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Los turolenses presentan 142 quejas al Justicia en 2020, un 82% menos Los turolenses presentan 142 quejas al Justicia en 2020, un 82% menos
El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, recibe al Justicia de Aragón, Ángel Dolado. Cortes de Aragón

Los turolenses presentan 142 quejas al Justicia en 2020, un 82% menos

Ángel Dolado constata que la covid aumenta "exponencialmente" las desigualdades

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, presentó este lunes en las Cortes su informe anual correspondiente a 2020, en el que ha quedado constatado que la pandemia de la covid-19 ha aumentado “exponencialmente” las desigualdades en la comunidad. La institución abrió un total de 35 expedientes en la provincia de Teruel frente a los 128 de 2019, lo que supone un 82% menos, sustanciados en las 142 quejas que presentaron los turolenses relativas a diferentes ámbitos.
En rueda de prensa, Dolado explicó que se abrieron en 2020 un total de 1.669 expedientes, pero que se atendió a más de 3.000 personas, en tanto en cuanto en los primeros meses de la pandemia, con el confinamiento duro, se recibieron más de 400 llamadas de ayuda, socorro, asesoramiento o interpretación jurídica de los decretos que se iban promulgando.
Los expedientes iniciados en 2020 relacionados con organismos de Teruel se redujeron notablemente, al pasar de los 128 de 2019 a 35 dado que las quejas presentadas por ciudadanos residentes en Teruel pasaron de 799 a tan solo 142. Cabe recordar que en 2019, tan solo la plataforma ciudadana Teruel Existe presentó 320. Entre tanto, las resoluciones emitidas dirigidas a organismos del territorio fueron 23.
El Justicia, según dijo su titular, optó por intentar solucionar los problemas de la ciudadanía y, al mismo tiempo, emitir resoluciones o sugerencias a las administraciones. En concreto, en 2020 se emitieron 230 (una treintena menos que el año anterior), de las que 115 fueron aceptadas, 23 aceptadas parcialmente, 24 no aceptadas, 15 no tuvieron respuesta y 53 están en tramitación.
A pesar de que en su informe Dolado admite que 2020 fue un año “nefasto”, el Justicia no ha suspendido o ralentizado sus funciones, “sino al contrario”, puesto que a su actividad normal se han sumado todos los expedientes e informes relativos a las consecuencias de la pandemia.
Una crisis sanitaria que, insistió, ha aumentado las desigualdades y ha hecho que muchas personas que han recurrido este año al Justiciazgo nunca lo habían hecho ni “en su vida habrían pensado tener que hacerlo”.
Dolado constató que sobre todo durante los meses más duros de la pandemia en las administraciones, con carácter general, “no funcionó” el teletrabajo ni las citas presenciales y, de hecho, “hubo una paralización”.
Además, se ha acentuado la brecha digital, que se ha demostrado especialmente dura entre los mayores que no cuentan con ayuda, en la sanidad y la educación, puesto que hay estudiantes que no cuentan con las herramientas necesarias para la educación a distancia.
Ha habido materias predominantes en las quejas recibidas, muchas de ellas relacionadas con los ERTE, los sistemas de cita previa y acceso electrónico a las administraciones, las “discordancias” entre el Ingreso Aragonés de Inserción y salario mínimo vital o la tramitación de ayudas al alquiler social.
Sobre este último asunto, el Justicia sugirió que se dotara a las subdirecciones provinciales de Vivienda en Zaragoza, Huesca y Teruel de medios materiales y de efectivos de personal adecuado al volumen de trabajo que ocasiona la tramitación de este tipo de ayudas.
Pero también la presencialidad y la seguridad en educación, las ejecuciones subsidiarias en urbanismo, la atención primaria en sanidad, las prestaciones sociales y las residencias de mayores, consultas sobre movilidad, los problemas en los registros civiles o la interinidad en la función pública.
Dolado recordó que la crisis les llevó a realizar una serie de informes y consideraciones con el fin de aportar propuestas de mejora en varias materias, entre los que destaca el de las residencias de mayores, que surgió como fruto de las conclusiones de la Mesa sobre la Soledad no elegida y ante el hecho de que el 80% de los fallecidos fueran personas mayores en residencias.
El derecho a la información sobre la situación de los familiares generó abundantes quejas, especialmente durante el estado de alarma. Estaban referidas tanto a la evolución del estado de salud y bienestar de las personas en las propias residencias, como cuando eran trasladadas para su atención a los distintos hospitales o, en su caso, a los centros intermedios de atención que expresamente se pusieron en marcha, localizados en Alfambra, Gea de Albarracín, Yéqueda, Miralbueno, Casetas y Parque Goya. 
El informe señala que este tipo de quejas han disminuido mucho con el transcurso del tiempo y en función de las actuaciones realizadas por la Administración y las propias residencias, si bien persisten algunas, vinculadas a las prohibiciones y organización de las visitas, “que en ocasiones no están motivadas tanto por las exigencias de la normativa aplicable en cada momento si no por la interpretación más restrictiva de dicha normativa que hacen ciertos equipos directivos de las residencias”. 
Respecto al informe de los centros de acogida de menores, Dolado consideró como “muy satisfactorios tanto los protocolos seguidos por la administración como la capacidad de adaptación de los menores en este periodo”. 
“Se suele afirmar que en los periodos de crisis se ponen de relieve lo mejor y lo peor de una sociedad”, afirmó. Y confió en que “como sociedad seamos capaces de revitalizar ese pactismo aragonés del que tan orgullosos estamos y lejos de ahondar en diferencias, brechas e injusticias, seamos capaces de salir de esta pandemia más iguales, más solidarios y más justos".

Incidencias en Teruel
En cuanto al ámbito geográfico de los expedientes tramitados este año en la provincia de Teruel, y según la comarca de residencia del ciudadano que presenta la primera queja, 56 partieron de la Comunidad de Teruel, 19 del Bajo Aragón, 12 del Jiloca, seis tanto de Andorra Sierra de Arcos como de Cuencas Mineras, tres de Bajo Martín y uno de Matarraña, Maestrazgo y Bajo Martín, respectivamente.
Por otro lado, entre las entidades a las que el Justicia ha solicitado información se encuentra el Ayuntamiento de Teruel, concretamente sobre doce expedientes. El tiempo medio de respuesta ha sido de 43 días, notablemente inferior al de los ayuntamientos de las otras dos capitales aragonesas y de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón.
El Justicia considera “especialmente relevante” el expediente sobre la delimitación de los espacios de recuperación rupestre en el asentamiento de Montoro de Mezquita porque es la primera vez que se presenta en esa institución una queja sobre este tipo de asentamientos.
Respecto al patrimonio de la provincia, destaca también la apertura de un expediente a instancias de los ciudadanos por el deficiente estado de conservación de las torre mudéjar de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Lechago. Para la reparación, se ha podido contar con el Fondo de Inversiones de Teruel.
Por otro lado, actualmente se encuentra abierto un expediente por supuestas perreras ilegales en el entorno de la Urbanización Santa Bárbara de Teruel, donde desde hace años los vecinos vienen denunciado el estado de los animales y la cría ilegal que se realiza.
También formuló una sugerencia al Ayuntamiento para que aprobara una normativa específica para proteger al arbolado de la ciudad de Teruel de las sucesivas intervenciones urbanísticas que promoviera.
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Teruel aceptó la sugerencia del Justicia para mejorar la movilidad de acceso a la Residencia San Hermenegildo, favoreciera la modificación del trazado de las líneas de autobús urbano,
Dolado recuerda en su informe que sugirió al Ayuntamiento de Andorra la realización de un informe de auditoría económica y de gestión de las actividades de la sociedad pública Somudan que comprenda desde el ejercicio 2007 hasta su liquidación, tal y como se aprobó en pleno, pero que la junta de Gobierno la rechazó por entender que correspondía a una corporación anterior.
El Justicia asegura que son muchas las reclamaciones que se presentan por retraso en el abono del justiprecio o indemnizaciones en las expropiaciones, como una en la que se denunciaban irregularidades en la expropiación de un terreno propiedad del promotor de la queja por parte de Adif para adaptar la línea férrea Sagunto-Teruel-Zaragoza.