Las demandas de los turolenses ante Consumo caen un 13% y retornan a niveles de 2019

Los servicios de atención al consumidor de la provincia de Teruel atendieron el año pasado 6.497 demandas, lo que supone una reducción del 13% respecto a 2020, cuando sufrieron un importante incremento derivado de las restricciones para contener la pandemia de coronavirus, especialmente en el sector turístico. Las telecomunicaciones supusieron el 36% de las solicitudes de información, seguida de los suministros de energía eléctrica (17,4%) y los servicios turísticos (7,5%). Atendiendo al soporte utilizado, destaca la recuperación de la atención presencial a pesar de lo que han aumentado notablemente las consultas por correo electrónico.

El director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez, repasó ayer estos datos en Teruel, antes de participar en el Aula de Consumo titulada Consumo y Territorio que tuvo lugar en la sede del departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales, que fue seguida por más de 150 personas en modalidad presencial y online.

En la misma intervinieron también el director general de Ordenación del Territorio, Manuel Salvador, que abordó El consumo responsable como elemento transformador del territorio, y el vicepresidente de Cepyme Teruel, José Antonio Guillén, que habló de Consumo de proximidad, pymes y desarrollo rural.

Demandas

Pablo Martínez indicó que el 11,20% de las demandas atendidas en 2020 estuvieron motivadas por la situación generada por la pandemia, porcentaje que se redujo el año pasado hasta el 3,5%. La dirección general, tras recabar los datos de las oficinas de consumo repartidas por el territorio, explicó que de las 6.497 demandas presentadas el año pasado, 5.110 (el 78,65%) fueron consultas y 1.302, reclamaciones. Además, registraron 43 denuncias y 42 quejas.

La mayoría de las demandas atendidas fueron resueltas en el mismo momento (4.588, el 70,62% del total), pero 923 requirieron de los servicios de mediación y178 fueron trasladadas al servicio de Arbitraje de Consumo.

En este sentido, Martínez destacó la adhesión de 1.005 empresas turolenses a la Junta Arbitral de Consumo, que el año pasado emitió un total de 109 resoluciones vinculantes, esto es, de obligado cumplimiento.

En cuanto al motivo de las demandas, destacó las irregularidades en las facturas (2.052) y en la prestación de servicios (1.884). Los incumplimientos de contrato (894) se situaron en cuarto lugar, a continuación de las consultas de información general (907).

Los servicios de telecomunicaciones, en especial los paquetes que incluyen telefonía, internet y televisión de pago, volvieron a ser los que más demandas motivaron, en concreto 2.338, el 36% del total.

Energía eléctrica

A continuación se situaron la energía eléctrica (761) y el gas (369). El alza de los precios de estos suministros y las dificultades de los usuarios para entender el complejo funcionamiento del mercado, pero también los contratos y las facturas, sustentan estos datos.

Pablo Martínez destacó que además el año pasado algunos consumidores de Endesa sufrieran retrasos en la facturación, lo que llevó a la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios a solicitar a la empresa la subsanación de este problema.

Las demandas de los turolenses sobre la contratación de viajes y servicios turísticos (487) volvieron a ocupar la tercera posición después de que en 2020 se situaran en primera debido a las restricciones a la actividad derivadas de la pandemia.

El año pasado trajo consigo una importante recuperación de la presencialidad, por lo que la mayoría de las demandas se presentaron directamente en las oficinas de atención al consumidor. No obstante, destacó el aumento de las solicitudes de información a través del correo electrónico (consultaconsumo@aragon.es), canal que supera al telefónico (900121314).

También se ha recuperado la presencialidad en las jornadas de formación y en los talleres educativos a escolares. Los centros turolenses acogieron el año pasado 14, en los que tomaron parte 282 alumnos.

Por último, la dirección general aprecia una diferencia por edad y sexo en el número de demandas. La mayoría las realizan mujeres (51,76%) y la principal franja etaria es la de 40 a 52 años, seguida de la de entre 53 y 65.