

Mar Vaquero asegura que este año saldrá a información pública el Plan Energético de Aragón
La titular del área de Industria dio estas explicaciones en la sesión de control al Gobierno del pleno de las Cortes de AragónLa vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, aseguró este viernes en las Cortes que están trabajando ya en la elaboración del Plan Energético de la Comunidad Autónoma, caducado desde hace tres años, y que está previsto someterlo a información pública este mismo año.
Vaquero reconoció que el decreto de 2023 que regula este proceso exigía tenerlo en un año, pero justificó la demora porque cuando asumieron el Gobierno en agosto no se había hecho todavía nada y la complejidad de la tramitación requiere de periodos de información y participación pública, además de contar con datos de los que se carecía. Es en eso en lo que se está trabajando.
La titular del área de Industria dio estas explicaciones en la sesión de control al Gobierno del pleno de las Cortes de Aragón, en respuesta a una interpelación del diputado del grupo Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, que pidió explicaciones sobre la política del Ejecutivo sobre la planificación de transición energética y en concreto el grado de elaboración del Plan de Transición Energética de Aragón, y de la Directriz especial para la ordenación territorial del despliegue de energías renovables.
Presentación de la interpelación
Durante la presentación de la interpelación, Guitarte volvió a insistir, como viene haciéndolo a través de preguntas y diferentes iniciativas parlamentarias desde que comenzó la legislatura, en que la ausencia de estas herramientas está teniendo consecuencias en el despliegue de las renovables, que hubiese sido “muy distinta” de haber contado con ellas.
El parlamentario de Teruel Existe reclamó que es necesario “aplicar la normativa europea y española al completo”, porque hasta el momento no se ha aplicado de manera correcta la evaluación ambiental.
Reclamó que la ordenación que se haga ahora debe tener “objetivos claros, transparencia y honestidad para reconducir la situación” y “evitar el arrasamiento de paisajes y comarcas”, además de ser sometido a la participación ciudadana.
Mar Vaquero aseguró que en los últimos ocho años, con los gobiernos de la izquierda, había primado “la arbitrariedad sobre la transparencia”, que no se había hecho nada por hacer un nuevo plan energético tras haber caducado el vigente en 2020, y que ellos ahora se han puesto “a trabajar” desde la Dirección General de Energía y Minas con diferentes grupos de trabajo.
Dijo que están viendo los datos cartográficos no solo de producción energética sino también de las diferentes líneas de evacuación, y que para ello han contratado la asistencia técnica de Sarga.
Admitió que por esos motivos que no han sido culpa de ellos sino del anterior Ejecutivo al no haber hecho nada, no se podrá poner en marcha el plan en los próximos seis meses, si bien, y siempre que no haya imponderables, “esperamos que este plan pueda estar sometido a información pública este 2024”.
Como anexo al plan se acompañará un mapa zonal, que dijo que debería haberse puesto en marcha desde la aprobación del decreto el año pasado con el anterior Gobierno y que “tampoco se hizo nada”. Lo que se está haciendo ahora es trabajar con los diferentes departamentos para poner en común las informaciones necesarias para su elaboración.
Vaquero explicó que el día antes de la celebración del pleno, el pasado jueves, tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo de zonificación; y sobre la directriz especial de ordenación del sector energético aseguró que a finales de diciembre se hizo la primera reunión de trabajo y se está llevando a cabo la redacción del borrador de inicio y el documento de consulta previo. Confió en que durante el mes de marzo se pueda iniciar su elaboración.
Tiempo de aprobación
La consejera advirtió que a la vista de la experiencia administrativa que se tiene con la tramitación de este tipo de documentos, en los últimos casos se ha llegado a tardar “hasta treinta meses”. Puso como ejemplo que la directriz del paisaje se inició hace cinco años y tampoco ha finalizado, si bien no piensan cruzarse de brazos y sí tomar algún tipo de medida.
Guitarte expresó su preocupación por estos plazos y reclamó mecanismos que garanticen acuerdos equitativos entre los promotores de los parques y los propietarios del suelo, apostando por los consensos frente a las expropiaciones forzosas porque de esa forma solo se favorece a los promotores. Se refirió a modelos europeos como el danés, que promueve procesos transparentes y justos, y que pidió que se tengan en cuenta como referencia en la directriz especial.
Estas modificaciones se deberían aprobar de manera anticipada a la redacción del plan, a la vista de que va a tardar todavía un tiempo, mediante alguna “reforma puntual”, dijo Guitarte, del decreto de marzo de 2023 para que haya “acuerdos transparentes” entre los agentes intervinientes. Pidió también que se siga lo que se está haciendo en otros territorios próximos, como La Rioja, donde se ha aprobado una ley de medidas temporales y urgentes para la protección de los paisajes. En definitiva, una “moratoria” como viene reclamando desde hace tiempo Teruel Existe y que ni el anterior Gobierno ni el actual han aceptado.
La consejera de Economía admitió que existen instrumentos y los están desarrollando con el plan y la directriz especial de ordenación del sector energético, pero que todo requiere su tiempo. Además, recordó que se han iniciado los trabajos de la comisión de investigación de las renovables, que también hará aportaciones y que servirá para implementar las medidas regulatorias.
Apuntó que mientras se tramita el ordenamiento, son conscientes de que “se pueden llegar a tomar otras medidas a nivel legislativo que puedan proteger aquello que realmente queremos proteger desde el punto de vista ambiental, patrimonial, agrario, urbanístico y paisajístico”.
Se trata, precisó, de ejercer las competencias que tiene la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio y medioambiental, y las municipales en cuestiones urbanísticas. Reiteró a Guitarte que la moratoria no se contempla, pero “sin perjuicio de poder modular aquellas decisiones que ya se han tomado para que se produzcan los menos perjuicios posibles” en cualquier tipo de impacto.
Incidió en el impacto visual, por lo que están estudiando desde el grupo de trabajo creado exigir una cartografía del proyecto detallada, además de una simulación del aspecto final de cómo quedaría el proyecto.