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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (izquierda), y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. EFE/Zipi

Las empresas podrán optar a ayudas de hasta 200.000 euros para pagar deudas

El Consejo de Ministros aprueba un paquete con tres líneas de apoyo dotado con 11.000 millones

Las empresas y autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia y que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30% podrán optar a ayudas directas de hasta 200.000 euros para pagar deudas con proveedores, empleados o arrendadores.

El Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria, aprobó un real decreto-ley por el que crea un paquete de ayudas para empresas de 11.000 millones de euros a través de transferencias directas (7.000 millones), reestructuraciones de deuda (3.000 millones) y recapitalizaciones (1.000 millones).

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, destacó que el objetivo de estas ayudas es anticiparse a “posibles problemas de solvencia empresarial” que pudieran tener “impacto macroeconómico” y poner en riesgo la recuperación.

La concesión de todas las ayudas está sujeta a una serie de condiciones, como que las empresas no tengan su domicilio en un paraíso fiscal ni estén en concurso de acreedores, y sus condiciones concretas se recogerán en un desarrollo reglamentario que el Gobierno aprobará en un plazo máximo de un mes y diez días.

La mayor parte de los fondos, 7.000 millones, se materializarán en forma de ayudas directas para autónomos y empresas de un centenar de actividades, las más afectadas por la pandemia, entre las que se incluyen la hostelería, la restauración, el comercio, la cultura o los sectores auxiliares al transporte.

Podrán recibir estas ayudas los autónomos y empresas cuyos ingresos en 2020 hayan sido al menos un 30% inferiores a los de 2019 y tendrán que destinarlas al pago de deudas contraídas desde marzo del pasado año, por ejemplo con proveedores, suministros salarios, arrendamientos o deuda financiera.

Los autónomos acogidos al régimen de módulos del IRPF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros y el resto de autónomos y empresas, a entre 4.000 y 200.000 euros. La cuantía no podrá superar el 40 % de la caída de ingresos en el caso de microempresas y autónomos, y el 20% en el resto de negocios.

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y el aumento de retribuciones del personal directivo.

En cuanto al reparto por regiones, Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones y el resto de comunidades autónomas, los 5.000 millones restantes, que se asignarán siguiendo los mismos criterios utilizados para el fondo REACT-EU.

Avales públicos

La segunda pata del programa consiste en la creación de una línea de avales públicos de 3.000 millones para la reestructuración de deuda financiera de empresas que hayan recibido préstamos avalados por el ICO y que cumplan unos criterios que establecerá el Consejo de Ministros.

Estas empresas podrán acceder, según el análisis realizado por cada entidad financiera, a la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, a la conversión de la deuda en préstamos participativos o, como “medida de último recurso”, a quitas de deuda.

La tercera línea del programa supone la creación de un fondo de recapitalización, articulado a través de Cofides y dotado con 1.000 millones, para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables.

El fondo dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento, capital y cuasicapital (como préstamos participativos) para reforzar los balances de las empresas, lo que conllevará una participación del Estado en los resultados positivos de estas empresas en el futuro, explicó Calviño.

En el marco de este plan de apoyo, el Gobierno también aprobó una prórroga de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, que expiraba el próximo domingo, hasta el 31 de diciembre. La nueva extensión de la moratoria concursal busca que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.

Por otro lado, se amplía de tres a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.

En diciembre pasado, el Gobierno permitió a autónomos y pymes aplazar sus deudas tributarias de hasta 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros sin intereses, que correspondan a las declaraciones del primer trimestre de 2021. Esta medida, similar a la adoptada en los primeros momentos de la pandemia permite a que quienes se acojan a ella que en lugar de pagar sus impuestos en abril podrán retrasarlo a octubre con el objetivo de evitar tensiones de tesorería.