidió en las “contradicciones” de Feher y en que su “intención era matar” para “evitar ser detenido”. Aseguró que en ese momento “nadie podía saber que un criminal como Feher les estaba esperando”, y que cuando los emboscó, el acusado esperó a que estuviesen entre las luces de los dos vehículos porque eran “más vulnerables” y empezó a disparar con las pistolas por sorpresa antes de que los agentes desenfundasen.
El abogado de la acusación argumentó que ante ese ataque fue imposible que pudieran repeler los disparos porque se les “tendió una emboscada por la espalda sin visibilidad”, tal como reveló la investigación judicial con las evidencias encontradas en el escenario del crimen. “Eligió matarlos porque tenía que coger más armas y eliminar amenazas”, añadió. Descartó por ello la legítima defensa e incidió en que es “un peligro para la sociedad”. Apeló igualmente al jurado a que haga justicia liberando a la sociedad de este criminal, a la vez que recordó a la hija del agente asesinado, que tenía solo 9 meses cuando se produjo el crimen.

Alevosía y ensañamiento
Ramón Castro, abogado de la familia del agente Víctor Jesús Caballero, fundamentó su acusación en que las pruebas habían demostrado que hubo “alevosía, ensañamiento y ánimo de ocultar los delitos” como móvil de los asesinatos. Refrendó lo expuesto por las acusaciones que ya habían intervenido y dijo que Feher “sabe lo que hace” y “se recreó” acribillando a balazos al agente Víctor Caballero para que “sufriera”. También tuvo palabras de recuerdo para los familiares, puesto que él mismo lo es de ese agente, y pidió al jurado que “nos aseguremos a la hora de que este señor no vuelva a pisar la calle para que no vuelva a hacer más daño a la sociedad”.
Enrique Trebolle, abogado de la familia Iranzo, manifestó que todo se había “probado sobradamente” y “con una seguridad y contundencia total” y pidió “hacer justicia” pensando en las familias de las víctimas y en el conjunto de la sociedad. Argumentó que mató a las tres personas porque “tenía que eliminar obstáculos”, porque como aseguraron los psicólogos la violencia de Feher es “instrumental”. Incidió en la alevosía y consideró que “de no haberle detenido hubiera seguido con un reguero de sangre”. Descartó que hubiera sido e
n legítima defensa porque Feher era un “pistolero” y repasó con detalle las pruebas incriminatorias.
Trebolle aludió también a la responsabilidad patrimonial del Estado por la dejadez en la prestación de un servicio público como era la seguridad debido a las deficiencias que considera que hubo en el dispositivo desde el día 5 de diciembre, nueve días antes. Y aunque no era motivo de este juicio como le recordó el magistrado que preside la vista, el abogado dijo que iba a poner todo su empeño en lo que le quedaba de carrera profesional para “llegar a la verdad sobre estos hechos”.
Mariano Tafalla, que representa a los padres y hermanos del guardia civil Víctor Romero y a la viuda del agente Víctor Jesús Caballero, expuso sus conclusiones hablando directamente a Feher y dirigiéndose a los miembros del jurado. A Feher, de parte de la viuda, le reprochó que su acción no había sido valiente al emboscarlos, volvió a recordar las carencias del dispositivo policial entre el 5 y el 14 de diciembre, y puso énfasis en el delito de pertenencia a grupo y organización criminal, del que solo acusa él y las acusaciones populares. Tafalla advirtió que “la responsabilidad no se acaba en este procedimiento penal” y que la “verdad ya llegará”.

Retirarlo de la sociedad
El abogado de la acusación popular por la AUGC, Jesús Ángel Jordán, incidió en la “alevosía” empleada por Feher al haber realizado “una auténtica escabechina, una ejecución”. Añadió que mantenían la acusación de banda criminal organizada y suplicó “responsabilidad” al jurado para extirpar el “tumor” que supone el acusado para la sociedad.
El abogado de la UAGA, Pablo Martínez, personada también como acusación popular, incidió en lo mismo de quienes le precedieron, y aseguró que hay muchas “incógnitas que siguen abiertas” por el operativo y su pertenencia a una banda organizada.
El último en intervenir fue el abogado de Feher, Juan Manuel Martín Calvente, quien refirió a los miembros del jurado varios puntos de los informes para hacer valer su derecho a “cuestionar” y “dudar” de las conclusiones a las que habían llegado las acusaciones. Modificó su informe reconociendo el homicidio de Iranzo a la vez que descartó el asesinato de los dos guardias civiles porque al no haber sido custodiados los escenarios de los crímenes esa noche podía haber habido una alteración de los mismos, con lo cual no había certezas. Argumentó también que hubo peritos que reconocieron que sus conclusiones eran “hipótesis”, y en el caso de los agentes alegó que pudo producirse una situación de legítima defensa que llevó a su representado a actuar como lo hizo.