Las propuestas de los empresarios con las ayudas al funcionamiento: incrementarlas, equiparar las empresas nuevas a las ya existentes o incluir a los autónomos

Las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, reunidas en la capital turolense, han pedido de forma conjunta mejorar la intensidad de las ayudas de funcionamiento a las empresas de estas tres provincias autorizadas por la Comisión Europea, puesto que lo planteado por el Gobierno lo consideran “insuficiente” para corregir los desequilibrios de estos territorios. Reclaman que se haga una evaluación de su efecto para incentivar el desarrollo empresarial de estas provincias y estiman que con las intensidades anunciadas no se van a poder subsanar los desequilibrios existentes, por lo que solicitan reunirse con el Gobierno y aseguran que seguirán trabajando para mejorarlas.

Así lo han transmitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le piden una reunión en una carta que le enviaron el pasado lunes, 7 de noviembre, y que suscriben los presidentes de las tres organizaciones empresariales. En la misma argumentan la necesidad de aumentar la intensidad de las ayudas, equiparar a las empresas de nueva creación con las ya existentes, reconsiderar la modulación territorial, incluir a los autónomos, y hacer una evaluación del impacto que pueden tener para poder garantizar su efectividad.

La misma misiva ha sido enviada a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y a la ministra de Política Territrial, Isabel Rodríguez.

Cuatro son las propuestas que plantean los empresarios al Gobierno para aplicar las ayudas, la primera que se aumente la intensidad de las ayudas, puesto que la cuantía anunciada está “muy alejada” de lo permitido por la Comisión Europea. La intensidad mínima de la ayuda entienden que debería ser comparable, al menos, con la que se aplica en Noruega, que supondría una reducción de 10 puntos porcentuales en el tipo de cotización social.

Plantean en segundo lugar equiparar las empresas de nueva creación y las ya existentes, de forma que todas perciban el mismo tipo de ayuda, puesto que así la medida afianzaría el empleo ya generado a la vez que incentivaría la atracción de nuevas inversiones y trabajadores.

Defienden también que se reconsidere la modulación territorial, de manera que no se diferencie por el tamaño de los municipios, ya que en los pequeños, que es a los que más porcentaje se les atribuye, son los que tienen una dotación de suelo industrial más pequeño y con menos servicios vinculados como gas, fibra o potencia eléctrica. Opinan que hacerlo así “enmascara” la realidad socioeconómica de estos territorios.

Y en términos similares se expresan para pedir que se incluya a los trabajadores autónomos en igualdad de condiciones que las empresas porque son los que sustentan el territorio. Sobre la fórmula planteada por el Gobierno para los autónomos, la verían bien si se mantuviera hasta revertir la despoblación.

La comparecencia de los representantes empresariales se produjo minutos antes de que en el Congreso de los Diputados empezase la reunión de la Ponencia de la Comisión de Presupuestos que tiene que elaborar el informe previo a la votación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, donde figurarán las ayudas, y cuyo plazo para votar en la comisión parlamentaria es hasta finales de la semana que viene. La votación en pleno será del 21 al 24 de noviembre, antes de que pase al Senado para completar su tramitación. Cualquier modificación sobre lo anunciado por el Gobierno debería estar plasmado en la Ley de Presupuestos, de ahí la urgencia de este asunto.

Aunque inicialmente en los PGE del próximo año no había ninguna referencia a las ayudas, el PSOE los ha autoenmendado para incorporar una disposición adicional, la octogésima primera bis, que regula las mismas en los términos que anunció el mes pasado el Gobierno para los contratos indefinidos en las tres provincias: reducción en la cotización de la Seguridad Social del 5% de la aportación empresarial por contingencias comunes, que se elevará al 15% para los de nueva creación salvo en los municipios de menos de mil habitantes, donde llegará al 20%; además de una tarifa plana de 80 euros como cuota mensual durante tres años para los nuevos autónomos que causen alta durante el año 2023.

Los representantes empresariales manifestaron desconocer si las ayudas se aplicarán de acuerdo con la disposición adicional 123 de los PGE de este año, o con lo que finalmente se incluya en los del próximo ejercicio. Recordaron que por las manifestaciones hechas por la titular del Miteco esto se va a seguir regulando sobre la marcha, por lo que van a seguir haciendo propuestas para modular las ayudas tanto en su intensidad como en el alcance que deberían tener.

Los presidentes de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, CEOE-Cepyme Cuenca, David Peña, y FOES Soria, Santiago Aparicio, este último de forma telemática, se reunieron en Teruel para hacer pública de forma conjunta la carta que han enviado al presidente Sánchez y a los responsables de los ministerios que tienen que ver con las ayudas de funcionamiento.

En una rueda de prensa presencial celebrada en la capital turolense, que pudo seguirse online en las provincias de Cuenca y Soria, los presidentes leyeron la carta y otros responsables de las organizaciones empresariales dieron cuenta de un informe enviado también al Gobierno para intentar hacerle ver lo insuficiente de las ayudas previstas.

De acuerdo con la intensidad y regulación de las cuantías que pretende aplicar el Gobierno, las mismas supondrían entre 24 y 25 millones de euros al año para las tres provincias, que en el caso de Teruel podrían rondar entre los 10 y 12 millones. Aclararon que se trata de cifras estimativas que podrían oscilar, pero recalcaron que eran “insuficientes”.

El vicepresidente de Cepyme Teruel, José Antonio Guillén, puso como ejemplo, a petición de la prensa, que si se toma como referencia el salario medio en la provincia, que son 18.000 euros anuales, la bonificación sería de unos 212,40 euros al año por trabajador con la intensidad del 5%, que se multiplicaría por cuatro en el caso del 20%, porcentaje este último que solo prevé el Gobierno para los nuevos contratos indefinidos en municipios de menos de mil habitantes.

Bonificiación corta

Para atraer nuevas empresas, las CEOE de las tres provincias consideran que esa bonificación se queda corta para la finalidad que tiene esta medida, y así se lo han trasladado ya al presidente en un informe. “No nos parece que estas intensidades de las ayudas sean determinantes”, dijo Guillén, para atraer nueva actividad, si bien precisó que “podían ayudar”, sobre todo a los que ya están establecidos. Aclaró que no son vistas como un factor clave para que un empresario de otro sitio se deslocalice.

Los empresarios recordaron que las ayudas pretenden ser un vehículo para alcanzar el reequilibrio territorial, y que las empresas no son el fin último de la medida, sino que lo que se busca es crear un entorno que favorezca la inversión como una ventaja competitiva frente a otros territorios. Tal como están planteadas, con esas intensidades y esas modulaciones entienden que no se va a lograr el fin perseguido.

En las misivas enviadas al Gobierno y en la comparecencia que ofrecieron ayer incidieron en que es necesario hacer tanto una evaluación previa como a posteriori para que sean eficaces, algo que además viene indicado en las directrices del mapa de ayudas regionales.

Guillén aseguró que la norma, a la espera de que la aprueben, se puede cambiar y van a seguir trabajando para adecuarla a las necesidades con propuestas. Opinó que por parte del Gobierno ha habido “voluntad política”, pero que el importe al que se comprometen “no está al nivel del desequilibrio que hay que corregir”.

“Vamos a seguir trabajando para que sea suficiente para corregir los desequilibrios, y vamos a hacerle ver a este Gobierno y al que venga y al otro, que merece la pena apostar un poco más”, manifestó Guillén, quien desmintió que no quieran la ayuda que se les ofrece ahora a pesar de estar por debajo de las cantidades que consideran las adecuadas para que la medida sea eficaz para los fines que persigue.

La directora general de FOES, María Ángeles Fernández, insistió en la importancia de que se haga una evaluación previa, “que realmente se estudie y se vea cuánto va a suponer”, puesto que las ayudas de funcionamiento tienen que tener un efecto “incentivador, es decir, que tienen que tener la capacidad para modificar el comportamiento de las empresas afectadas”, y que sirvan como instrumento tanto para mantener como para atraer población y empresas. Consideró que eso es fundamental para valorar si se va a conseguir el efecto incentivador y la idoneidad.

Sobre la reunión que han solicitado a Sánchez, Guillén manifestó que la piden “en la forma que estimen conveniente” desde el Gobierno, pero que en la misma puedan explicar la filosofía de fondo que persiguen estas ayudas para que sus objetivos se puedan cumplir para acabar con los desequilibrios.

Sectores

A la vista de las comunicaciones que ha ido haciendo el Gobierno, precisaron que entendían que ningún sector había quedado excluido. En cuanto a la posibilidad de que otras administraciones pudieran dar ayudas, aclararon que las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social son exclusivas del Estado, y que el resto podrían hacerlo por otros conceptos como gastos corrientes por pago de electricidad o similares, pero siempre que no superasen el 20% de los costes laborales como ha autorizado la Comisión Europea.

En todo momento, los representantes de las organizaciones empresariales incidieron en que el paso dado por el Gobierno es un “avance” para poner en marcha las ayudas, e incluso en las cartas remitidas expresan su “felicitación” por ello y reconocen el “esfuerzo” y la “gran trascendencia” que ha supuesto la modificación de las directrices europeas.

Insisten también en que estas ayudas deben ser vistas como parte de un “proyecto país”, por el factor de competitividad que puede suponer atraer una gran parte del tejido industrial que tras la crisis de la covid podría retornar a Europa procedente de Asia. Argumentan que las mismas solo estaban autorizadas en Suecia, Noruega y Finlandia, y que ahora se han ampliado a una región de Croacia, otra de Grecia y una tercera en Letonia, además de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, que integran la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa impulsada por sus organizaciones empresariales, por tener una densidad demográfica inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

“Sin duda, su aplicación constituye un elemento diferencial que puede permitir a nuestro país, a través de nuestras tres provincias, ser todavía más atractivo en términos de atracción de inversiones”, señala la carta enviada a Sánchez, en la que se insta además a “aprovechar esas oportunidades de reindustrialización de nuestra economía nacional”.

Sobre la posibilidad de movilizarse, a preguntas de la prensa, Guillén contestó que el planteamiento de las patronales había sido, e iba a seguir siendo, “primero  trabajar y luego reivindicar”, en el sentido de “hacer propuestas coherentes, y si luego es necesario reivindicar pues reivindicaremos, siempre que la pancarta sea blanca”. Recordó a este respecto que cuando ha sido así y el mensaje ha sido justo, “siempre hemos estado ahí, o sea que seguiremos estando”.