Los funcionarios de Justicia reclaman que se reconozca su trabajo y funciones

Los funcionarios de la Administración de Justicia en Teruel salieron este viernes a la calle para reclamar que se les reconozca el trabajo que hacen, con las funciones claras que tienen a su cargo, y la demanda de unas retribuciones justas acorde con la labor que realizan. Los trabajadores llevan ya dos meses de movilizaciones, al igual que en el resto del Estado, y con una declaración de huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo, sin que el Ministerio de Justicia haya dado señales de dar una solución al conflicto.

Lourdes Sáez, como portavoz de los funcionarios de Justicia de Teruel, manifestó a las puertas de los juzgados que reivindican ser escuchados para atender sus demandas. “Queremos que negocien con nosotros y que se establezcan unas funciones claras y retribuciones claras para los funcionarios de Justicia”, dijo.

Precisó que no es solo la retribución económica acorde con el trabajo que realizan lo que piden, y que tampoco es lo más importante, sino que lo más destacado de la movilización en la que llevan ya más de dos meses es que “haya unas funciones claras”. Para ello, la Administración debería establecer qué funciones tienen los trabajadores “y que se cumplan”, con independencia del cuerpo que se trate.

Concentración

La concentración se desarrolló a las puertas del Palacio de Justicia a las nueve de la mañana, aprovechando que ayer se celebraba un juicio muy mediático en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que congregó a numerosos medios de comunicación en la sede judicial.

Varios funcionarios vestían de negro para visibilizar el luto por la situación en que se encuentran, y exhibían carteles pidiendo a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que negocie, además de exigir que se les asignen funciones claras con retribuciones justas. Entre los carteles había uno que decía “Llop, nos ahogas y sin togas no negocias”, en referencia que con los secretarios de la Administración de Justicia sí acabó negociando, lo mismo que con los fiscales.

Las movilizaciones arrancaron al principio de la primavera sobre todo para expresar su repulsa hacia la reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, que pretende crear unidades de tramitación, con lo cual se perderá la especialización de los órganos judiciales. Eso abriría la puerta a traslados sin ningún tipo de especialización, a diferencia de lo que sucede ahora en cada órgano judicial y que permite que la tramitación de los asuntos sea más efectiva.

Las movilizaciones arrancaron en abril con paros parciales de tres horas y después con jornadas alternas, mientras que desde el 22 de mayo iniciaron una huelga indefinida.