Las ayudas de funcionamiento, un instrumento que debería aportar una ventaja competitiva

Las ayudas de funcionamiento a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad de población van a aprobarse finalmente esta semana en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en los términos que anunciaron el mes pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con unas intensidades que están muy por debajo de los porcentajes hasta los que autoriza la Comisión Europea. Las mismas deberían ser vistas como una ventaja competitiva para la provincia, en la que las empresas serán las colaboradoras necesarias, pero al final su eficacia dependerá del apoyo estatal que reciban.

El porcentaje anunciado es claramente insuficiente para lograr el objetivo de crear nuevos empleos y captar inversiones de fuera, de forma que se pueda revertir el proceso de despoblación que sufren estos territorios, según han advertido las organizaciones empresariales. Valoran que por fin se vayan a poner en marcha, pero entienden que las intensidades deben ser mayores para conseguir resultados.

A la vista de la autoenmienda del PSOE que se ha introducido en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, cuyo dictamen se votará en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves, esas ayudas, tal como las ha planteado el Gobierno, suponen en torno al 1% de los costes laborales de las empresas, en el caso de los empleos indefinidos ya existentes, cuando Europa autoriza poder hacerlo hasta en un 20%.

La normativa que se aprobará  dentro de los PGE diferencia entre el trabajo indefinido ya existente y el de nueva creación, aplicando para ello tres tipos de bonificaciones por contingencias comunes a las cuotas de la Seguridad Social: 5% para el ya existente y 15% para el de nueva creación, salvo en los municipios de menos de mil habitantes que será del 20%.

Excluye además a los trabajadores autónomos, no así a sus empleados, si bien a los que se den de alta en 2023 tendrán una cuota reducida de 80 euros al mes durante tres años (para el resto del país esta medida se aplica igual aunque únicamente durante dos años). Esto supone excluir de entrada al importante activo económico que son los autónomos, puesto que según las patronales, el total de las empresas activas en las tres provincias alcanza las 28.103, cuando el total de afiliados al régimen especial de Autónomos es de 39.173, una cifra muy superior.

La finalidad de estas ayudas, tal como están planteadas por la Comisión Europea, es hacer de los territorios en los que se implanten, que hasta ahora se reducían a las zonas despobladas del norte de Europa, lugares atractivos para invertir frente a otros que se encuentran en mejores condiciones para hacerlo. No se trata solo de atraer nuevas inversiones, sino de fortalecer el tejido empresarial ya existente y de hacerlo más resiliente y competitivo.

Sobre esta base las organizaciones empresariales de las tres provincias, junto con los gobiernos autonómicos de Aragón y las dos Castillas, además del Ejecutivo central, consiguieron que Europa modificase las reglas de juego en el sur del continente para autorizar estas ayudas estatales en aquellos territorios con graves problemas demográficos al tener una densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, al igual que pasa con los del norte.

La norma se puede aplicar exclusivamente en las NUTS 3 con esa densidad, es decir, las provincias. Las NUTS son la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas, el sistema que utiliza la UE para el reparto de los fondos de cohesión europea, si bien en este caso se trata de ayudas estatales. Así que por más que otras provincias reclamen hacer extensivo este tipo de apoyo a sus territorios, España no podrá hacerlo porque no cuenta con la autorización de Europa.

A partir de estas premisas, las organizaciones empresariales elaboraron un informe que lo han hecho llegar a Moncloa y a los ministerios con especiales competencias en este asunto, donde argumentan, con datos, la insuficiencia de las bonificaciones para la finalidad que tiene esta medida tal como la plantea Europa.

Beneficiar al territorio

Ese es el fondo de la cuestión, algo que a nivel de los técnicos de la Administración parece no haber sido tenido en cuenta, y que desde la parte política del Gobierno da la impresión de que tampoco lo han entendido o les preocupa la reacción de otros territorios. Es sobre esto en lo que insisten los empresarios para hacer ver que no se trata de unas ayudas dirigidas a beneficiar a las empresas sino al territorio, y que ellos lo único que hacen es ser parte colaboradora para intentar revertir el problema de la despoblación.

Argumentan que con el porcentaje que se contempla no se va a incentivar la creación de empleo ni mucho que otras empresas se deslocalicen y vengan a Teruel. Ponen como ejemplo el salario medio que hay en la provincia de 18.000 euros anuales. La aplicación de ese 5% en las contingencias comunes supondría a las empresas únicamente una ayuda para los contratos ya existentes, en forma de bonificación, de 17,70 euros por trabajador y mes, que al año equivaldría a 212,40 euros, en torno a un 1% del total de los costes laborales. Se triplicaría en el caso de los nuevos y se multiplicaría por cuatro para los municipios de menos de mil habitantes.

Los empresarios no ven que con esas ayudas se incentive la creación de empleo, requisito imprescindible para revertir la tendencia de la despoblación haciendo más competitivo el territorio. Los empresarios temen que no se entienda de qué van estas ayudas e insisten en recordar que ellos son los colaboradores necesarios en todo este proceso, la correa de transmisión para conseguir un fin porque el paciente es el territorio y ellos solo son la jeringuilla para inocular esa ayuda cuya efectividad dependerá del Estado, y por tanto es una cuestión de voluntad política.

Aunque desde el Gobierno ha trascendido que es una forma de empezar, y por tanto habría posibilidad de mejorarlo, no parece que vaya a ser de manera inmediata, por lo que los empresarios van a seguir insistiendo y han pedido reuniones. Tal vez hoy tengan la oportunidad en Andorra de transmitírselo personalmente a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que visita la localidad minera para presentar el Convenio de Transición Justa.

El desconocimiento de la realidad del territorio ha quedado patente también con las intensidades anunciadas por el Gobierno, puesto que las bonificaciones por las contingencias comunes llegarán al 20% solo en los municipios de menos de mil habitantes, donde la dotación de suelo industrial es escasa, y encima es donde más autónomos hay, que es a los que no llegarán estas ayudas.

Además, entienden que el Gobierno no ha entendido que estas ayudas son una oportunidad de país, puesto que pueden atraer hacia estos territorios la deslocalización de parte del tejido industrial que hasta ahora operaba en Asia y que tras la covid está retornando a Europa. Son cuestiones que no parecen haberse tenido en cuenta y que son fundamentales para que una medida que ha funcionado en territorios despoblados del norte de Europa lo haga también en Teruel, Cuenca y Soria.

Sin aparente evaluación previa para estimar el impacto de la medida

Las políticas de Estado están sujetas a una evaluación ex-ante que permitan hacer un análisis de la efectividad y el impacto que van a tener las mismas, y que en el caso de las ayudas de funcionamiento a las empresas no parece que se haya hecho. Es algo que las organizaciones empresariales de las tres provincias que integran la SSPA han pedido al Gobierno que haga.

En los últimos meses se ha generado muchísimo debate y confrontación política en torno a estas ayudas, y la forma como se han introducido en los PGE denotan que puede haber habido cierta improvisación. En varias comparecencias el Gobierno aseguraba que trabajaba en ello sin precisar cómo y en octubre todo se precipitó.

Primero se presentaron las cuentas del Estado para el próximo año sin que hubiera rastro de las mismas después de que para el ejercicio actual sí había una disposición adicional, y en una contestación del Gobierno en el Portal de Transparencia, desde el Miteco manifestaron en octubre desconocer qué incidencia podían tener. Sánchez las anunció a mediados de ese mes y entonces el PSOE tuvo que meter una autoenmienda para introducirlas en los PGE.