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Las demandas por despidos se duplican en Teruel durante el segundo trimestre del año Las demandas por despidos se duplican en Teruel durante el segundo trimestre del año
Palacio de Justicia de Teruel, sede de los órganos judiciales turolenses en la plaza San Juan de la capital

Las demandas por despidos se duplican en Teruel durante el segundo trimestre del año

Los concursos descienden pero los asuntos se concentran en los autónomos
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Las demandas por despidos se duplicaron en la provincia de Teruel durante el segundo trimestre del año, mientras que las reclamaciones de cantidad aumentaron también de forma considerable con respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, los concursos de acreedores disminuyeron, si bien la gran mayoría de los mismos se cebaron en los autónomos.

Los últimos datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, que trimestralmente elabora el Consejo General del Poder Judicial y que fueron hechos públicos esta semana, indican que la litigiosidad por los despidos está aumentando, ya que siguen la misma tónica del trimestre anterior y del segundo semestre de 2022.

De acuerdo con la estadística judicial, en el segundo trimestre del año se presentaron en el Juzgado de lo Social 34 demandas por despido, cuando hace un año fueron 17 en el mismo periodo. Eso supone un incremento del 100%.

En el primer trimestre del año también se produjo un aumento de las demandas por despido, del 27,3%, al pasar de 22 entre enero y marzo del año pasado, a 28 en ese mismo periodo de 2023. Los datos indican una tendencia al alza en este tipo de litigiosidad ante el Juzgado de lo Social, ya que en el primer trimestre del año pasado las demandas descendieron un 40,5% y en el segundo un 26,1%. En cambio, a partir del segundo semestre empezaron a aumentar este tipo de demandas, puesto que en el tercer trimestre se incrementaron un 67,7%, mientras que en el último del año lo hicieron un 61%.

Los concursos, que son procedimientos que se abren en los Juzgados de lo Mercantil por el incumplimiento de obligaciones exigibles, disminuyeron un 55,6% durante el segundo trimestre del año, al pasar de 27 a 12 con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En el primer trimestre aumentaron, en cambio, puesto que pasaron de 9 a 13.

Lo significativo en el caso del segundo trimestre es que 10 de los 12 concursos de los procedimientos que llegaron a los juzgados correspondían a personas físicas no empresarios, es decir, los autónomos.
Lo que también están aumentando son las reclamaciones de cantidad ante el Juzgado de lo Social. Las mismas son demandas por incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social, recargos por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias.

Este tipo de reclamaciones de cantidad aumentaron un 88,9% en el segundo trimestre de este año, al pasar de las 18 que hubo en el mismo periodo del año anterior a las 34 que se han registrado entre los meses de abril y junio de este ejercicio. En el primer trimestre ya se produjo otro aumento al pasar de 29 a 44, lo que supuso un 51,7% más. En cambio, durante el primer semestre del año pasado disminuyeron estas reclamaciones.

Los monitorios también aumentaron en el segundo trimestre, aunque levemente, al igual que pasó en el primero. En este caso hay que tener en cuenta, no obstante, la importante alza que tuvieron entre enero y junio del año pasado, al aumentar un 33,8% en el primer trimestre y un 74,5% en el segundo.

Entre abril y junio de este año aumentaron un 0,7% con respecto al mismo periodo de 2022, puesto que pasaron de 438 a 441 los monitores que llegaron a los Juzgados de Primera Instancia.

Por otra parte, a los juzgados de primera instancia e instrucción llegaron ocho procedimientos de ejecuciones hipotecarias, tres más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 60%. En el primer trimestre del año ya aumentaron un 125%.

Por último, durante en el segundo trimestre se practicaron 13 lanzamientos en los juzgados, un 35% menos que en el mismo periodo de 2022. De ellos, once fueron procedimientos derivados de la Ley de arrendamientos urbanos.