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La mujer acusada de ahogar a sus perros en el Arquillo dice que los había regalado La mujer acusada de ahogar a sus perros en el Arquillo dice que los había regalado
La acusada, durante el juicio celebrado el martes

La mujer acusada de ahogar a sus perros en el Arquillo dice que los había regalado

Se enfrenta a una pena de prisión de entre dos y tres años por presuntos delitos de maltrato animal

La mujer acusada de haber ahogado en el embalse del Arquillo a los dos perros que había adoptado un año antes en una protectora de animales, aseguró el martes que cuando ocurrió eso no los tenía ya en su propiedad puesto que los había dado a otra persona cuya identidad desconoce. La acusada, G.M.Q., fue juzgada en el Juzgado de lo Penal de Teruel y se enfrenta a una petición de penas que van de los dos a los tres años de prisión por presuntos delitos de maltrato animal.

El caso de los dos perros que aparecieron sumergidos en el pantano a finales de mayo del año pasado, y que fueron encontrados atados de las patas y el cuello a una piedra para que se hundiesen, quedó el martes visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal de Teruel. La Fiscalía pidió un total de 2 años de prisión por sendos delitos de maltrato animal (uno por cada perro muerto), e inhabilitación especial para la tenencia de animales o el ejercicio profesional con ellos durante tres años, además de indemnizar a la protectora de animales Uno Más con 6.000 euros.

La acusación particular, en representación de la protectora, que es la que entregó en adopción a los dos cachorros Kiko y Kira, elevó a 18 meses de prisión la pena por cada delito de maltrato animal (en total 3 años), además de 4 años de inhabilitación, mientras que la defensa pidió la libre absolución de la acusada.

La mujer adoptó en mayo de 2019 a los dos perros, de la raza Bretón, tras un proceso de entrevistas con la protectora Uno Más, que hizo un seguimiento en los meses posteriores. Los adoptó cuando residía en Elche y no avisó cuando se trasladó a Teruel.

En marzo de 2020 puso un anuncio en una plataforma digital para desprenderse de los animales, en lugar de avisar a la protectora para devolverlos, y en mayo de ese mismo año, con la desescalada del confinamiento por la pandemia, aparecieron muertos sumergidos en el Arquillo.

La Fiscalía y la acusación particular consideran a la acusada autora de la muerte de los animales, si bien esta declaró en el juicio que en ese momento ya no los tenía en su propiedad sino que los había dado a otra persona cuya identidad desconocía.

Lo que explicó es que como quería dar a otra persona los animales, un día se presentó un hombre en su casa que le dijo que un vecino le había comentado que tenía unos perros y los quería regalar. Fue así como se desprendió de ellos, explicó, aunque no pudo dar referencia de quién era esa persona ni de su teléfono porque lo desconocía, lo mismo que el vecino que supuestamente le había dicho a ese hombre lo de los perros porque tampoco le dijo quién había sido.

A preguntas del fiscal sobre la obligación del cambio de titularidad, la acusada respondió que le dio al desconocido la documentación para que lo hiciera y después jamás supo más de él. En su turno de la última palabra, la acusada llegó a sollozar y balbuceó algo como que de haberlo sabido no los hubiera entregado.

Los policías que acudieron al Arquillo para rescatar los cadáveres, tras un aviso ciudadano de que se veían los cuerpos bajo el agua, explicaron que estaban atados de patas y cuellos a una piedra de cuatro o cinco kilos que hacía de lastre con una cuerda de las de tender. No pudo determinarse cuánto tiempo llevaban sumergidos y si la muerte fue por ahogamiento o se produjo antes de arrojarlos al agua porque no se les hizo necropsia.

Se identificó con los chips a la propietaria, que estaba en avanzado estado de gestación y manifestó su deseo de no declarar en comisaría sino ante el juez cuando fue llamada, aunque un agente declaró en el juicio que “sabía perfectamente a lo que venía”.

La representante de la protectora, que declaró como testigo por videoconferencia, dijo que se enteraron de lo ocurrido cuando les avisaron del juzgado y que llamó a la acusada para pedir explicaciones porque sabía que podía devolver los animales si ya no los quería. “Calló, no dijo nada, se calló”, explicó visiblemente afectada, para sentenciar que “fue una matanza, una crueldad”.

Las acusaciones argumentaron en sus conclusiones que la versión dada por la acusada es una “excusa”, y que aunque no hubo testigos que la vieron arrojar a los perros al Arquillo, hay indicios “variados, coherentes, suficientes y contundentes” para considerarla culpable. La defensa, en cambio, manifestó que en su momento no se hizo investigación alguna, y que no se había demostrado la culpabilidad de su representada, sobre la que dijo que al entregar los perros a un desconocido “pecó de exceso de confianza, pero esto no está tipificado como delito en el Código Penal”.