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El hermanastro de la joven de 16 años que se quitó la vida en 2019, en el juicio de la semana pasada por agresión sexual

Los juicios por delitos sexuales se disparan en Teruel tras haberse incrementado las denuncias

El año pasado se contabilizó una subida del 133% y el ministerio público incoó 45 diligencias previas

Los juicios por delitos sexuales han aumentado en la provincia tras el crecimiento de las denuncias que está habiendo por este tipo de hechos delictivos, después de que el año pasado se produjera una subida del 133%, según el Balance de Criminalidad que elabora el Ministerio del Interior, y de que la Fiscalía incoara en Teruel 45 diligencias previas. Los últimos hechos acontecidos la semana pasada, cuando se denunció una violación grupal en la capital en la que la víctima y los presuntos autores son menores de edad, no hacen sino confirmar la preocupación observada por la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual, que asocia estas conductas delictivas al mal uso de las TIC y a carencias de formación en sexualidad.

No hay ya mes en el que no se celebre algún juicio por delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual en Teruel, y en el que además la víctima sea menor de edad. En este año se han celebrado varios, el último la semana pasada contra el hermanastro de la muchacha que se quitó la vida en el Viaducto en junio de 2019, y para el que se piden 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años por hechos acontecidos en el ámbito familiar.

En noviembre se señaló otro juicio en la Audiencia por abusos sexuales a menor aunque finalmente se aplazó la fecha, mientras que en octubre se celebraron otros tres, dos de ellos por abusos sexuales a menores de edad y el tercero por distribución de pornografía infantil (corrupción de menores), que se saldaron con penas de cinco, dos y cinco años de prisión en cada caso para sus autores.

A esos casos se sumó el de las tres personas que agredieron sexualmente a una mujer en un pub de la Zona a principios de año y que fueron juzgados en septiembre con la imposición de penas de cinco años de cárcel a cada uno. A los mismos hay que añadir otros casos celebrados en junio, uno contra un hombre que agredió sexualmente a dos de sus hijas, y otro por abusar de una sobrina, mientras que está pendiente de celebrarse otro juicio contra un hombre de 62 años, al que se piden once años de cárcel, por abusar sexualmente de una niña de tres, ya que la vista se aplazó a la espera de poder citar a unos testigos que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

El incremento de los delitos sexuales en la provincia quedó plasmado el año pasado en los balances de criminalidad que elabora el Ministerio del Interior, ya que según esta estadística en 2019 se registraron 35 delitos contra la libertad e indemnidad sexual frente a los 15 del ejercicio anterior, lo que supone un 133,3% de incremento. En los nueve primeros meses de este año se han contabilizado, de acuerdo con este balance de Interior, 24 delitos de estas características en la provincia, es decir, un 20% menos que en 2019, pero superando de nuevo con creces los que hubo en todo el año 2018.

La Memoria Anual de 2020 de la Fiscalía General del Estado, con datos estadísticos de 2019 y presentada el pasado verano, también plasma un incremento de las diligencias por este tipo de delitos. 

Según los datos compendiados a escala nacional de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020, y que están disponibles en su web, en el año 2019 la Fiscalía de Teruel incoó un total de 45 procedimientos de diligencias previas por delitos contra la libertad sexual frente a los 23 que incoó el año anterior, lo que representa un aumento del 95,5%.

Memoria Anual de la Fiscalía

La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado desglosa de la siguiente manera las 45 diligencias previas incoadas por delitos contra la libertad sexual en 2019 en la provincia: agresiones sexuales, 9; abusos sexuales, 12; abuso sexual con acceso carnal, 3; acoso sexual, 2; exhibicionismo y provocación sexual, 2; utilización de menores con fines pornográficos, 1; producción, distribución o tenencia material pornográfico, 1; corrupción de menores, 2; abuso sexual a menores de 16 años, 7; agresión sexual a menores de 16 años, 4; y acoso por telecomunicaciones a menores de 16 años, 2.

Dentro de las diferentes tipologías, llama la atención el crecimiento de diligencias incoadas en la provincia en lo que a víctimas menores de 16 años se refiere. Así, en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019, desglosada por fiscalías provinciales, se recoge solo una diligencia previa incoada en 2018 por abuso sexual a menores de 16 años, frente a las 7 del año pasado; y ninguna por agresión sexual a menores de 16 años, cuando en 2019 se incoaron 4. Es decir, las diligencias previas por agresiones y abusos sexuales a menores de 16 años pasaron de 1 a 11.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020 advierte de forma general que frecuentemente las víctimas de estos delitos sexuales en el conjunto del país “son personas menores de edad que como consecuencia de la agresión pueden resultar seriamente perturbadas en su normal desarrollo y evolución personal”.

Añade la Fiscalía en su informe que “lamentablemente, se trata de acciones cuya planificación y ejecución se ha visto favorecida por la utilización de las TIC para el contacto interpersonal y la elaboración y la difusión de todo tipo de contenidos”.

La agresión sexual grupal denunciada la semana pasada en Teruel por una menor de 16 años, de la que son presuntos autores cuatro menores de edad -3 de ellos de 16 años, mientras que el cuarto cumplió los 18 al día siguiente de los hechos-, añade un nuevo escenario delictivo en la provincia por tratarse de menores y haberse cometido presuntamente en grupo. En las memorias de la Fiscalía General del Estado relativas a los años 2018 y 2019 no constan agresiones sexuales de menores de 16 años con acceso carnal.

En el conjunto del país, la última Memoria de la Fiscalía advierte de la persistencia al alza de delitos entre los menores que no asocia a la marginalidad, “sino a una deficiente educación: los delitos de violencia doméstica contra los padres y delitos contra la libertad sexual”.

La Fiscalía General del Estado abunda más en esta idea al afirmar que “se viene detectando un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia entre los menores y adolescentes en el entorno familiar, pero también y especialmente en el ámbito sexual, conductas realizadas en grupo y a menudo grabadas y difundidas a terceros, práctica que según los expertos está anudada al uso de las pornografía a través de las redes desde tempranas edades, donde se representa a la mujer cosificada, escenario que hay que abordar principalmente desde el ámbito educacional, donde madres, padres y administraciones deben unirse en un frente común para asegurar la transmisión de los valores de la igualdad, la dignidad, el respeto a uno mismo y al otro y la no discriminación”.