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La provincia de Teruel se posiciona como pionera para poder celebrar juicios en red La provincia de Teruel se posiciona como pionera para poder celebrar juicios en red
El juez de Teruel Jorge Cañadas (inferior izquierda) con los otros ponentes en el debate telemático organizado por Abogados contra la crisis

La provincia de Teruel se posiciona como pionera para poder celebrar juicios en red

La Justicia reclama voluntad política para facilitar su digitalización
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Jueces, fiscales y abogados reclamaron ayer la necesidad de que haya voluntad política para facilitar la digitación de la Administración de Justicia y la posibilidad de celebrar actos procesales y juicios a través de medios electrónicos, no solo ahora con la declaración del estado de alarma sino también cuando se haya superado la crisis. Aragón se ha convertido en este contexto en pionero de esa digitalización gracias a la creación de salas virtuales de videoconferencias por parte de la Dirección General de Justicia del Gobierno aragonés, y del impulso que le están dando algunos órganos judiciales como el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel.

El juez titular de este juzgado turolense, Jorge Cañadas, así lo puso de manifiesto ayer en un debate telemático organizado por el colectivo Abogados contra la crisis, en el que también intervinieron representantes del ministerio público y de la abogacía. En el mismo abordaron el Real decreto ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Dicho real decreto insta al uso digital de estas tecnologías, pero uno de los mayores problemas es la situación dispar que se vive en cada Comunidad Autónoma, tanto porque los sistemas electrónicos de gestión procesal son distintos, como por la diferencia de medios de que disponen unos territorios frente a otros debido a que son competencias transferidas.

El debate puso sobre la mesa los retos de la transformación digital de la justicia en España, y además de contar con la participación del juez Jorge Cañadas, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel, intervinieron también el Fiscal de delitos económicos Juan Antonio Frago Amada, y los abogados Miquel Roca, Borja Adsuara, Joaquín Casanovas y Ricardo Oliva, que moderó un intenso debate en directo que se prolongó durante dos horas y al que se puede acceder en diferido en la web de Abogados contra la crisis.

Salas virtuales aragonesas

Teruel se presentó como pionera ante la posibilidad de celebrar juicios y actos procesales en red, con las salas virtuales de videoconferencias que ha puesto en marcha el Ejecutivo aragonés, y que se está utilizando también en Barbastro con la celebración de vistas orales. En Teruel hasta el momento se han celebrado otro tipo de actos procesales, pero el titular del Juzgado de Instrucción número 2 aseguró que es posible puesto que “la justicia es un servicio y no un lugar establecido” donde celebrarlo.

Cañadas sí advirtió que había que tener en cuenta los medios de que dispone la Administración de Justicia para poder hacerlo, puesto que no hay una sola sino distintas, tantas como comunidades autónomas tienen transferidas estas competencias con una disparidad de medios y recursos incompatibles unas con otras.

Tanto el magistrado de Teruel como el resto de intervinientes constataron los problemas que genera que en cada comunidad haya programas de sistemas de gestión procesal diferentes, que además conviven con los tradicionales; algo que, según precisó, convierte muchas veces la administración de justicia en una “carrera de obstáculos”.

Cañadas añadió que las leyes deben mejorarse y que debe haber una respuesta coordinada, además de dotar de más medios humanos puesto que recordó que en España la media es de 11 jueces por cada cien mil habitantes cuando en Europa es de 21, prácticamente el doble.

Todos los ponentes coincidieron en que “antes de tener un buen sistema digital deberíamos tener un buen sistema físico”, que es como se hizo en Inglaterra, según apuntó el abogado Miquel Roca, con despacho profesional en dicho país. El también letrado Joaquín Casanovas añadió que se debería “adaptar el derecho procesal a la transformación digital”.

Cañadas explicó que si bien en el conjunto del país es un “páramo” lo que plantea el real decreto puesto que la Administración de Justicia no dispone de medidas tecnológicas, “Aragón las tiene” porque se ha hecho un trabajo “importante en el tiempo” y se está trabajando tanto desde la DGA como desde el TSJA “poniendo todas las facilidades”.

El juez del Juzgado número 2 de Teruel aseguró que con estos medios “podemos técnicamente empezar a hacer vistas”, si bien precisó que es un sistema en ciernes en el que se tiene que garantizar tanto la identidad de los intervinientes como la integridad de las declaraciones. Sobre el avance en esa dirección aclaró que “no es una opción, no queda más remedio, no tenemos alternativa, en Aragón se está haciendo de forma coordinada y satisfactoria”, si bien reconoció que existen recelos hacia la tecnología, opinión que compartieron otros ponentes.

Cañadas aseguró que con la crisis del coronavirus “no podemos volver a abrir los juzgados que parezcan un gran centro comercial en hora punta”, por la gran afluencia de gente que confluye, y a preguntas del resto se mostró partidario de que se retransmitan y sean públicos.

En el debate quedó claro que en España hay una serie de medios “muy mal empleados”, que en lugar de facilitar el trabajo a la Administración de Justicia se le complica, y que la disparidad de sistemas la convierte en una “Babel” y un “caos”. Urgieron por ello a “la voluntad política para cambiar las cosas”, y después incorporar la tecnología a pleno rendimiento.