La SSPA reclama que la normativa tenga contenido económico y visión estratégica

Por mucho que se legisle, mientras cualquier normativa que se haga no se dote de contenido económico y de visión estratégica, de poco servirá legislar para dinamizar el medio rural en provincias como Teruel y luchar contra la despoblación. Es el planteamiento que hace la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA por sus siglas en inglés) en las aportaciones que ha hecho al Gobierno de Aragón dentro del proceso consultivo realizado para la elaboración de la Ley de Dinamización del Medio Rural. Este lobby europeo impulsado desde Teruel, Cuenca y Soria, considera que es necesario adoptar un nuevo paradigma de desarrollo rural, que la coordinación de las instituciones y de quienes trabajan por el mismo fin es fundamental, y que hay que diversificar las economías en las zonas rurales.

La SSPA, que promueven las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria junto con grupos de acción local, ha presentado un amplio informe para que se tenga en cuenta a la hora de redactar la futura ley, que es uno de los compromisos de la legislatura por parte del Ejecutivo aragonés y que pretende dotar de igualdad de oportunidades a quienes viven en el medio rural y el urbano.

Este lobby europeo celebra la iniciativa, pero también advierte que esa ley deberá tener contenido económico, además de visión estratégica, porque documentos para luchar contra la despoblación hay muchos, pero lo que se necesita ya es pasar de la literatura a los hechos y eso se hace con financiación, además de con políticas activas que permitan el impulso de estos territorios.

En este sentido, la SSPA advierte desde el respeto y la lealtad a las instituciones, que “una ley sin contenido económico, sin visión estratégica, sin vocación innovadora y sin instrumentos de actuación específicos y más eficaces para cumplir con sus objetivos que las ya practicadas desde la gestión administrativa ordinaria y la acción descoordinada de nuestras diferentes administraciones públicas, no estaría a la altura de las legítimas expectativas y anhelos del pueblo aragonés y, principalmente, de nuestra población rural”.

Una de las primeras cuestiones que deberían tenerse en cuenta, según la SSPA, es el establecimiento de una clasificación de las zonas rurales en función de varios parámetros combinados que tengan en cuenta la densidad de población, la diversificación de su economía, su carácter más o menos remoto con respecto a las áreas urbanas y su nivel de renta. Eso sí, en este último caso aclara que no se puede entrar en las “perversiones estadísticas” que dejaron a Aragón fuera del Objetivo 1 cuando España se incorporó a la Unión Europea.

Aboga igualmente la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa por la necesidad de adoptar un nuevo paradigma de desarrollo rural que tenga en cuenta dos cuestiones fundamentales. Por un lado la obligación de las administraciones públicas de garantizar a toda la población rural el acceso y la calidad de los servicios, tanto sanitarios como educativos y de seguridad, además de infraestructuras, entre ellas el acceso a un internet de banda ancha. Se trata de “garantizar la justicia social en el plano territorial”, argumenta.

Por otra parte, incide en la necesidad de que se establezca una relación de “colaboración y coordinación” entre todas las administraciones públicas con los agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto.

En esta línea defienden la urgencia de establecer los adecuados mecanismos de gobernanza que permitan estimular el desarrollo económico y social de forma sostenible, “la igualdad efectiva de oportunidades, la inclusión, la sostenibilidad y una adecuada cohesión económica y social”.

“El desarrollo económico y social sostenible ha de surgir de las adecuadas sinergias de la acción favorecedora de los poderes públicos y de la actividad económica generada por el sector privado”, argumenta la SSPA en las aportaciones hechas para la elaboración de la Ley de Dinamización del Medio Rural; una normativa que deberá velar por “mejorar las condiciones materiales, normativas y humanas que pueden hacer que fructifique el emprendimiento y las inversiones”, puesto que si están mal concebidas producirán el efecto contrario.

Territorios exitosos

La futura ley, sostiene la SSPA, debe ser capaz de dotar a Aragón de una visión de las áreas rurales que muestre un nuevo paradigma y haga de ellas “un territorio altamente exitoso y competitivo en el que cada vez más personas elijan vivir, trabajar, estudiar e invertir”.

Para ello, el lobby estima que la nueva ley debería establecer disposiciones que condujesen a  crear en todas las comarcas una serie de condiciones para alcanzar ese objetivo, entre ellas la dotación de infraestructuras y equipamientos básicos, además de acceso a suministros esenciales. y una oferta de vivienda asequible y de calidad, además de la disponibilidad de servicios básicos.

Una conectividad adecuada de banda ancha y un marco normativo que sea consecuente con las realidades y necesidades del medio rural, es otra de las prioridades que debería marcarse la futura ley, actuando en todos los ámbitos de la administración, desde la fiscalidad especial hasta la ordenación de los recursos naturales.

La generación de actitudes de emprendimiento en el entorno social, “con la capacidad de retener el talento y de atraer a emprendedores a través de las oportunidades e incentivos apropiados”, y la presencia  y formación de trabajadores cualificados, junto a la “capacidad de retener y de atraer capital humano” de fuera a través  de la oferta de oportunidades laborales, deben ser cuestiones que según la SSPA se tengan también en cuenta.

Y en ese sentido se incide en la importancia de que haya una gobernanza adecuada para poder revertir la situación actual de territorios como el turolense. El modelo que se plantea es el de una agencia pública similar a la que se creó en las Tierras Altas e Islas de Escocia.

La diversificación es clave para sacar a las zonas rurales de su situación actual, argumenta la SSPA en sus aportaciones, por lo que aboga por “ir más allá de nuestro modelo de desarrollo rural, que se ha centrado básicamente en el desarrollo agrario”, y que sin dejar de lado al sector primario, impulse con determinación los sectores secundario y terciario de la economía en estos territorios.

Crear instrumentos adecuados que aseguren la eficacia de los resultados, y evaluar el impacto que en las zonas rurales puede tener la legislación que se haga, son otros aspectos que la SSPA entiende que deben tenerse en cuenta por la “extrema disparidad” de las condiciones que existen en el campo y en las ciudades.

Participación y evaluación

La SSPA se muestra partidaria, en las aportaciones que ha hecho al Ejecutivo para la elaboración de la futura Ley de Dinamización del Medio Rural, que la misma establezca un mecanismo de carácter participativo para la sociedad civil, “mediante el cual se realizase una ‘evaluación de impacto rural’ de las leyes y reglamentos aragoneses en vigor, así como de aquellas que han de adoptarse en lo sucesivo”.

El lobby entiende que es el momento oportuno para hacer esta ley, pero considera necesario que el legislador amplíe esa visión tradicional del desarrollo rural que lo vincula casi siempre a las actividades del sector primario, e insiste en la necesidad de diversificar la economía. La misma en el medio rural “ha de responder a los mismos parámetros (adaptados a las circunstancias y realidades rurales) que los de la diversificada economía urbana”.

Echa en falta la SSPA, en los planteamientos que se están haciendo con la ley, una cuestión vital como es la sostenibilidad, apostando por modelos de desarrollo rural de nuevo cuño, pero que respondan “desde su misma concepción a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas recogidos en la Agenda 2030”.

La fiscalidad especial para estos territorios, un caballo de batalla de la SSPA desde su creación, es otro de los aspectos en los que se incide a través de las aportaciones que hacen para ser tenidas en cuenta en la elaboración de la ley.

“Cualquier medida de carácter fiscal deber ser lo debidamente intensa como para suponer una diferencia considerable capaz de incidir en las decisiones de individuos y empresas”, señala la propuesta de la SSPA refiriéndose a un informe de la Universidad de Zaragoza, a la vez que se cita otro documento que se hizo sobre fiscalidad diferenciada para que se puedan introducir incentivos fiscales específicos para estos territorios para favorecer la dinamización de los mismos.