Las patronales de la Corona de Aragón unen fuerzas para ser más competitivas

Las patronales de los territorios que formaban parte de la Corona de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares han firmado un Decálogo por la Competitividad de diez medidas que incluyen una fiscalidad más competitiva, un nuevo modelo de financiación autonómica o un "reparto justo" de los fondos europeos.

El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ha hecho de anfitrión en la cumbre empresarial que se ha celebrado en Zaragoza y a la que han asistido el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; y la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, además de ochenta empresarios.

Esta unión, que se materializó por primera vez en una reunión en Benicarló (Castellón) en 2019, es un punto de encuentro para las cuatro Comunidades que representan un 32 % de la población total de España, un 34 % del PIB y que cuentan con relaciones comerciales que superan los 35.800 millones de euros.

"Hoy es más necesaria que nunca", ha afirmado a los medios de comunicación el presidente de CEOE Aragón, quien ha incidido en que la pandemia ha tenido graves consecuencias -también empresariales y sociales- a las que se unen asuntos como el alza de las materias primas, la crisis de abastecimiento de componentes o el incremento de los costes energéticos.

Con el objetivo de poder trasladar "de primera mano" sus reivindicaciones han invitado a los presidentes de las cuatro regiones y han asistido los de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, Javier Lambán, Ximo Puig y Francina Armengol, y en representación de Cataluña, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

Como ha resumido el presidente de Aragón, el objetivo es la búsqueda de alianzas para impulsar sus economías y superar también las divergencias políticas.

Como punto "número 1" del llamado Decálogo por la Competitividad, las patronales han solicitado la eficiencia del sector público y la fiscalidad competitiva, puesto que el actual modelo impositivo está centrado en impuestos sobre el trabajo, por lo que las empresas no solo encuentran "graves dificultades de competitividad", sino que esto conduce a mayores desigualdades en comparación con los países cuya prioridad impositiva se centra en los indirectos.

Como último punto, aunque ha sido uno de los más destacados en las declaraciones de los líderes empresariales previas a la reunión, han reclamado un "nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que garantice un mayor trato de igualdad entre todos los ciudadanos de España".

A lo largo de sus reclamaciones, también han pedido facilitar los mecanismos para un reparto justo de los fondos europeos, que cumpla con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento económico, la creación de riqueza y la generación de empleo.

En este sentido, el decálogo recoge que se deleguen a las Comunidades Autónomas las convocatorias y gestión de los fondos Next Generation, facilitando los mecanismos para la presentación de propuestas por parte de las empresas.

Las peticiones incluyen además establecer un marco laboral flexible, priorizar el diálogo social como factor diferencial positivo, legislar de la manera más eficiente posible desarrollando el programa europeo "Legislar mejor" y fomentar la economía circular y las energías renovables.

El peso de la industria en estas Comunidades se ha traducido también en este texto, donde exigen un Plan de Industrialización que fortalezca la Industria 4.0, que se mejoren las infraestructuras industriales o que se establezcan medidas de diversificación económica y territorial.

Sobre el encarecimiento de la energía opinan que España necesita una política estratégica clara que reduzca los costes energéticos de empresas y familias; mientras que la carestía mundial de microchips y semiconductores pone de relieve la necesidad de replantear la dependencia de Europa y España de la producción estadounidense y asiática en este campo.

Otro capítulo importante es la inversión en infraestructuras estratégicas, como el Corredor Mediterráneo y el Cantábrico-Mediterráneo, la ampliación del puerto de Valencia, la Travesía Central de los Pirineos, la ampliación del Aeropuerto del Prat para convertirlo en un "hub internacional" y la mejora de las conexiones viarias entre Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

En cuanto a sectores, proponen impulsar el agoalimentario, así como el del turismo, que se sitúa un 48,7 % por debajo de la cifra de agosto de 2019.

En este ámbito, piden garantizar la sostenibilidad medioambiental con el desarrollo de actividades turísticas, denuncian el efecto negativo de las nuevas figuras tributarias que se imponen (tasas turísticas o ambientales) y apuestan por fomentar el sector de la economía azul y turismo náutico.

Por otro lado, consideran necesario "impulsar de forma colaborativa" los proyectos deportivos como la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, como un "Proyecto de Estado que reconozca la diversidad territorial de España".