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Los abogados reclaman que se asuman todas las responsabilidades por el triple crimen de Andorra Los abogados reclaman que se asuman todas las responsabilidades por el triple crimen de Andorra
Los Amigos de Iranzo ayer en la plaza San Juan con una pancarta frente a la Audiencia Provincia de Teruel donde se celebra el juicio. Antonio García/Pool

Los abogados reclaman que se asuman todas las responsabilidades por el triple crimen de Andorra

Las carencias del operativo y de la instrucción salen a colación en la vista

Lo que se juzga desde el lunes es el triple crimen de Andorra cometido por Igor el Ruso la noche del 14 de diciembre de 2017, desligado de todo lo que aconteció desde el 5 de ese mismo mes cuando la misma persona tiroteó e hirió a otras dos personas en Albalate del Arzobispo. No obstante, en la primera sesión del juicio quedó de manifiesto la reclamación entre los letrados de la acusación de que se asuman todas las responsabilidades por las carencias del operativo policial, así como de la instrucción del caso, que algún letrado tildó de “coja”. 

La acusación popular representada por la UAGA, sindicato al que pertenecía el ganadero José Luis Iranzo, fue la más explícita en ese sentido al afirmar su abogado, Pablo Martínez, en su primera intervención que van a pedir que “se asuman todas las responsabilidades y sepamos la verdad”.

Mientras en la sala de la Audiencia Provincial de Teruel comenzaba el juicio con un tribunal del jurado, en la plaza San Juan, frente al edificio del Palacio de Justicia, una pequeña representación de los Amigos de Iranzo se concentraron y exhibieron una pancarta con el lema del hastag “Siempre Iranzo”. Dentro de la sala, el letrado de la UAGA recordó que representaba lo que se ha llamado el “espíritu Iranzo”, e insistió en que “las alarmas debieron sonar nueve días antes”.

El abogado de la acusación particular Mariano Tafalla también se refirió a la “falta de prevención” en el operativo al no disponer los agentes ni siquiera de los chalecos antibala apropiados, mientras que incidió en la conexión de Feher con una organización criminal que según esta parte le habría prestado auxilio en España, aunque lamentó que la instrucción en ese sentido haya quedado “coja” y recalcó que lo que se juzga esta semana no se circunscribe exclusivamente al triple crimen ocurrido el 14 de diciembre de 2017. La responsabilidad patrimonial del Estado por la vía administrativa está pendiente de que se resuelva la causa judicial por la vía penal.

Ambas cuestiones aparecieron durante la primera intervención que hicieron las partes personadas y cuya finalidad es explicar su posición ante los miembros del jurado popular, cuyo turno inició el ministerio público, al que siguieron los cuatro abogados de las acusaciones particulares y los dos letrados de las acusaciones populares representadas por la AUGC y la UAGA, para concluir con la defensa.

Consciente de lo que hacía

La fiscal, Carmen Continente, recalcó que Feher actuó siendo consciente de lo que hacía, como así se demostrará durante el desarrollo de la vista con los informes de los médicos forenses, que descartan que el acusado padezca ningún trastorno psicológico o psiquiátrico que le impida distinguir entre el bien el mal.

La representante del ministerio público señaló que durante el juicio quedará acreditado que “el acusado quería matar” y que actuó con “alevosía”, “sin que las víctimas pudieran defenderse del ataque”. Incidió en que sorprendió a sus víctimas, a las que no dejó defenderse, y rechazó que el acusado hubiese obrado en legítima defensa como argumenta su letrado amparándose en que no era responsable de sus actos o impulsado por un miedo insuperable. La fiscal pidió “sentido común” a los integrantes del jurado tras el “rastro de dolor” dejado por Feher a su paso por Teruel.

El abogado de la acusación particular Jorge Piedrafita, que representa a la viuda e hija del agente Víctor Romero, manifestó que el acusado “asesinó sin piedad” a las tres personas y que en el caso de los dos guardias civiles los emboscó y les sorprendió por la espalda en una noche cerrada. Incidió en que actuó con “frialdad” y “premeditación” para “acribillarlos a tiros”, nunca en defensa propia ni alterado por ninguna circunstancia sino ensañándose con ellos. En el caso del agente Víctor Romero incidió en que como se verá durante la reconstrucción científica de los hechos, el acusado le hizo el último disparo por la espalda y por el cuello estando totalmente indefenso. Piedrafita rechazó el argumento de la defensa de que padece una neurosis de guerra y aseguró que obró así por el “desprecio absoluto” que siente hacia la vida humana.

Ramón Castro, abogado de la familia carnal del agente Víctor Jesús Caballero, argumentó que Feher actuó de manera “deliberada e inhumana” para “aumentar el dolor” de las víctimas y evitar con su muerte ser descubierto, y rechazó también los argumentos de la neurosis de guerra esgrimidos por la defensa. Aseguró en este sentido que “sabía lo que hacía” y que su intención era “eliminar obstáculos” que pudieran descubrir su identidad.

El abogado de la familia de José Luis Iranzo, Enrique Trebolle, se dirigió a las miembros del jurado para explicarles que Feher es una persona que no tiene ningún respeto hacia los seres humanos y que mata “para buscar la impunidad del delito”, que “no lo identifiquen” y “seguir huyendo”. Rechazó los argumentos de la defensa y manifestó que el acusado actuó con “alevosía” y buscando la noche para obrar con “impunidad”. Indicó a los miembros del jurado que no se obra contra Feher por venganza sino por “justicia”, y sobre la responsabilidad civil les tranquilizó explicándoles que no la pondrán ellos y que al haberse declarado insolvente se está pendiente de otro procedimiento de responsabilidad patrimonial, por lo que pidió que en el caso que se juzga se centren en la autoría del triple asesinato.

Mariano Tafalla, que representa a la familia de Víctor Romero y a la pareja de Víctor Jesús Caballero, manifestó que además de apoyar a la Fiscalía en demostrar el triple asesinato, los robos y la tenencia ilícita de armas, buscará demostrar la participación del acusado en una organización criminal de personas que interactuaban en España.

El abogado de la AUGC, Jesús Jordán, se adhirió como acusación popular a lo manifestado por las acusaciones particulares, mientras que el letrado de la UAGA, Pablo Martínez, recordó que la población se sintió desprotegida.

El abogado defensor, Juan Manuel Martín Calvante, argumentó que pedía la libre absolución porque su representado “percibe la realidad de un modo distinto” debido a las “vivencias que ha tenido”, de manera que determinados estímulos los “atribuye a un riesgo para su vida”. Aclaró que “no empatiza” con Feher y pidió no confundir la defensa técnica que hace como abogado con cierta aquiescencia con el acusado. Precisó que si durante el juicio no puede argumentar su tesis de defensa, modificará sus conclusiones y solicitará también una condena.

Rechazado que los hechos de Dueñas se valoren a efectos de ver la peligrosidad

El presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, que preside el juicio con Tribunal del Jurado contra Norbert Feher, rechazó ayer la petición de una de las acusaciones para que se incorporara a las pruebas un informe de lo ocurrido en la prisión palentina de Dueñas el domingo, cuando el acusado agredió a varios funcionarios en el momento de su traslado a la macrocárcel de Zuera, donde permanecerá mientras se celebre el juicio en Teruel y desde la que será trasladado a diario.

El abogado de la AEGC que representa a la viuda e hija del agente Víctor Romero, Jorge Piedrafita, pidió que se pidiera el informe de lo ocurrido en dicho centro penitenciario a efectos de que pudieran valorar los jurados la peligrosidad de Feher. El presidente lo rechazó al entender que era irrelevante para los hechos que se juzgaban, que es el triple crimen de Andorra ocurrido en 2017.

Sí aceptó como nuevas pruebas una petición de la Fiscalía para practicar una pericial con el agente de la Guardia Civil que elaboró el informe técnico sobre la curva de alcoholemia que presentaba el acusado, y otra prueba presentada por el abogado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle, a efectos de un informe pericial sobre la responsabilidad civil.