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El informe de Funcas aborda cómo la despoblación afecta a los territorios rurales

La Fundación de las Cajas de Ahorro señala que las medidas contra la despoblación deben adaptarse a cada territorio y sitúa a Teruel en el núcleo duro

Funcas ve necesario zonificar el problema para poder abordarlo

La receta no puede ser la misma para todos a la hora de combatir el problema de la despoblación. Desde las provincias más afectadas como Teruel, Cuenca y Soria se viene advirtiendo de esto desde hace tiempo, y por eso impulsaron a través de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) un mapa de zonificación del problema en función de su gravedad a partir de varios parámetros. Desde la Serranía Celtibérica también se han impulsado métodos para determinar las zonas del territorio más escasamente pobladas, y ahora, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) corrobora estos planteamiento en un informe que ha realizado sobre este fenómeno y en el que asegura que es necesario zonificar el problema para poder abordarlo, y que las medidas deberán adaptarse a cada lugar en función de su situación. Por supuesto, el estudio que han hecho coloca  a Teruel en el núcleo duro de la despoblación. 

El informe acaba de ser presentado por Funcas, que es la institución que gestiona la obra social de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA). Se titula La despoblación de la España interior y ha sido elaborado por los expertos Eduardo Bandrés y Vanessa Azón.

Una de sus principales conclusiones es que a la hora de atajar este problema se debe actuar específicamente con políticas diferenciadas en cada uno de los territorios afectados por este fenómeno, teniendo en cuenta además los matices en cada zona a partir no solo de su situación demográfica sino económica.

Para ello, el trabajo analiza las 23 provincias que conforman lo que denomina España despoblada, y crea tres grupos en función de la incidencia que la despoblación tiene en ellas, aunque con muchos matices por las importantes diferencias que pueden darse en cada una de ellas como es el caso de Guadalajara o Zaragoza, donde existen núcleos muy importantes de actividad económica, pero después el fenómeno está muy presente en su medio rural.

Este nuevo trabajo que se suma ya al considerable número de informes que se han realizado en las últimas décadas sobre la despoblación, pone énfasis en la complejidad del fenómeno debido a su extensión, pero también a su diversidad.

Los autores advierten en su trabajo que lo que se ha denominado la España despoblada “no es un todo uniforme, ni en el tipo de problemas que se afrontan ni en la gravedad de los mismos”.

Apuntan en este sentido que hay un grupo de provincias, entre las que se incluye Teruel, especialmente afectadas por la despoblación y el declive demográfico, con una pirámide poblacional envejecida y un ritmo de crecimiento que está por debajo de la media nacional, “aunque sus indicadores renta por habitante o de tasa de paro -comparativamente positivos- pueden encubrir el deterioro de sus condiciones de progreso económico”.

 

Provincias que decrecen

Es el caso de la provincia de Teruel, que se sitúa en lo que los investigadores denominan la “España despoblada que decrece” en número de habitantes, frente a otras provincias cuya población está estancada y que tienen un peso considerable en el sector agrícola, pero cuyas tasas de paro y de renta per cápita están por debajo de la media española. Y por último se refieren a un tercer grupo de provincias donde el problema también existe, pero cuyos indicadores presentan una clara mejoría y con capitales muy dinámicas que están facilitando la recuperación del resto de su territorio. Dentro de la denominación científica que han hecho los autores del informe, se refieren a estas zonas como la “España despoblada que remonta”.

Considera en este sentido el informe que “caracterizar adecudamente la geografía de la despoblación en España es, por tanto, necesario para realizar un buen diagnóstico de los problemas y diseñar un marco acertado de propuestas en línea con los objetivos de cohesión territorial”. Las soluciones, por tanto, no pueden aplicarse de igual forma a todos sino que deben responder a la peculiaridad de cada lugar.

El informe identifica un total de 23 provincias donde el problema de la despoblación existe, y a partir de la aplicación de diez variables, cinco de ellas demográficas y otras tantas económicas, que en el primer caso excluyen a la capital y a aquellos núcleos de más de 50.000 habitantes, establece tres grupos o cluster en función de la gravedad y de las características del fenómeno.

Teruel está en el primer grupo o cluster, junto con las provincias de Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia y Soria. Es el grupo al que los autores se refieren como el “núcleo duro de la despoblación”. Son aquellos territorios que arrojan los peores registros demográficos.

Son las provincias que han perdido más población, que tienen una menor densidad demográfica y una población más envejecida, pero cuyos “registros económicos, en cambio, son mejores que los del siguiente grupo: poseen una base industrial aceptable, su VAB (valor añadido bruto) per cápita está alrededor de la media nacional y su tasa de paro es comparativamente baja, lo que también concuerda con un menor peso de la población joven en su pirámide demográfica”.

Estructura demográfica

El segundo grupo está integrado por las provincias más despobladas, pero que en cambio mantienen una buena base de población joven en su estructura demográfica, y que conforman Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén. En comparación con los otros dos grupos es que son provincias con escaso peso del sector industrial, bajos niveles de VAB por habitante y tasas de paro muy elevadas.

Por último, el tercer grupo está conformado por las provincias de Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, que presentan escasa densidad poblacional descontando sus capitales y grandes núcleos habitados, y que tienen también problemas de envejecimiento, pero que en cambio presentan mejores registros económicos.

En el grupo uno donde se encuentra la provincia de Teruel, según el estudio de Funcas, están las provincias que siguen perdiendo población en lo que va de este siglo, con la excepción de Salamanca y Segovia, a la vez que iban reduciendo su peso económico en el conjunto del país.

Se trata, para los autores, del grupo que “requiere de políticas de mayor alcance y continuidad si se pretende detener, o revertir, un proceso de despoblamiento y declive económico que se viene arrastrando desde hace décadas”.

Adaptación

Plantea por ello el informe de Funcas “la necesidad de adoptar políticas diferenciadas y adaptadas a los problemas de cada uno de los tres grupos, e incluso con matices dentro de los mismos, dadas las condiciones demográficas y económicas de las provincias que los forman”.

Así, en el grupo dos se apunta que requerirían otro tipo de medidas dirigidas a la creación de empleo puesto que a pesar de los procesos migratorios que han sufrido, cuentan todavía con amplia población joven en edad de trabajar. 

Y por otra parte, en el grupo tres, donde se engloban las provincias que en mejor situación se encuentran, serían necesarias acciones muy selectivas y “dirigidas a corregir carencias en algunas comarcas o desequilibrios puntuales que podrían ser un obstáculo para recuperar tasas de crecimiento y de creación de empleo al menos en la media del país”.

La pérdida de habitantes no repercute en la renta

Un dato que constata el informe de Fundas sobre despoblación es que esta no repercute en la renta per cápita por un efecto perverso de la estadística, ya que los movimientos migratorios favorecen que la misma se equipare a la media estatal. Se trata, no obstante, de un espejismo puesto que ese incremento de productividad se debe a la despoblación.

Los autores del estudio constatan que la despoblación de la España interior ha hecho que en 2017 en 8 de las 23 provincias que padecen el problema se superara el VAB por habitante nacional, entre ellas Teruel. El VAB es el Valor Añadido Bruto, una magnitud macroeconómica empleada para medir la riqueza de un territorio, y que es el equivalente al PIB, pero restándole los impuestos indirectos netos.

Así, el informe de Funcas señala que más de una quinta parte del aumento del VAB per cápita en provincias como Teruel, Cuenca y Soria, considerados el principal foco de la despoblación por sus tasas demográficas, así como en los casos de Zamora y Ávila, y en porcentajes algo menores en otras provincias aunque también relevantes, “tiene su explicación juntamente en la pérdida de población y no en el dinamismo de sus economías”.

Se trata, de acuerdo con este trabajo, de un “efecto de compensación que hay que tener en cuenta pues refleja, precisamente, el impacto del proceso de despoblación en la renta por habitante”.

Algo parecido sucede, explica el documento, con la evolución del VAB, el empleo y la productividad, puesto que “el crecimiento del VAB total en las provincias que más se despoblaron se basó principalmente en aumentos de la productividad asociados a la destrucción de empleo agrario, con caídas importantes en el empleo total”. Un efecto, precisan, que “fue singularmente apreciable en Zamora, Ourense, Soria, Teruel, Cuenca, Ávila, Lugo, Cáceres, Palencia y León”.