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Las viviendas colaborativas se perfilan como una opción ante la falta de alojamientos en las zonas rurales Las viviendas colaborativas se perfilan como una opción ante la falta de alojamientos en las zonas rurales
El problema de la vivienda en zonas rurales para asentar población es uno de los aspectos que aborda el estudio encargado por el CIT

Las viviendas colaborativas se perfilan como una opción ante la falta de alojamientos en las zonas rurales

El diagnóstico del CIT considera que esta cuestión debe estar en el centro de las políticas públicas contra la despoblación

Las viviendas colaborativas se perfila como una opción viable ante la falta de alojamientos en las zonas rurales para hacer frente al reto demográfico. Es una de las propuestas que lanza el diagnóstico elaborado por profesores de la Universidad de Zaragoza para el Centro de Innovación Territorial de Teruel (CIT), dirigido a impulsar medidas para hacer frente al problema de la despoblación. El diagnóstico que hace el documento considera que esta cuestión debe estar en el centro de las políticas públicas contra este fenómeno.

Son dos de las conclusiones a las que llega este estudio, denominado Informe diagnóstico para la innovación territorial en la provincia de Teruel, centrado en dos informes, uno sobre demografía y otro sobre vivienda, y que han elaborado el Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES) y el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID) de la Universidad de Zaragoza.

El trabajo es consecuencia de un encargo del Centro de Innovación Territorial de Teruel, una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de un convenio con la Diputación de Teruel, con la intención de poder establecer nuevas estrategias que den respuesta al reto demográfico. La finalidad de este tipo de informes es poder disponer de la base científica para impulsar políticas de desarrollo en el territorio y abordar los problemas que padece.

El de la vivienda es un problema que está identificado desde hace tiempo, y este estudio lo ratifica a la vez que propone varias medidas, acordes por otra parte con las propuestas que vienen planteándose desde tiempo atrás ante la falta de alojamientos, a pesar de que hay vivienda en el territorio pero no es accesible por diferentes motivos, como el hecho de ser segundas residencias,  o estar abandonadas y en situación de deterioro.

Por un lado la investigación desarrollada por los profesores de la Universidad de Zaragoza aborda la situación de la vivienda en el medio rural de la provincia de Teruel, y por otro hace una compilación de medidas para hacer frente a este problema, entre las que destaca el cohousing y las viviendas colaborativas, a las que dedica un amplio capítulo. Este modelo ya había sido planteado con anterioridad en otros foros como las Cortes de Aragón.

En las conclusiones del estudio se señala que el censo de vivienda en la provincia turolense se caracteriza por un “crecimiento estable” en lo que se refiere a viviendas principales y viviendas vacías. Todo ello con un mercado inmobiliario “ajustado en movimiento y también en costes a la demanda”.

Los autores destacan el alto porcentaje de viviendas vacías o con poco uso en los municipios turolenses, tal como se puede observar en el cuadro que acompaña a esta información. El mismo indica que prácticamente una de cada tres viviendas está vacía, pero si se tienen en cuenta también las que tienen un bajo consumo eléctrico y las que tienen solo un uso esporádico, el resultado es que son la mitad del total.

El informe elaborado para el CIT llega a la conclusión de que “existen serias dudas sobre la capacidad real del censo de viviendas para absorber momentos de crecimiento puntual de la demanda de alojamientos de modo satisfactorio en la mayoría de los municipios” fuera de la capital y aquellas poblaciones más pobladas.

Despoblación

Aclaran en este sentido los investigadores que las viviendas vacías no se dan por una desproporción de la oferta de obra nueva respecto a la demanda, “sino que son producto de la despoblación”. Por ese motivo la oferta existente de viviendas habitables, modernas y confortables es más reducida.

“La despoblación, a pesar de aumentar el número de viviendas vacías, no favorece la fijación de nuevos vecinos en un municipio porque repercute negativamente en la calidad de la oferta de inmuebles y el acceso a servicios en el municipio”, argumenta este estudio.

Precisamente es esa falta de disponibilidad de viviendas adecuadas y el bajo coste lo que “resta atractivo a muchos municipios rurales para la permanencia de los vecinos jóvenes y la atracción de habitantes”.

Por ese motivo consideran que la cuestión de la vivienda debe estar por ello “en el centro de las políticas públicas contra la despoblación”. Y esa es la causa también, como reconocen, de que en los últimos años se haya estado desplegando ya una amplia batería de iniciativas y medidas destinadas a favorecer tanto la construcción como la rehabilitación para acceder a la vivienda en propiedad o en alquiler, desde instituciones como el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel.

Además, los investigadores consideran que habilitar a la provincia de un buen parque de viviendas adecuadas para que atraigan a nuevos pobladores puede ser a su vez un “círculo virtuoso creador de empleo”.

Argumentan a este respecto que eso puede atraer oficios para la adecuación de estos alojamientos, para lo cual es necesario acometer la rehabilitación de los inmuebles, dotarlos de eficiencia energética y domótica adaptándolos a las necesidades específicas.

De igual forma se requiere de la presencia de intermediarios a través de portales y plataformas que sean facilitadores de los alojamientos a quienes busquen instalarse en el territorio. Y a ello se suma la necesidad de conseguir soportes legales para regularizar la situación de muchas de estas viviendas con una garantía jurídica, mediante la actualización de la titularidad de esas viviendas. Algo que requiere por otra parte facilitar la transmisión de estos bienes en el caso de aquellos inmuebles que pertenecen a varios titulares, situación que es muy frecuente en las zonas rurales.

Entre las propuestas recogidas en los estudios académicos que se han realizado y que propone este trabajo elaborado para el CIT, se plantea la fórmula del cohousing y las viviendas colaborativas. Esto se consigue enfocando las políticas en la creación de comunidades “con una participación activa de los residentes, un diseño sostenible”, y poniendo el énfasis “en la vida comunal”. En cualquier caso los autores del trabajo reconocen que este modelo también enfrenta “retos de escalabilidad y aceptación cultural”.

Este modelo colaborativo se ha desarrollado de forma mayoritaria en los contextos urbanos, si bien los expertos entienden que ofrece “un potencial aún mayor para revitalizar pueblos y zonas rurales amenazadas por despoblamiento acelerado”.

Argumentan que en comparación con las ciudades, el menor coste de los terrenos y los espacios construidos hace que los proyectos colaborativos sean “más viables económicamente en localidades de menor tamaño”. Se puede enfocar ese modelo acudiendo a edificaciones ya existentes y a las que no se da un uso como antiguas escuelas u otros inmuebles que pueden ser reconvertidos eficientemente en viviendas compartidas.

El modelo es muy versatil puesto que ofrece espacios comunes como cocina, comedor, salas de estar o jardines en las zonas rurales. Es un modelo además que, según los expertos, es muy favorable para colectivos como las personas mayores, puesto que son más vulnerables al aislamiento social. Esa conexión favorece tanto su bienestar emocional como su seguridad.

En este sentido, el estudio señala que los vecinos pueden monitorearse entre ellos e identificar también problemas de salud o emergencias. “Para ancianos frágiles, tener vecinos disponibles en caso de emergencia médica es invaluable”, puesto que además este modelo de convivencia contribuye también a contrarrestar los efectos adversos que tiene el envejecimiento en las zonas rurales como son el “aislamiento y el sedentarismo”.

El estudio incide en que la vivienda “juega un papel vital en la cohesión social de las comunidades rurales”, puesto que su existencia en condiciones, a través de alojamientos adecuados y asequibles, “facilita la creación de un entorno estable para el desarrollo de la vida familiar y comunitaria”.

Lazos comunitarios

Añaden los autores que, igualmente, los proyectos de vivienda que involucran a la comunidad en su diseño y ejecución, “fortalecen los lazos comunitarios y fomentan un sentido de pertenencia y orgullo entre los residentes”. Un aspecto este importantísimo para fomentar el arraigo y fijar población en territorios despoblados.

El estudio cita un informe de la Red Española de Desarrollo Rural del año 2018 que señalaba que el principal problema de vivienda para los jóvenes en las zonas rurales de España era el coste, puesto que más del 65% de los encuestados identificaba esta cuestión como un obstáculo.

El mismo informe incidía en la dificultad de los jóvenes para obtener préstamos hipotecarios así como para afrontar los depósitos, entradas y pagos iniciales, que la juventud rural entendía como “barreras muy significativas”.

A los problemas financieros le seguían en el informe de la REDR otros relacionados con “la calidad y disponibilidad de las viviendas”. Ambas cuestiones eran tenidas en cuenta por el 20% de los encuestados, que además incidían en la falta de servicios públicos. Se trata de un patrón que se mantenía tanto para los jóvenes independientes como para los que no lo son.

Para los investigadores que han hecho el estudio sobre la vivienda y su incidencia en la innovación del territorio, este es un factor a tener en cuenta porque pone de manifiesto “la importancia de introducir la mejora de las condiciones de asequibilidad y calidad de la vivienda rural como parte de las políticas públicas de desarrollo”.

El Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales ya había advertido en dos informes que las viviendas en mal estado o con accesibilidad limitada a servicios básicos incidía “negativamente en la retención de residentes y en la atracción de nuevos habitantes”.

Apuntaba el centro de investigación que la rehabilitación del abundante patrimonio inmobiliario rural en estado de semiabandono para convertirlo en vivienda social destinada a atraer nuevos residentes, y con ello cubrir las necesidades habitacionales de colectivos desfavorecidos, era una alternativa a explorar.

Además, apuntaba por la situación del envejecimiento poblacional la necesidad de implementar instalaciones domésticas con dispositivos personales para personas mayores o con discapacidades.

La eficiencia energética era otro aspecto que se ponía sobre la mesa y se planteaba subvencionar la transición hacia fuentes de energía más económicas y ecológicas. Precisamente con el mecanismo de reconstrucción y resiliencia a raíz de la pandemia se están impulsando medidas así, aunque su incidencia en el medio rural no parece ser muy alta.

En cualquier caso, las instituciones han cogido velocidad en los últimos años para la rehabilitación de inmuebles a través de ayudas del Fondo de Cohesión o de otro tipo, que están dando buenos resultados y están ayudando a atraer nuevos pobladores.