Los Leader quieren un modelo participativo para impulsar el desarrollo territorial

Las asociaciones de desarrollo rural que impulsan los Leader en Aragón quieren que la futura Ley de Dinamización del Medio Rural que pretende aprobar el Gobierno de Aragón en esta legislatura opte por un modelo de gestión participativo, y que se reconozca el papel que los grupos de acción local están llevando ya a cabo a favor del impulso de estos territorios.

Así lo ha transmitido la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) al Ejecutivo aragonés dentro del proceso consultivo que se ha realizado para la redacción del proyecto de ley que deberá aprobar el Consejo de Gobierno antes de remitirlo a las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva.

 La RADR agrupa a las veinte asociaciones que gestionan los Leader en los programas de desarrollo rural de Aragón, y apelan a que se tenga en cuenta la experiencia de 29 años que tienen estos grupos de acción local, para ampliar las miras de la norma legal que se pretende aprobar para que su visión sea “más acorde con la multifuncionalidad del medio rural”.

Las aportaciones que han hecho forman parte del paquete de propuestas y sugerencias que distintos colectivos y entidades presentaron el mes pasado dentro del proceso consultivo abierto para la elaboración de la Ley de Dinamización del Medio Rural, que pretende dotar de los mecanismos necesarios para que los territorios rurales puedan tener los mismos derechos y oportunidades que las ciudades, así como impulsar su desarrollo.

En las propuestas que ha hecho la RADR se aboga por que la norma que se apruebe no tenga en cuenta solo la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, sino que atienda también a los instrumentos con los que ya cuenta Aragón como la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, y la normativa que regula el desarrollo local participativo y los grupos de acción local Leader de la Comunidad Autónoma.

Participación, cogobernanza y aprovechamiento de las experiencias que tienen acumuladas estos grupos de acción local son las primeras propuestas que ha hecho la RADR, que a su vez aboga por dotar a estos territorios de “las actividades socioeconómicas y las infraestructuras que permiten crear y mantener los servicios y las actividades y la calidad de vida”, y todo ello mediante mecanismos que permitan la implicación de la gente de los propios territorios.

En este sentido, abogan por impulsar esta cohesión social y económica “mediante el método del desarrollo rural territorial participativo que cuenta con la participación de los agentes rurales como forma de gobernanza que también facilita afrontar a escala local los demás retos del medio rural: la despoblación, la cohesión social, la digitalización, la sostenibilidad y la resiliencia”.

Insta por ello a “reconocer y potenciar el papel de los mecanismos de gobernanza existentes, como los grupos de acción local, por su experiencia en la elaboración y gestión de estrategias Leader de desarrollo territorial participativo consensuadas con los agentes económicos, sociales e institucionales de los territorios rurales y en favor de los habitantes del medio rural”.

Un aspecto en el que incide esta red es que se defina “con claridad lo que es el mundo rural”, ya que dentro del mismo deberían entenderse las explotaciones familiares de agricultura y ganadería extensiva, “dejando en otra categoría las macroexplotaciones y grandes industrias”, puesto que a su juicio “ya reciben un tratamiento especial diferenciado”.

Potencial del sector primario

Si bien son partidarios de propiciar la diversificación productiva mediante la puesta en valor de los recursos naturales del sector primario, tal como recoge la propuesta del Ejecutivo, apuntan que habría que “dinamizar el potencial del sector primario para vertebrar territorios rurales especializados y alcanzar la masa crítica necesaria para aumentar su valor añadido en actividades económicas que no se deslocalizan, además de impulsar un modelo agroganadero sustentado en los principios del respeto al medio ambiente y de justicia social y que permita asegurar la soberanía alimentaria”.

Entre las aportaciones de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural está también la necesidad de que haya un “acompañamiento y fomento del emprendimiento y de las microempresas rurales”, y que se reconozca y se potencie el valor social y ambiental del medio rural.

En este sentido, en sus aportaciones indican la necesidad de valorar sus recursos naturales y del sector primario, lo mismo que su “vocación por la economía circular y colaborativa, mediante el fomento de su contribución al mantenimiento de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la reducción de la generación de residuos y de la contaminación, y la mejora en ahorro y eficiencia energética, especialmente la generación autónoma de energías renovables”.

Por otra parte, plantean definir un departamento que centralice la dinamización del medio rural, coordinándose con el resto, para evitar las duplicidades actuales y lo que califican de “laberintos administrativos”, para así conseguir un correcto funcionamiento y optimizar los recursos.

La mejor forma de asentar población es generar economía para poder vivir, argumentan. Apuestan por la suma de pequeños proyectos locales y no masificados, frente a grandes proyectos que pueden ser especulativos y que no solucionan los problemas sino que “pueden generar otros, dejando a un lado a quienes estamos luchando por sobrevivir y tener una oportunidad lejos de una ciudad”.

El uso de los recursos naturales, como la gestión de los montes públicos, y escuchar a los habitantes afectados y que estos sean prioritarios en los usos que permitan generar recursos, son otras aportaciones que hace la RADR, que incide en que la población autóctona debe tener “voz en las propuestas de ordenación y regulación”.

Consideran que “las personas beneficiadas que se asientan en el territorio al mismo tiempo lo custodian, con todas las consecuencias”, y que debe evitarse “la utilización de empresas de intermediación que consumen parte de los recursos fuera del territorio”.

Abogan igualmente por que las entidades locales como ayuntamientos y comarcas sean las que gestionen los trabajos de mantenimiento de las carreteras, los accesos a los núcleos, la vialidad, los servicios públicos, la limpieza, la señalización de caminos o los tratamientos forestales.

Asimismo, la RADR pide que se mantengan los Programas de Desarrollo Rural (Leader) “suficientemente dotados, para proporcionar una adecuada diversificación rural, el apoyo con formación y la realización de proyectos concretos”.

Puesta en valor, fiscalidad y peculiaridad de cada zona

Dentro de las aportaciones que ha hecho la Red Aragonesa de Desarrollo Rural para que se tengan en cuenta en la Ley de Dinamización, se incide en que hay que “dotar legalmente a los habitantes del territorio de capacidad para gestiones de forma sostenible los recursos naturales de propiedad pública”.

Y en este sentido se defiende que es preciso “promover la recuperación y mantenimiento de espacios naturales degradados”, además de tener en cuenta la peculiaridad de cada territorio porque la situación no es igual en todos.

A este respeto, la RADR advierte que la dinamización del medio rural no puede traducirse en una fórmula común única y válida para todos los territorios de Aragón, sino atender sus peculiaridades. “Es necesario un análisis previo de cada zona, con la participación de sus habitantes y administraciones afectadas”, que permita en última instancia “buscar objetivos reales y eficaces”, para que los recursos de cada territorio puedan tener un uso de forma optimizada.

Los grupos de acción local piden que desde la DGA se tienen que poner en valor los productos del medio rural en los mercados urbanos para dinamizarlos, recurriendo para ello a todas las sinergias y favoreciendo su uso en la cadena alimentaria. “Al final nos complementamos todos”, argumentan, con “productos y actividades sanas, sostenibles y que generan vida”.

La simplificación y clarificación de los procedimientos administrativos es algo que debería tener en cuenta la ley que propone el Gobierno de Aragón, además de “contener tratamientos fiscales propios para el medio rural, en proporción a su densidad de población, envejecimiento de la población” y por ser custodios del territorio. Argumenta la RADR que “estos incentivos no suponen un coste muy elevado y pueden diferenciar la elección del futuro profesional de quienes se incorporan al mercado de trabajo, en coordinación con otras medidas”.