Lafuente (PP) pide el cese o renuncia del director general de Función Pública de la DGA

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación Sindical de Secretarios-Interventores de Aragón contra la Orden del consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Vicente Guillén, que establecía las bases de la convocatoria para el acceso a la denominada bolsa de trabajo de secretarios de ayuntamiento. El texto del juez afirma, entre otras consideraciones, que "el contenido de las bases totalmente contraría los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad". En otra parte la sentencia añade que "no hay sustento normativo para efectuar la convocatoria en los términos recogidos", en referencia a la incapacidad competencial de la Administración de la Comunidad Autónoma, informa una nota de prensa del PP.
La sentencia respalda la denuncia política que desde hace meses viene realizando el portavoz de Institucional del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, que ya advirtió en el parlamento regional tanto al director general de Función Pública como al mismo consejero de Presidencia sobre las “importantes dudas legales” que suscitaba la norma autonómica aprobada mediante una Orden de abril de 2017 firmada por Guillén.
Tras conocer la anulación de la Orden autonómica, Lafuente afirmó que ha tenido que ser un Juzgado el que frene “el ataque a la independencia de unos funcionarios públicos, porque estaban maniatados al verse siempre con la espada de Damocles de que les pueden echar a la calle; y dos, el ataque a la dignidad de un colectivo.”

Las deficiencias del texto del Gobierno denunciadas por los populares aragoneses eran varias, según recordó: “una bolsa que ni valoraba la experiencia ni valoraba la formación de la propia Comunidad Autónoma”, en segundo lugar “querían echar a la calle a unos profesionales con determinados años de servicio o de determinadas características” y, por último “cualquier alcalde de cualquier ayuntamiento, por cualquier cuestión, podía echar a la calle con un simple escrito a un secretario de su ayuntamiento.”
El revés judicial que para el Gobierno de Aragón supone la aceptación del recurso defendido por estos funcionarios públicos implica para Miguel Ángel Lafuente “la desautorización” del Ejecutivo autonómico, por lo que  ha registrado una solicitud de comparecencia del titular de Presidencia ante las Cortes de Aragón, así como el cese o renuncia del director general como responsable directo del fracaso en el diseño de la convocatoria.
A partir de ahora, concluyó Lafuente, el Gobierno de Aragón está obligado a rectificar y, como competente en esta materia, “debe aportar de inmediato algún tipo de solución que resuelva el conflicto sin necesidad de recurrir nuevamente a los tribunales.”