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Una mujer mayor pasea a primera hora de la mañana del viernes en las inmediaciones del municipio de Bezas

Los municipios de Aragón reclaman un fondo especial que estimule la inversión en sus territorios

La FAMCP plantea la elaboración de un mapa que tenga en cuenta las zonas de prioridad demográfica

Los entes locales aragoneses reclaman un fondo especial que estimule la inversión pública en sus territorios y que incentive la privada. Así lo plantea la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) en las aportaciones que ha hecho dentro de la consulta pública del Gobierno de Aragón para la elaboración del proyecto de Ley de Dinamización Rural. Las administraciones locales de la Comunidad Autónoma son partidarias de elaborar un mapa que tenga en cuenta las zonas de prioridad demográfica, y reclaman otro modelo de financiación, además de acabar con las trabas administrativas y la burocracia y poder acceder a incentivos.

Las aportaciones para que se tengan en cuenta en la elaboración de la Ley de Dinamización del Medio Rural están recogidas en un documento que firma el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, en el que se incide en la importancia de escuchar a los entes locales y de contar con ellos para hacer frente al problema de la despoblación.

Incentivar la economía con servicios públicos y apoyando a la iniciativa privada para generar empleo, además de garantizar cuestiones básicas como la movilidad o el acceso a la vivienda, son aspectos que plantea la FAMCP que deberían tenerse en cuenta en la futura ley, uno de los proyectos legislativos más ambiciosos de esta legislatura y que debería estar dotado también de financiación.

De hecho, uno de los planteamientos que hacen es la necesidad de poner en marcha por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma “un fondo especial que estimule la inversión pública y que incentive la privada”.

Argumentan en este sentido los entes locales aragoneses que en el futuro modelo financiero deberían tener más peso las variables demográficas que de otro tipo, como la densidad, la dispersión y el envejecimiento de la población, además de la tasa de natalidad.

“Es imprescindible que la despoblación se incorpore como un criterio a la hora de distribuir fondos a escala europea, nacional y autonómica”, argumenta la FAMCP, de igual forma que es necesario que en su programación operativa y en su gestión “participen activamente las entidades locales para fortalecer el principio de subsidiariedad y garantizar su aplicación con criterios efectivos de equilibrio territorial”.

Argumentan en este sentido que las actuaciones necesarias que hay que acometer “desbordan” las competencias que tienen los entes locales. Aprecian, no obstante, que con la implicación y participación de los mismos en este proceso, tanto los municipios como las diputaciones provinciales y las comarcas “han de plantearse los cambios necesarios para que, a través del consenso que salga de los órganos de coordinación, las medidas tengan un impacto real en el medio rural”.

Para conseguirlo, entre las medidas que plantean está la necesidad de elaborar un mapa de las zonas de prioridad demográfica y “unidades funcionales demográficas”, a la vez que se refuerce el papel de las diputaciones provinciales “como entidad de referencia y liderazgo en las políticas de sostenimiento de municipios y entidades locales menores, atención a la población rural y representación de las entidades locales”.

Simplificación administrativa

Como se ha manifestado ya en diferentes foros, y es uno de los graves problemas a los que se enfrentan los municipios rurales, la FAMCP reivindica la simplificación de los trámites administrativos en estos territorios, que se convierten en un handicap en muchas ocasiones para los emprendedores.

Acabar con la burocracia innecesaria y revisar la legislación para que no frene proyectos que podrían llevarse a cabo en las zonas rurales, son aspectos en los que inciden los entes locales. Argumentan en este sentido la necesidad de “erradicar los frenos existentes en estos momentos para el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas que contribuyen a la reactivación del medio rural”.

Plantean incorporar de forma explícita una “estrategia demográfica” a los presupuestos que anualmente hacen las distintas administraciones públicas, y dotar a los mismos, tanto en el ámbito autonómico como provincial, “de un programa de incentivos adicionales a los actualmente existentes para promover la implantación de actividades económicas”. Unas actividades que pueden crear bastante empleo relacionado con los recursos que tienen los municipios en el entorno económico de las zonas que son de prioridad demográfica ante la despoblación.

Es necesario igualmente, según la FACMP, la revisión del modelo de financiación de las entidades locales y que en el mismo se contemplen criterios de apoyo a los ayuntamientos que más sufren el problema de la despoblación. Y en esa misma línea demandan promover incentivos económicos y de carrera profesional para que los empleados públicos puedan fijar su residencia en los pueblos donde prestan su servicio.

También plantean que la legislación debería contemplar bonificaciones o deducciones especiales en impuestos de actividades profesionales y empresariales, así como en impuestos y tasas locales, además de subvenciones para la contratación. A este nivel proponen también bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para quienes desarrollen su actividad y tengan fijada su residencia habitual en las zonas de prioridad demográfica, es decir, las que más riesgo de despoblación corren.

Otra de las propuestas que se plantean, de cara a la sostenibilidad de quienes viven en estos territorios, es el establecimiento de acciones que faciliten complementos de renta a los activos de los residentes, favoreciendo por ejemplo su incorporación laboral a planes de empleo en obras y servicios que se hagan en los municipios.

De igual forma se demanda que la ley contemple de alguna manera la implantación de líneas de apoyo para que se pueda recuperar el comercio en las áreas rurales, y se argumenta que la PAC debe ser un instrumento clave en las políticas de asentamiento de la población. En este sentido, entienden los entes locales que es necesario avanzar en políticas que fomenten la cotitularidad de las explotaciones agrarias e impulsen la promoción de las mujeres en el medio rural.

La FAMCP es partidaria igualmente de facilitar mediante planes específicos la acogida e integración de la población inmigrante en estas zonas, y de revisar los actuales modelos de transporte público para garantizar la movilidad en el medio rural, además de corregir los déficits de servicios e infraestructuras que existen.

Proponen a este respecto  hacer un mapa de distancias de acceso a los servicios básicos, desde la sanidad y educación hasta los comerciales, y a las grandes infraestructuras, e impulsar planes eficaces de acceso a la vivienda.

La importancia de diseñar planes de cobertura de servicios públicos

 

Los entes locales aragoneses consideran que las zonas rurales deben tener los mismos derechos que las urbanas, y argumentan en este sentido, en las aportaciones que han hecho a la Ley de Dinamización del Medio Rural, que deben ampliarse y mejorarse los servicios públicos en estas áreas.

Para ello deberían potenciarse las infraestructuras, las políticas de empleo y los servicios públicos de calidad que “equiparen el nivel de vida y de acceso a las diferentes prestaciones entre los ciudadanos rurales y urbanos”. Argumentan que es fundamental extender las tecnologías de la comunicación a todas las zonas rurales para impulsar la actividad económica, profesional, cultural y social.

Demandan para ello el diseño, con la Comunidad Autónoma, de planes de cobertura de servicios públicos y sociales que garanticen el acceso a los mismos en el territorio en función de sus necesidades. Plantean en especial potenciar en las zonas más críticas de prioridad demográfica “aquellos servicios sociales que favorezcan la permanencia en el domicilio habitual, con la incorporación de las TIC”.

No faltan dentro de sus propuestas, la demanda de un plan digital que reduzca la brecha existente y que permita disponer de redes de muy alta velocidad y calidad a través de banda ancha. Los entes locales entienden que hay que promocionar además la acogida y el atractivo de los pueblos.