“Las explotaciones mineras sin ordenación pueden acabar con la desaparición de los propios pueblos”

“Las explotaciones mineras sin ordenación del territorio pueden acabar con la desaparición de los propios pueblos”, advierte Sergio Martínez, presidente de la Plataforma de afectados por la minería de Teruel (PAMT), que será uno de los colectivos que acudirá el 5 de octubre a Madrid para participar en la manifestación organizada por las plataformas que se están coordinando bajo el lema Salvemos el mundo rural agredido. No es alarmismo, es constatación de una evidencia, afirma Martínez, que argumenta que cuando estas explotaciones afectan a los acuíferos, el territorio se queda sin un recurso vital que lo pone en situación crítica.

Este tipo de explotaciones se ha disparado tanto en la provincia como en otros territorios a raíz de la guerra de Ucrania, y lo está haciendo sin control alguno, según denuncian las plataformas. Están aterrizando en las zonas rurales despobladas de forma masiva y descontrolada, al igual que ocurre con las macroplantas de renovables, las macrogranjas o las plantas de biogás. La ley que regula este sector es todavía de la época franquista y nada tiene que ver con el mundo actual.

Eugenio Campanario, que forma parte del grupo que está coordinando la movilización del 5 de octubre en representación de las plataformas contra las instalaciones mineras a nivel estatal, asegura que detrás de este sector hay mucha “especulación” y que el mapa de explotaciones en el país coincide con el de la España vaciada.

Ambos consideran que la movilización del 5 de octubre debe servir para “visibilizar el mundo rural concienciado y movilizado que quiere activarse y comprometerse”, porque en caso contrario está destinado a la desaparición por la explotación “salvaje” y descontrolado de los recursos mineros que se extraen en lugar de recurrir al reciclado, o que sean los entornos de los cascos urbanos los que padezcan esa agresión en lugar de los rurales.

El problema, cuentan ambos, es que en la España despoblada la resistencia se minimiza al haber poca gente. Se toman estos territorios como lugares de sacrificio. Alertan de que si no se frena, esto supondrá tal destrucción que lo siguiente será la desertización con todas las consecuencias que se han visto ya en las últimas semanas con los incendios forestales.

El manifiesto que se ha lanzado para llamar a la movilización desde el grupo de trabajo que coordina la manifestación de Salvemos el mundo rural agredido, denuncia “los nuevos proyectos del extractivismo minero a gran escala para hacerse con el control de los minerales y tierras raras que necesitan las nuevas industrias tecnológicas y energéticas, que destruyen los paisajes, contaminan los acuíferos y esquilman los recursos, y no tienen consideración por la ‘minería urbana’ como forma avanzada de reciclaje y recuperación de los materiales”.

El problema va mucho más allá de la destrucción del territorio y de los recursos que posee, va de que con la pretendida transición justa, pero sin una ordenación que tenga en cuenta a la poca gente que vive en el mundo rural, lo que realmente se hace es acelerar el proceso de despoblación al que se enfrenta.

Eugenio Campanario incide en que la manifestación del 5 de octubre en Madrid no es un fin en sí mismo sino que debe ser el inicio de un proceso en el que se visibilice al medio rural que defiende su territorio frente a la especulación, para que los poderes públicos “constaten esa realidad” a la que no miran en estos momentos. Lo que debería seguir a continuación es una “toma de conciencia de que el modelo que se nos está ofreciendo no es de desarrollo, sino de expoliación y de darle la puntilla al mundo rural”.

Pone de ejemplo su comarca extremeña, donde las explotaciones mineras están afectando a la propia sostenibilidad del territorio. “No hay relevo generacional para tantas cosas que se necesitan, y si tú ahora te vas a cargar los puestos de trabajo y las estructuras tradicionales, le das la puntilla”, sostiene.

Sergio Martínez, de la PAMT, considera que ninguna mina debería ser explotada “sin la coordinación con el municipio afectado y para ello habría que modificar la ley de minas”. Afirma que será ese lema en el que incidan de cara a la manifestación.

Plataforma Ibérica

La denominada Plataforma Ibérica aglutina a más de treinta plataformas de toda la península, tanto en España como en Portugal, “aunque evidentemente tiene que haber más que, por lo que sea, no se han dado a conocer”, precisa Campanario. Las que están agrupadas “son nombres que nos están sonando en estos días por los fuegos; estamos hablando de Cáceres, de Ávila, de Galicia, de Zamora, Segovia, que curiosamente se corresponde con el territorio que llamamos España vaciada y ahora también es la España quemada”. Comenta que en su comarca de la Campiña Sur en Badajoz “ya tenemos dos proyectos que son 16.000 hectáreas”.

La plataforma de Teruel se creó hace dos años, en julio de 2023, y ahora es cuando la están poniendo marcha con socios de una forma más estructurada. Su presidente explica que agrupan a gente de más de veinte pueblos, en su mayoría del Maestrazgo, el Bajo Aragón y Cuencas Mineras, “las tres comarcas más afectadas por la minería ahora”. Precisa que conforme va creciendo esta colonización, “la gente se va movilizando e incorporando a la plataforma”.

El objetivo de la PAMT es “la defensa del territorio, la naturaleza, historia, recursos tradicionales, medioambientales y culturales, por el impacto tan salvaje que están teniendo estas explotaciones a cielo abierto, de arcilla básicamente”.

Martínez comenta que todo se aceleró a raíz de la guerra de Ucrania, cuando la industria azulejera de Castellón se quedó sin suministro de arcilla blanca y buscaron otras alternativas: “Es cuando empiezan a abrirse explotaciones, o a reabrirse otras, pero sin un criterio de territorio y sin contar con los planes de los propios ayuntamientos”.

La gravedad del problema es que las explotaciones se concentran sin control en determinados espacios “de una forma salvaje” y sin coordinación alguna. Martínez pone como ejemplo lo que está pasando en el municipio de Seno, que conoce bien. Explica que hay “entre treinta o cuarenta explotaciones en investigación o en marcha, muchas solapadas unas con otras”.

Denuncia la falta de coordinación con las administraciones locales y la propia Dirección General de Minas. “Ellos mismos se han sorprendido cuando les hemos presentado los mapas”, aclara, puesto que ni en el Inaga tienen en cuenta el conjunto, sino que consideran las explotaciones “una a una, o sea que falta política territorial”.

Esa es una de las denuncias que hacen porque no se está teniendo en cuenta al territorio. Y lo que más les preocupa es el agua, “porque estas explotaciones son agujeros inmensos en la tierra que acaban tocando los recursos hídricos y desviando esos cursos”.

El presidente de la Plataforma de afectados por la minería en Teruel asegura que las empresas incluso bombean “a su criterio, sin consultar a nadie”, con lo cual “las fuentes se secan, o se podrían secar, y acabarían afectando a los cultivos y a la existencia de los propios pueblos”. Recuerda que en la provincia de Teruel ya se han dado casos de que “ha bajado mucho el caudal” de ciertas fuentes de agua debido a alguna mina.

Otro problema que es el que más visibilidad está adquiriendo en los últimos tiempos porque afecta a los usuarios de las carreteras, es el intenso tráfico de camiones hacia Castellón que generan las explotaciones. “Más de 300 camiones pasan a diario por Aguaviva, que es el punto por el que confluyen todas las rutas de todas las minas de la zona”, afirma Martínez, que opina que eso para el casco urbano del municipio “es una brutalidad y también para la gente que circula por las carreteras”

Recuerda que ya ha habido accidentes, con vehículos cruzados o hasta un choque contra un autobús. “Son camioneros que cobran por viaje y van a toda velocidad, luego es mucho más que simplemente un tema medioambiental”, afirma Martínez, que recuerda que la plataforma surgió “como una reacción del territorio frente a esa agresión tan salvaje y tan poco coordinada”. Así ha sido hasta el punto de que “el propio Gobierno de Aragón nos ha ido reconociendo que sí, que hay que poner orden, pero lo que tienen que hacer es ponerlo”.

Procesos nada claros

Desde la Plataforma Ibérica, Eugenio Campanario pone el acento en que se trata de “procesos que no son claros” y generan “mucha incertidumbre” en la gente. Es una información “difícil de seguir”, cuando la hay, porque muchas veces “adolece de claridad”.

Además, Campanario es claro al afirmar que la información que dan las empresas “está llena de mentiras”, entre ellas cuando “prometen una cantidad de puestos de trabajo que luego no se corresponden con la realidad”. Cita el dicho que se ha hecho célebre entre el colectivo, que dice: “quítale un cero” a las cifras de las que hablan las empresas para saber en realidad la repercusión que van a tener.

Y de lo que no hablan estas empresas, según Campanario, es de contaminación. “Dicen que el terreno va a quedar luego restaurado perfectamente y sabemos que esas cosas no son ciertas”, precisa en referencia al daño ecológico por cómo las explotaciones afectan al medio ambiente, así como económico “por el hecho de que se expropian tierras y se acaba con puestos de trabajo tradicionales o habituales del sector agropecuario”.

En mente tienen lo ocurrido en las minas de Aznalcóllar, uno de los desastres naturales más grandes del país. “Eso pasó y puede volver a pasar fácilmente, aparte de que sabemos que hay aguas y ríos ya contaminados por proyectos más o menos cercanos o lejanos a esas aguas”, apunta.

El consumo de agua es brutal en determinadas explotaciones, como cuando se busca litio para decantar ese material, pero es que ese recurso queda contaminado, aclara Campanario. “El agua es el gran damnificado”, recalca, aunque lo que más se está viendo son los problemas por el transporte en camiones al verse afectadas las carreteras.

“El daño al medio ambiente es brutal”, insisten ambos, que explican cómo desaparecen paisajes tradicionales con estas explotaciones. De ahí que una de las acciones que desarrollan estas plataformas son visitas a las minas para que la gente pueda ver lo que se está haciendo, comenta el presidente de la plataforma turolense.

A ello se suma el asesoramiento, porque cuando aparecen estos proyectos surge inquietud por la falta de información. Ayudan con denuncias y alegaciones, la elaboración de mapas y documentos para poder reclamar, y ahora en el caso de Teruel están trabajando en la idea de que los ayuntamientos puedan poner en marcha planes generales de ordenación “para poner un poco de coto a este tipo de explotaciones que no cuentan con el propio ayuntamiento”. A ello se suman todo tipo de charlas, debates o encuentros para sensibilizar a la gente.

Esa es la clave, la sensibilización para que se tome conciencia ante el desconocimiento. “Que los partidos políticos entiendan que es un problema para los territorios donde hay estas explotaciones, no solo en Teruel, también en Soria y en muchos otros sitios que, curiosamente, pertenecen a la España vaciada, porque nadie se atreve a hacer minas a cielo abierto al lado de Barcelona, Madrid o Valencia”, argumenta Martínez, que reclama auténticas políticas para impulsar el medio rural, como medidas fiscales, telecomunicaciones avanzadas, creación de empresas e infraestructuras, en lugar de “bellas palabras que se las lleva el viento”.

El día después

El día después del 5 de octubre debe tener en cuenta eso y las plataformas tienen que continuar coordinándose para que Salvemos el mundo rural agredido no solo sea el clamor de un día. “Coordinarnos ayuda a entender que no solo es un problema de mi comarca sino que nos afecta en todos los sentidos”, afirma Eugenio Campanario de la Plataforma Ibérica. Se refiere no solo a las minas, sino a las macrogranjas, las macrorrenovables, las plantas de biogás o la falta de servicios.

“Esta coordinación que hay ahora debería seguir y ampliarse después de 5 de octubre, y de hecho constantemente nos llegan noticias de nuevas plataformas, asociaciones o grupos que se están uniendo, y eso quiere decir que vamos creando una conciencia y descubriendo que movilizarse tiene un sentido”, concluye Campanario.

Reflexión

Quienes están movilizándose en los territorios tienen claro que el problema va mucho más allá de la devastación de los paisajes, la contaminación de las aguas y la destrucción del medio rural condenándolo a su vaciamiento. Su reflexión va más allá, y afecta tanto al campo como a las ciudades, porque la sociedad está inmersa en un modelo de crecimiento y consumo de los recursos naturales que no tiene sentido porque acaba en la destrucción al no ser sostenible.

Eugenio Campanario, de la Plataforma Ibérica que aglutina a una treintena de plataformas de España y Portugal para frenar la destrucción que la minería sin control provoca en sus territorios, argumenta que el modelo que hay impuesto en las sociedades actuales se basa “en un sistema que tiene muchas necesidades falsas creadas, que están necesitando de una gran cantidad de recursos que no tenemos y que resulta inviable e insostenible”.

Son muchas las voces ya, sobre todo en el ámbito académico, que están planteando un modelo de decrecimiento para evitar el colapso. “Tenemos que planificar los recursos y la sociedad de una forma diferente; reducir necesidades y el consumo y producir de otra manera, a la vez que recuperamos muchos recursos que están por ahí dispersos, que se han utilizado y que luego se abandonan”, afirma Campanario en referencia a lo que se llama minería urbana basada en el reciclaje. El 5 de octubre llamará a la reflexión de la sociedad sobre esto.