Los ayuntamientos de Teruel que habían comprado test desisten tras la orden de Sanidad

En las últimas semanas algunos ayuntamientos turolenses habían adquirido test para el diagnóstico de coronavirus, principalmente para personas de riesgo, pero con la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este jueves de la orden relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección de Covid-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón, han paralizado su realización. La normativa exige una autorización y plantea posibles sanciones si se incumple. Los alcaldes insisten en que su objetivo era colaborar y contribuir a evitar contagios y lamentan la falta de información y de pruebas por parte de la Administración.

Utrillas, Palomar de Arroyos, Escucha y Fuenferrada compraron 1.500 test con el objetivo de poder detectar positivos entre trabajadores de residencias o brigadas municipales. Los ofrecieron al centro de salud para que pudieran hacer los diagnósticos pero, ante su negativa, contrataron a una empresa para realizarlos. Los primeros se hicieron el lunes por la tarde y continuaron el martes, pero ante la advertencia sobre el decreto del gobierno central y la orden autonómica decidieron parar ese mismo día, según explicó a este periódico el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno.

“Hemos intentado colaborar y ayudar a dar luz pero se ha puesto tan difícil que hemos decidido parar”, comentó Moreno quien insistió en que el objetivo inicial era adquirir los test y ponerlos a disposición de atención primaria para que se pudieran hacer a “colectivos de riesgo que están en primera fila” como el propio personal sanitario y de residencias o trabajadores municipales. Asimismo, afirmó que “se ha actuado de buena fe”.

El alcalde de Utrillas defendió también la validez de los test. Indicó que estuvieron asesorados por médicos para su adquisición y que tienen el sello europeo de calidad y se están utilizando en 30 países. También recordó que la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en que se deben hacer muchas más pruebas diagnósticas e instó a la Administración sanitaria a que las realice.

El Ayuntamiento de Monreal del Campo, localidad en la que surgió el primer foco de casos de Covid-19 en la provincia de Teruel, también había adquirido tests de diagnóstico pero finalmente no los ha hecho. “Nos han llegado mensajes desaconsejando que los ayuntamientos invirtamos dinero en competencias que no son nuestras, así que hemos paralizado todo”, relató el alcalde del municipio, Carlos Redón, a Europa Press.

Respecto a la orden del departamento de Sanidad sobre este asunto, Redón argumentó que esta medida del Gobierno de Aragón debería estar acompañada de “una buena remesa de tests” que se practiquen “a todas las personas” que hayan estado en contacto con un caso positivo, tanto si tienen síntomas como si no.

“Hay que averiguar si los trabajadores y los usuarios de la residencia lo tienen porque es un recinto cerrado donde hay muchas personas de riesgo. Con la salud y la vida de las personas no se puede jugar”, planteó el alcalde de Monreal.

Redón indicó que no se conoce con exactitud la cantidad de personas contagiadas por el coronavirus en esta localidad pero que se estima que superen la veintena. A este respecto, criticó que las autoridades sanitarias no ofrezcan a los ayuntamientos los datos oficiales.

“No nos han facilitado la cifra de afectados, es algo que no he comprendido, yo no necesito saber quién ha fallecido pero sí cuántos casos hay para ver si estamos tomando las medidas adecuadas, pero no hemos recibido ese dato”, lamentó.

Además, Redón apuntó que tampoco se ha comunicado si se realizaban tests diagnósticos en la residencia de mayores o no. “No nos informan de nada de lo que se hace, ni de lo que se deja de hacer”, afirmó.

Por otro lado, también algunos pacientes dados de alta en el hospital Obispo Polanco aseguran que no se les ha realizado una segunda prueba PCR para saber si ya dan negativo y también están encontrando dificultades para hacerlas en el ámbito privado. Desde el departamento de Sanidad se explicó que las altas hospitalarias se dan cuando el paciente ya no requiere esta atención médica por la mejoría en sus síntomas y que cuando vuelven a casa deben continuar medidas de aislamiento. Para la repetición de la prueba se indica que se deben poner en contacto con su médico de cabecera.

La orden del Departamento de Sanidad establece que toda entidad, organización o empresa, de naturaleza pública o privada, que plantee la realización o compra de pruebas diagnósticas fuera del ámbito del Sistema Público de Salud de Aragón deberá contar con la autorización previa de la autoridad sanitaria para la realización de las mismas.

Para lograr este permiso la indicación de la prueba se realizará siempre por un facultativo en ejercicio y se ajustará a los criterios de indicación de las mismas establecidos en los procedimientos vigentes de actuación en cada momento en la Comunidad Autónoma de Aragón o a los publicados por el Ministerio de Sanidad.

Además, la entidad, organización o empresa solicitante deberá comprometerse a notificar los casos diagnosticados a la Dirección General de Salud Pública. 

Las pruebas realizadas sin contar con esta autorización carecerán de cualquier efecto para el Sistema de Salud y sus resultados no serán tomados en consideración, sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse en atención a las circunstancias que concurran.

Salud Pública indica el estudio solo a personas con síntomas de la enfermedad

Desde hace algo más de una semana, las autoridades sanitarias aragonesas han empezado a hacer test rápidos de detección de anticuerpos IgM/IgG como complemento para el diagnóstico del coronavirus, aunque la prueba de referencia sigue siendo la PCR. Según los datos oficiales ofrecidos ayer por la Dirección General de Salud Pública, se han realizado ya 1.213 de estos análisis en Aragón y se han detectado 175 casos positivos.

Estos test no han demostrado utilidad en pacientes asintomáticos, por lo que no están indicadas para ellos. 

Estas pruebas han sido validadas por el Centro nacional de Microbiología y han demostrado una especificidad del 100% y una sensibilidad del 64% cuando se  aplica en pacientes sintomáticos y con sospecha clínica sin tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad, siendo de alrededor del 80% en pacientes con más de 7 días de evolución de los  síntomas. 

Las recomendaciones de Salud Pública para su utilización se centran en tres ámbitos: hospitales, residencias y atención primaria.

En el ámbito hospitalario se utiliza para pacientes con sintomatología clínica de varios días de evolución que acuden a los servicios de Urgencias o están ingresados, previo a la realización de PCR o con resultado negativo en PCR previa, pero con alta sospecha clínica. En los centros sociales residenciales el objetivo es la identificación y actuación precoz de posibles casos y brotes. Se realizará test rápido en todos los residentes y profesionales con sintomatología clínica compatible con infección por Covid-19 en los últimos 14 días. Lo realizará personal de atención primaria.

En los centros de salud se priorizará a los grupos vulnerables y sus cuidadores y a profesionales de servicios esenciales, siempre con síntomas de la enfermedad.