Luz verde en la Comisión Institucional para la aprobación de la Ley de Dinamización rural

La última reunión de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón dio luz verde al Informe de la Ponencia del proyecto de Ley de Dinamización del medio rural de Aragón, cuya aprobación tendrá lugar la semana que viene en un pleno escoba que convocará el Parlamento aragonés para sacar adelante asuntos que quedan pendientes antes de que acabe la legislatura, y que no han entrado en el orden del día de la sesión ordinaria programada para el próximo jueves.

La Ley de Dinamización del medio rural es uno de los compromisos que adquirió el presidente aragonés, Javier Lambán, al comienzo de la legislatura, y que ha elaborado de forma transversal con todos los departamentos del Ejecutivo aragonés, y con un procedimiento de participación ciudadana, el comisionado aragonés para la lucha contra la despoblación, Javier Allué.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno en abril del año pasado coincidiendo con la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, a continuación pasó a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria y en mayo tuvo lugar el debate a la totalidad, si bien los plazos para presentar enmiendas se fueron prorrogando a petición de los grupos de la oposición y no fue hasta finales del ejercicio cuando concluyó.

Tras haberse presentado más de 300 enmiendas, los trabajos de la Ponencia de la Ley en las Cortes no pudieron comenzar hasta enero de este año y la oposición planteaba que no daba tiempo y sería conveniente dejar para la próxima legislatura este texto normativo para llegar a consensos dada la importancia del mismo.

No obstante, los trabajos de la Ponencia de la Ley han finalizado a tiempo aunque in extremis, porque no podrá ir al pleno ordinario de esta semana. Sí lo hará al pleno escoba que se va a convocar la próxima semana para aprobar asuntos que quedan pendientes como este antes de que acabe la legislatura por la convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

En la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario se aprobó el dictamen del proyecto de ley para elevarlo al presidente de la Cámara, y para ello se votó cada uno de los artículos y disposiciones de la norma, así como la exposición de motivos, tal como quedan en el texto definitivo tras la incorporación de enmiendas. No hubo debate político y ninguno de los grupos parlamentarios hizo explicación de voto, que quedarán para la sesión plenaria de la semana que viene en la que se vote el dictamen de comisión con el texto definitivo de la ley y las enmiendas que permanezcan vivas. El encargado de defender ante el plenario el dictamen de comisión para la aprobación de la nueva ley será el diputado socialista Darío Villagrasa.

De todos los artículos, solo en dos hubo unanimidad en las votaciones, el 14 y el 22. En el primero, relativo a la conectividad digital, se incorpora un punto para que el Ejecutivo publique anualmente un informe sobre el estado de la misma y las acciones que considera necesario desarrollar. El segundo recoge precisiones técnicas sobre cuáles son los asentamientos de carácter rural.

Con la incorporación de enmiendas, la ley pone más énfasis en cuestiones relativas a determinados servicios como el sanitario, y en particular el transporte urgente en igualdad de condiciones, o la potenciación de políticas de vivienda que ayuden al asentamiento de la población, entre otros muchos porque el dictamen ha pretendido mejorar y matizar con la aportación de todos los grupos parlamentarios el texto inicial.

Incorpora también un artículo nuevo, el 69 bis, sobre el impulso a los servicios públicos de cuidados, y una nueva disposición adicional para que en el plazo de dos años se tenga un estudio de los polígonos industriales existentes en el medio rural. En el caso de la fiscalidad diferenciada no hay cambios salvo alguna precisión en el supuesto de tributaciones conjuntas de cónyuges.

Instan a apoyar a los municipios para dar cobertura a la instalación de videocámaras

La última sesión de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón en esta legislatura volvió a abordar el tema de la seguridad en las zonas rurales, y aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el PP, y transaccionada con los grupos parlamentarios que sustentan al cuatripartito, para que los municipios tengan respaldo y se colabore con ellos de cara a que puedan tener cobertura legal para la colocación de videocámaras en sus términos.

El debate volvió a confrontar al grupo proponente con el cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR) sobre la situación de la seguridad en Aragón y las medidas que se han tomado, así como las políticas anteriores cuando gobernaron los populares y no repusieron efectivos. En esta ocasión se trataba de ayudar a los pueblos para que puedan colocar sistemas de videovigilancia que al menos sean disuasorios.

El diputado del PP, José Antonio Lagüéns, argumentó en la defensa de la iniciativa que la misma buscaba “mejorar la seguridad ciudadana en el medio rural” y denunció el “fracaso” de los gobiernos socialistas, a lo que los grupos que sustentan al Ejecutivo le recordaron que la tasa delictiva en la Comunidad Autónoma es inferior a la media nacional y que es uno de los territorios más seguros de España.

El PP aceptó la enmienda y una vez transaccionada quedó que las Cortes “instan al Gobierno de Aragón a apoyar a los municipios aragoneses a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y a colaborar en la tramitación ante la Delegación del Gobierno dando asistencia y cobertura legal en la instalación de videocámaras de seguridad en aquellos municipios que lo soliciten”.