La SSPA exige la aplicación urgente de las ayudas al funcionamiento de las empresas

Las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, fundadoras de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), exigen al Gobierno de España que contemple en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) las ayudas al funcionamiento autorizadas el pasado 19 de abril por la Comisión Europea (CE) para que las empresas radicadas en estos territorios puedan beneficiarse de una reducción de hasta un 20% de los costes laborales desde el 1 de enero de 2022 .

El asesor de la presidencia de CEOE Teruel, Carlos Mor; el vicepresidente de CEOE-Cepyme Cuenca, Ignacio Villar; y el presidente de FOES, Santiago Aparicio, reiteraron este viernes la “urgencia” de agilizar esta y otras medidas para hacer frente a los desafíos demográficos, económicos y sociales de estos territorios.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa conjunta con motivo del octavo aniversario de la creación de la SSPA, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2013, en la que repasaron sus principales consecuciones y anunciaron su intención de continuar unidos en la lucha contra la despoblación.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, indicó que, después de que la CE aprobará el 19 de abril las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, que permiten al Gobierno de España otorgar ayudas al funcionamiento empresarial a las tres provincias que integran la SSPA, “no se ha dado ningún paso para su activación”.

Interlocutores

Las organizaciones empresariales se han dirigido a los ministerios de Hacienda, Reto Demográfico y Seguridad Social, pero no han encontrado ningún interlocutor. Ante la falta de respuesta, consideran que “la aplicación de estas medidas no es una prioridad para el Ejecutivo”.

“Nos sentimos como una pelota de pimpón. Es una oportunidad única para las tres provincias, que no podemos dejar perder”, afirmó. No obstante, los representantes de las organizaciones empresariales apuntaron que aún hay tiempo para su articulación, por lo que de momento no tienen programada ninguna medida de presión.

Por eso, Aparicio solicitó a los empresarios, a la ciudadanía y a los representantes políticos de las tres provincias “que hagan de altavoz de esta reclamación” para que las ayudas (en forma de bonificación de las cuotas que abonan a la Seguridad Social) puedan ponerse en marcha el 1 de enero de 2022. “Nos va la vida en ello”, sentenció, y achacó la menor competitividad de las empresas de estos territorios a los mayores costes de producción y el menor mercado.

Tensiones

Según Carlos Mor, “las tensiones entre comunidades autónomas para atraer empresas debe dejar paso a criterios de reequilibrio territorial” y añadió que pelearán también por la reducción del impuesto de sociedades. Además, calculó que el coste de su aplicación supone entre el 15% y 20% del coste de ampliación del Aeropuerto de El Prat.

Además de seguir trabajando para que se concrete la aplicación práctica de las ayudas al funcionamiento en el plazo más breve posible, las confederación de empresarios están avanzando para que los fondos europeos lleguen a las tres provincias con el proyecto 5 for Rural, cuyo objetivo es que las zonas afectadas por la despoblación se conviertan en “territorios inteligentes” en los que se potencie la actividad económica y la generación de oportunidades empresariales y laborales.

Por último, señalaron que CEOE seguirá presionando para cambiar el enfoque de la legislación y que se haga efectiva la inclusión del impacto demográfico, como ya ocurre con el ambiental o el de género. “Todas las nuevas normativas deberían de ser ruralizadas teniendo en cuenta su afección a los territorios rurales menos poblados”, indicó Aparicio.