Las “trabas” burocráticas desincentivan el desarrollo de comunidades energéticas

La constitución de comunidades energéticas despierta el interés de los consumidores, sobre todo en el medio rural, pero la falta de desarrollo regulatorio y las complicadas relaciones con las distribuidoras hace que su puesta en marcha se dilate mucho en el tiempo y desincentiva nuevas iniciativas.

Esta fue la principal conclusión de la jornada Comunidades energéticas: de la idea a la gestión organizada por el Colegios de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (Cogitiar) y el Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) este jueves en Teruel. Este evento trata de dar respuesta a preguntas como qué pasos son necesarios para su creación, qué cuestiones legales se deben tener en cuenta y qué modelos de gestión y financiación existen.

El delegado de Cogitiar en Teruel, José Miguel Delgado, precisó que la jornada tenía como propósito dar a conocer las oficinas de transformación comunitaria (OTC), que son las entidades encargadas de gestionar y asesorar a los promotores en temas legales y administrativos. Sobre el papel que juegan los ingenieros en la creación de las comunidades energéticas, explicó que son los encargados del desarrollo de los proyectos y de su certificación.

La tesorera del Clúster de la Energía de Aragón y fundadora de Endef, empresa impulsora de la OTC Participa Energía, Isabel Guedea, explicó que estas oficinas se crearon hace dos años. En su opinión, la población tiene interés en participar en comunidades energéticas pero se encuentra muchas “trabas” para su materialización. “No tenemos una legislación actualizada y hay muchas dificultades con las distribuidoras para poner en marcha las instalaciones de autoconsumo colectivo, lo que hace que se dilaten mucho los periodos y eso desincentiva que se sumen otros grupos”, argumentó.

Entre los beneficios de las comunidades energéticas, Guedea destacó el ahorro y la autogestión, así como la creación de lazos entre el vecindario.

El catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza, José María Yusta, ahondó en su intervención en los fundamentos jurídicos de las comunidades energéticas, una figura que emana tanto de las comunidades ciudadanas de energía como de las comunidades de energía renovables, “que ya están recogidas en la Ley del sector eléctrico, pero a las que todavía les falta desarrollo regulatorio”. El Real Decreto está redactado desde 2023, cuando salió a trámite de alegaciones, pero todavía no está aprobado.

Entretanto, lo que se está haciendo es utilizar otra figura jurídica distinta, la del autoconsumo colectivo, que existe en España desde el año 2019 y que permite compartir energía a 500 metros de distancia utilizando las redes eléctricas existentes en la empresa distribuidora o, en algunos casos particulares, hasta dos kilómetros de distancia. Este es el caso de las instalaciones fotovoltaicas que están ubicadas en cubiertas, tejados, suelo industrial o marquesinas de aparcamientos, en las que se puede compartir energía producida hasta a dos kilómetros de distancia con los vecinos o con las empresas.

Yusta explicó la diferencia entre tipos de comunidades, cómo se constituyen y quién puede formar parte de las mismas: personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios.

Por su parte, Carlos Ariñez habló de la OTC Participa Energía, a la que ha trasladado su experiencia como promotor de la primera comunidad energética rural de Aragón ubicada en Luco de Jiloca. Esta y la de Monforte de Moyuela son las dos únicas conectadas actualmente en la provincia de Teruel, aunque se han iniciado numerosos proyectos a los que están asesorando en localidades como Bueña, Alcorisa, Allepuz, Mosqueruela y el Matarraña.