Los propietarios del Edificio Amantes presentan un contencioso en el juzgado

Los vecinos del edificio de la calle San Francisco 21 han interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso de Teruel un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo a su solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada el 12 de junio de 2024. Así lo anunció este viernes en una rueda de prensa José Manuel Aspas, abogado de los propietarios del inmueble que se situaba en el número 21 de la calle San Francisco de la capital turolense, acompañado del presidente de la comunidad de propietarios, Javier Carbó.

“Ya ha pasado un año y un día desde que los afectados presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial del municipio de Teruel que a fecha actual no ha sido resuelta. La ley marca un plazo de seis meses para que estos procedimientos sean resueltos”, afirmó Aspas, que desde el pasado 26 de diciembre es el abogado de los afectados del número 21, antes de considerar que el municipio “está llevando una tramitación lenta, parsimoniosa, con la idea de que sine die se resuelva el tema, mientras las familias que se han quedado sin propiedad sin vivienda, sin enseres, sin muebles, sin recuerdos, sin fotos, viven desplazados en unos inmuebles que no consideran que sean sus viviendas”, destacó.

Así, los vecinos acuden a la justicia ante lo que estiman una estrategia dilatoria del ayuntamiento, al que consideran responsable de retrasar voluntariamente la resolución sobre la responsabilidad del derrumbe.

“Esto permitirá que un juez evalúe el caso, ya que el ayuntamiento no ha emitido resolución expresa, lo que relega y retrasa los derechos de los vecinos perjudicados”, dijo Aspas, que aseguró que con 40 años de experiencia en el campo del derecho administrativo, nunca había visto una tramitación como la que está llevando el municipio de Teruel.

“Transcurridos seis meses sin respuesta expresa se puede ir al juez y nosotros confiamos en el juez”, aseveró. El representante legal de los vecinos señaló que varios informes periciales indican que la causa del derrumbe fue el mal funcionamiento del sistema municipal de aguas y saneamiento, como fugas, falta de red de pluviales y reventones, y no una deficiencia del edificio.

“El agua laminó las zapatas, los apoyos de los pilares y cuando falló un pilar vino abajo todo el edificio. Pero no vino por una falta de mantenimiento de un edificio del año 1974, donde se había hecho un mantenimiento ordinario, falló por la intervención de un agente externo, del que es responsable en nuestra opinión y así lo mantendremos en vía judicial como lo hemos mantenido en vía administrativa, el municipio”, detalló.

Aspas consideró que los vecinos, muchos de ellos jubilados, han tenido paciencia y han esperado seis meses más desde que finalizó el plazo para presentar este contencioso administrativo, que interpusieron en la mañana de este viernes. Recordó que está firmado por 59 personas físicas y jurídicas.

Acceso al solar

En cuanto al acceso al solar para hacer las pruebas periciales, los propietarios -algunos de ellos presentes en la rueda de prensa- y su abogado insistieron en que se estaba produciendo un “trato desigual” porque, mientras la propiedad solo tuvo un plazo de un mes con una prórroga de 25 días más para realizar las pruebas en el solar de su propiedad, al seguro del Ayuntamiento y de Aguas de Teruel y al consorcio de seguros les han dado cuatro meses, un plazo que el instructor del expediente, un funcionario municipal achaca “a la dificultad para realizar las pruebas, que son las mismas que hicimos nosotros”, explicó pero además, “las realizan después de conocer el resultado de las nuestras a las que tienen acceso, con lo cual pueden preparar contrapruebas”, agregó, cuando, en su opinión “las pruebas tenían que haber sido simultáneas para todos”.

Carbó por su parte salió al paso de las declaraciones de la alcaldesa que este jueves dijo que la propiedad no dejaban entrar al solar a los peritos de los seguros. “Esto es una manera de actuar por parte del Ayuntamiento en beneficio de una parte y en contra de otra”, denunció y apuntó que las gestiones con los equipos de trabajo que tienen que entrar al solar se habían hecho “de manera clara y transparente”.

“El día 3 de marzo reconoce que nosotros le comunicamos que podrían entrar, ellos nos contestan diciendo que ellos entrarán a hacer los testigos de hormigón a la campa el 9 de junio y recogerán sondeos y calicatas en el solar el 21 de julio. Por lo tanto, no tiene sentido que la alcaldesa salga diciendo que no les hemos dejado entrar en el solar el día 9”, zanjó. “Esto no deja de ser un trato desigual que continuamente nos hemos encontrado”, lamentó, y que con la decisión de ir a los juzgados “hemos llegado a un punto de inflexión”.