La morosidad y la falta de transparencia de SUMA Teruel preocupa a las Cortes

La morosidad y la falta de transparencia fueron las dos cuestiones sobre las que incidieron los grupos políticos en las Cortes de Aragón en relación al informe de fiscalización de la sociedad SUMA Teruel realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón y que fue debatido en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas. Ahora las distintas formaciones políticas, que reconocieron que les preocupaba lo recogido en la auditoría, tienen de plazo hasta el próximo viernes para presentar propuestas de resolución sobre esta sociedad pública del Gobierno de Aragón constituida en el marco del Fite. 
El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, manifestó que es el Parlamento quien debe analizar a partir de los datos aportados en la fiscalización que se ha hecho si esta sociedad pública es “útil y eficaz” para los fines para los que se creó. Precisó que en las alegaciones presentadas por el Departamento de Economía sí se considera necesaria porque permite dar una atención más especializada a la provincia, y comentó que en el momento actual se han creado nuevas líneas específicas de apoyo empresarial en el entorno de la crisis económica cuya gestión habrá que ver.
El informe de fiscalización “Líneas de apoyo financiero y concesión de préstamos a empresas por parte de la Sociedad Pública Suma Teruel (2016-2018)” fue realizado el año pasado y fue debatido en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, a la que asistió su presidente, Alfonso Peña, y el vicepresidente, Luis Rufas, que fue el encargado de dirigirlo.
Ambos incidieron en que no les corresponde a ellos calificar el uso que se está haciendo del crédito a través de SUMA Teruel, sino auditar la sociedad y presentar los resultados para que sea el Parlamento quien lo valore. “Ni podemos ni debemos”, aclaró Rufas, quien señaló que a partir del informe deben ser los parlamentarios quienes resuelvan sobre “lo que puede ser o debería ser la actividad”.
Rufas reconoció, en cualquier caso, que con los créditos  SUMA Teruel, aunque tienen una ratio muy elevada de morosidad, “también hace cosas que otros no hacen”, mientras que Peña recalcó que la Cámara de Cuentas lo que hace es ofrecer los datos a las Cortes y “las decisiones son de los grupos parlamentarios”.
La auditoría de SUMA Teruel correspondiente al periodo que va de 2016 a 2018 se entregó en el Parlamento aragonés a finales del verano pasado y se debatió en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, que permitió a los portavoces de los distintos grupos preguntar sobre los pormenores del informe una vez estudiado, y a raíz de eso ahora pueden presentar propuestas de resolución para tomar acuerdos sobre esta sociedad.  

Herramienta del Fite
SUMA Teruel es una sociedad pública cuyo 66% de su capital está en manos del sector público, a partes iguales de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado, y se creó en 2007 como una herramienta más del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para facilitar la concesión de préstamos para impulsar el fomento de la actividad empresarial en la provincia.
La Cámara de Cuentas considera en su informe que la actividad desarrollada por SUMA Teruel en los tres años fiscalizados cumple con la normativa sobre la gestión de los fondos públicos, si bien observa lo que califica de “incidencias” en sus conclusiones, como las duplicidades con la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (Sodiar) al tener fines similares; debilidades de control interno como la imposibilidad de hacer un seguimiento informático de los préstamos; una falta de transparencia porque el portal no recoge información detallada de los préstamos concedidos; y que el 32% de los fondos (9,86 millones de euros) prestados por la sociedad entre los años 2008 y 2018 no se van a recuperar o será improbable.
Los grupos parlamentarios mostraron su preocupación por la falta de mecanismos de transparencia y la morosidad recogidas en el informe, si bien el portavoz del PSOE, Óscar Galeano, quiso lanzar un “mensaje positivo” recordando que lo que se ha hecho ha sido fiscalizar aquellos instrumentos que se han puesto al servicio de una provincia como Teruel “con todas las peculiaridades que tiene su territorio, la transición energética, la carencia de infraestructuras o de equipamientos, y el proceso de transformación industrial que está sufriendo”, para “tratar de frenar o al menos amortiguar algunas de las deficiencias que tiene”.
Galeano indicó que hay que situarse en la realidad y que conociendo cómo funciona el sector financiero privado, “estamos ante una entidad que lo que tiene que hacer es acudir a aquellas operaciones de riesgo que la financiación privada rechaza porque no cumple los parámetros de riesgo”, mientras que la Administración pública “debe incentivar y llegar allí donde quizás en sitios como la provincia de Teruel no lo hace el sector privado”.
El parlamentario socialista reconoció que al emplearse fondos públicos “se ha de ser riguroso con la gestión”, y que la cuestión clave es el “equilibrio” para “buscar acomodo entre esas dos facetas”. Argumentó que si se adopta una posición exigente “y nos ponemos estrictos y somos muy exigentes con las condiciones de préstamo que damos a las entidades o a los proyectos empresariales, no saldría ninguno”. El problema, aclaró, es que faltan proyectos y la situación que se crea es consecuencia de “financiar determinados proyectos de riesgo”, porque si no el dinero lo darían directamente las entidades financieras privadas. Abogó por acentuar el control y seguimiento y en “buscar un equilibrio”, y más en momentos de crisis, asumiendo que existe un riesgo aunque calibrando si la Administración lo está haciendo de manera adecuada.

Duplicidad con Sodiar
Alfonso Peña insistió en su intervención en que el informe ofrece  los datos de una auditoría y las decisiones las toma el Parlamento. “Nosotros no nos atrevimos a decir en el informe, porque no es nuestra misión, que hay que suprimir SUMA Teruel o que es una duplicidad que no debe mantenerse, porque creo que eso es una valoración que tienen que hacer los grupos parlamentarios”, dijo el presidente de la Cámara de Cuentas, quien añadió que “lo que hay que analizar, seguramente contrastando nuestro informe con la información que les puedan aportar los responsables de la gestión de la sociedad, es si es un instrumento financiero útil y eficaz para los fines para los que fue constituido”. 
Cristina Sainz (PP) planteó si se ha estudiado la posibilidad de modificar la forma jurídica de esta sociedad, mientras que José Luis Saz (Cs) estimó que no se ha sido “pulcro” ni “eficaz” con esta herramienta. Erika Sanz (Podemos) quiso saber cómo se puede mejorar la gestión de un mecanismo que consideró “importante”, y Carmen Martínez (CHA) opinó que son instrumentos necesarios aunque haya que darles “una vuelta más”. Marta Fernández (Vox) exigió un “uso racional” de los recursos públicos, y Álvaro Sanz (IU) opinó que hay que “clarificar” la transparencia en la que incide el informe.
Desde 2007 hasta 2018 SUMA ha concedido 155 préstamos, de las 275 solicitudes presentadas, por un importe de 30 millones de euros. 

Atentos a la gestión de la línea especial de apoyo empresarial por la covid

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, reconoció que habrá que estar atentos a la gestión de la línea especial de apoyo empresarial abierto por SUMA Teruel durante el pasado año con motivo de la Covid, ya que el riesgo de impagos aumenta con la crisis como se ha visto en anteriores ocasiones.
Peña hizo esta valoración al responder a una reflexión de la diputada de Podemos, Erika Sanz, sobre la influencia de la crisis económica en la tasa de morosidad observada en los préstamos de la sociedad SUMA Teruel, en referencia a la de 2008. Aclaró que “ahora estamos en la misma situación” y que la sociedad en el año 2020 por la crisis financiera derivada de la Covid también ha puesto en marcha líneas específicas de apoyo a la liquidez del sector empresarial de Teruel hasta junio de este año, para atender necesidades de financiación no para proyectos de inversión sino para las necesidades empresariales en tiempos de crisis como son “circulante, pago de salarios, facturas y otras necesidades de liquidez”.
El presidente de la Cámara indicó que dada esta nueva situación “habrá que estar también atentos a la gestión que se hace de esta línea especial de apoyo empresarial, porque en un entorno de crisis económica el riesgo de impagos o de repago de los préstamos pues aumenta mucho”.