Los empresarios se plantan ante el desinterés del Gobierno central por las ayudas del 20%

La patronal turolense inicia esta semana sus movilizaciones para plantar cara al Gobierno central frente al desinterés mostrado por el mismo con las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Comisión Europea para la lucha contra la despoblación en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Los empresarios se sienten ninguneados ante las constantes evasivas del Estado para dar la cara y buscan llamar la atención de la sociedad turolense para que se sume a la concentración que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre en la plaza San Juan de la capital turolense, con el fin de exigir la maximización de las ayudas al funcionamiento de las empresas.

Las movilizaciones comenzarán mañana martes, día 21, con un desayuno empresarial en Calamocha, donde los medios de comunicación entrevistarán a los representantes de las organizaciones empresariales. Seguirán en Alcañiz el 5 de noviembre con un formato similar. A través de estos encuentros se busca llamar la atención de la sociedad, si bien el día potente será el 10 de noviembre.

Ese día los empresarios han citado a los representantes de los partidos políticos presentes en las Cortes de Aragón para que se posicionen sobre las ayudas al funcionamiento y se comprometan con las mismas para aplicarlas en su máxima intensidad. Además, protagonizarán una concentración en la plaza San Juan al mediodía, para la que han hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad turolense, ya que no es una cuestión de las empresas, sino de la provincia, porque se trata de disponer de herramientas que permitan la dinamización del territorio para que crezca y frenar la despoblación.

Aunque la lucha por la consecución de estas ayudas se ha llevado a cabo desde la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que agrupa a las patronales de Teruel, Cuenca y Soria, solo han sido las organizaciones empresariales turolenses las que por el momento han decidido dar este paso y salir a la calle para reclamar su maximización.

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, recordó en declaraciones a este periódico que en la provincia los agentes sociales llevan participando activamente con otros colectivos en las reivindicaciones por la mejora de las infraestructuras y servicios desde principios de siglo, y que eso les había animado a dar este paso de salir a la calle a reivindicar al igual que se hace con otras demandas ciudadanas.

Ciércoles incidió en que es eso lo que van a hacer, reivindicar una demanda de la provincia, puesto que las ayudas al funcionamiento son una medida dirigida al conjunto de la sociedad, no a favorecer económicamente a los empresarios. Estas medidas persiguen dotar de ventajas competitivas a la provincia para poder competir con otros territorios, generar más empleo consolidando el existente y atrayendo además la implantación de empresas. Si hay empleo habrá población, y con habitantes habrá más posibilidades de captar las infraestructuras que se le han negado históricamente a la provincia, así como los servicios y la atracción de profesionales.

Hace ya más de cuatro años que la Comisión Europea autorizó al Estado español la aplicación de estas ayudas, que pueden ser de hasta el 20% de los costes salariales, pero se están aplicando en apenas un uno o un uno y medio por ciento, con lo cual no responden a la finalidad que persiguen, que es dotar de una ventaja competitiva al sector empresarial para que genere empleo.

Política europea

Es una política que se ha aplicado en otras zonas de Europa con especiales problemas demográficos. De hecho, están autorizadas para Teruel, Cuenca y Soria porque su densidad demográfica está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, si bien en buena parte de la provincia no pasa de los 3 habitantes por kilómetro cuadrado.

La SSPA fue uno de los que demandaron en Europa esta medida junto con los gobiernos autonómicos de Aragón, que lo lideró durante el mandato del socialista Javier Lambán como presidente, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Se consiguió en 2021 porque el Gobierno de España también estuvo por la labor y lo peleó en Europa yendo de la mano de los gobiernos autonómicos cuyas provincias podían optar a este tipo de ayudas de Estado, y de las organizaciones empresariales.

Lo llamativo es que después de conseguir la autorización de la Comisión Europea, el Gobierno central ha hecho oídos sordos. Primero retrasó su aplicación y después cuando lo hizo autorizó una cantidad tan ridícula de apenas un uno por ciento de los costes laborales, que no ha tenido efecto alguno sobre el objetivo que persiguen de convertir a las tres provincias en más competitivas. Tal es así que están creciendo muy por debajo de la media española.

Pese a ello, el Gobierno de España está empecinado en vender la aplicación de las ayudas como un éxito, sin atender a la realidad y habiendo convertido este instrumento de lucha contra la despoblación en un continuo despropósito cada vez que el asunto aparece en los debates parlamentarios o se hacen declaraciones a los medios de comunicación.

El asunto se deriva siempre hacia la permanente y absurda confrontación estéril en que se ha convertido el debate político: acusaciones a la oposición de que ellos no hicieron nada cuando gobernaron, o reproches que no tienen nada que ver con una política que debe perseguir el reequilibrio territorial y no los privilegios territoriales.

Recientemente, en una visita a Teruel capital a principios de mes de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, eludió este asunto cuando le preguntó la prensa, al igual que sucede durante las comparecencias parlamentarias, la última de ellas de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En mayo del año pasado esta ministra se reunió con las organizaciones empresariales de las tres provincias beneficiadas por este tipo de ayudas y hubo un compromiso de ponerse las pilas y al menos estudiar el impacto que están teniendo para ver si hay que incrementar los porcentajes que aplicar; pero desde entonces la titular de la cartera de Seguridad Social les ha dado la espalda y no ha respondido siquiera a las cuatro misivas que las organizaciones empresariales le han enviado para reunirse y trabajar en esta cuestión como ella misma se comprometió.

Oídos sordos

Por el contrario, la ministra aseguró el pasado 7 de octubre en el Senado, a preguntas del senador del PP por Soria, Javier Jiménez, que las ayudas “están dando resultados”, pero fue incapaz de cuantificarlos ni de explicar por qué estas tres provincias están creciendo por debajo que la media española. Hizo oídos sordos a la realidad como es habitual.

Esa es la tónica habitual que se está produciendo con este asunto, como si se buscase una estrategia de desgaste, aunque de momento se ha convertido en un argumento recurrente que no deja de estar presente en las Cortes Generales tanto a través de iniciativas parlamentarias como de las comparecencias.

No era la primera vez que Elma Saiz defendía ese supuesto éxito de las ayudas al funcionamiento. Ya lo hizo también en la Cámara Alta el 25 de febrero, donde apoyó la forma como se estaban aplicando y dejó claro que no había intención de revisarlas, a pesar de que un año antes se había comprometido con las organizaciones empresariales a estudiarlo.

En otras ocasiones no ha habido ni respuesta, pese a que existen varios mandatos del Legislativo para que se apliquen en su máxima intensidad, algo sobre lo que el Gobierno hace también oídos sordos cuando se trata este tema. El 21 de febrero de 2024 el Congreso aprobó una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a incrementar las ayudas al funcionamiento, y el 21 de mayo del mismo año se aprobó una moción en la misma línea en el Senado, si bien en ambos casos con la abstención del PSOE.

El 21 de marzo de este 2025, la ministra responsable de las políticas de lucha contra la despoblación, la titular del Miteco, Sara Aagesen, ignoró el tema de las ayudas pese a la insistencia de la senadora del PP por Teruel Emma Buj, cuando esta le preguntó durante una comparecencia. Su predecesora, Teresa Ribera, había eludido también un año antes este debate en la misma Cámara, el 5 de abril de 2024, instando a los gobiernos autonómicos que complementasen las ayudas al funcionamiento.

Esa manera estéril de hacer política es lo que ha provocado el hartazgo de las organizaciones empresariales turolenses, que ahora se enfrentan al reto de ser capaces de movilizar a la sociedad en su conjunto.

Dos estudios elaborados por académicos que son ignorados por el Ejecutivo al no reconocerlos válidos

Dos estudios académicos elaborados por encargo de la red SSPA han constatado en los últimos años que la forma como se están aplicando las ayudas al funcionamiento no están cumpliendo con los objetivos para las que se crearon, y que han sido ignorados por el Ejecutivo central al no reconocerlos válidos. El primero de ellos se hizo en 2023, cuando se empezaron a aplicar las ayudas pero representando las mismas apenas un uno o un uno y medio por ciento sobre las bonificaciones de los costes laborales.

Aquel estudio instaba a una “reformulación radical para alinear de manera efectiva los esfuerzos públicos y privados y conseguir efectivamente el objetivo buscado por la Comisión Europea, que no es otro que la reactivación económica de estos territorios como vía para incrementar la población”.

Al siguiente ejercicio, en 2024, con un año ya de recorrido de las ayudas, un segundo estudio liderado como el primero por el doctor en Economía, José Antonio Herce, volvió a evidenciar la necesidad de incrementar esas ayudas hasta los máximos autorizados por Europa, porque se había visto que las bonificaciones aplicadas no estaban teniendo “efectos destacables”.

Ese segundo estudio constató que para conseguir los efectos pretendidos por la Comisión Europea al autorizar esta medida, los porcentajes de ayudas aplicados no mejoraban la competitividad de las empresas.