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Moncloa ‘dialoga’ en Teruel mientras el Convenio de Transición Justa y las ayudas del 20% siguen pendientes Moncloa ‘dialoga’ en Teruel mientras el Convenio de Transición Justa y las ayudas del 20% siguen pendientes
Teresa Ribera y Pilar Llop, con Manuel Campo Vidal en el Senado, cuando en marzo pasado conocieron un informe de Next Educación sobre despoblación

Moncloa ‘dialoga’ en Teruel mientras el Convenio de Transición Justa y las ayudas del 20% siguen pendientes

Las jornadas El Futuro de la España Despoblada traen a la provincia más debates y análisis sin que las medidas que ya son posibles se apliquen todavía
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La Moncloa ha impulsado la celebración en Teruel durante hoy y mañana de unas jornadas sobre despoblación que se enmarcan en los llamados Diálogos sobre el Futuro relativos a los diferentes desafíos a los que se enfrenta la sociedad española hasta mediados de siglo, y que forman parte de la estrategia de prospección España 2050. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, será una de las ponentes que participará hoy, junto a la titular de Justicia, Pilar Llop, en un encuentro que ha suscitado polémica por volver a debatir sobre cuestiones que están más que estudiadas y diagnosticadas, cuando hay medidas que ya son posibles pero siguen sin aplicarse como el Convenio de Transición Justa de Andorra y las ayudas estatales al funcionamiento empresarial del 20% autorizadas desde hace ocho meses por la Comisión Europea.

Estos Diálogos sobre el Futuro del país surgen del documento España 2050 que dio a conocer el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en mayo de este año y que plantea nueve desafíos, entre ellos la promoción de un desarrollo sostenible y equilibrado en las tres próximas décadas. Dentro de ese contexto, las jornadas a desarrollar en Teruel giran en torno al futuro de la España despoblada.

Para entender lo que hoy y mañana se va a hacer en el Campus de Teruel, que es donde se celebran, hay que acudir al estudio España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. Este documento ha sido el primer paso que se ha dado para la elaboración de una Estrategia Nacional de Largo Plazo para “fijar prioridades, coordinar esfuerzos, y garantizar la prosperidad y el bienestar de nuestra ciudadanía en el futuro”, según se detalla en el mismo.

El objetivo de esta estrategia es mejorar la “comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, económicos y medioambientales” que afrontará España en las próximas décadas. Y para ello el Gobierno está celebrando desde el mes de septiembre un total de 18 jornadas, llamadas Diálogos, en las 17 Comunidades Autónomas (Madrid acogerá dos, una en Getafe y otra en la capital, que será la de clausura).

La estrategia España 2050 está llena de buenos propósitos y en el caso del desequilibrio territorial es la primera vez que un Gobierno central lo ha incluido en su agenda política de forma explícita, si bien ya hubo un comisionado especial con anterioridad desde que la VI Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 acordase su creación y la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Desde esta legislatura existe una Secretaría General adscrita al Miteco y ahora lo que se pretende con estas jornadas sobre la España despoblada es escuchar y atender las demandas y necesidades del territorio, por lo que la inscripción para asistir a las mismas de manera presencial o telemática ha estado abierta a toda la ciudadanía. La voluntad de escuchar en la confección de esa estrategia de desarrollo futuro la expresa el propio presidente del Gobierno en la presentación del documento España 2050 al afirmar que “el futuro es patrimonio de todos y todos deben participar en su diseño”.

Lo que genera dudas es por qué vuelve a debatirse por enésima vez sobre lo que está ya más que debatido, estudiado y analizado hasta la saciedad, además de explicado de forma reiterativa a los ciudadanos, y en lugar de eso no empiezan a aplicarse las medidas que de verdad pueden ponerse en marcha ya.

En el caso concreto de Teruel hay dos cuestiones sangrantes, como son el Convenio de Transición Justa de Andorra, que sigue sin firmarse casi tres años después de haberse anunciado, y las ayudas al funcionamiento empresarial. La primera es vital para contrarrestar el daño que ha supuesto el cierre de la térmica y de la minería del carbón, mientras que la segunda permitirá la atracción de empresas, además de consolidar a las ya existentes en la provincia.

A todo ello se ha sumado la polémica de cómo se han organizado las jornadas, con cambios en el programa y la eliminación de algún participante para ser sustituido por cargos públicos del Partido Socialista, sin olvidar las críticas hacia el Gobierno acusándole de pretender hacer propaganda con este tipo de actos en lugar de volcarse en activar las medidas que ya se pueden poner en marcha y que no terminan de arrancar.

Ambigüedad

Sobre esto último preocupa la ambigüedad con la que el Gobierno central se está refiriendo a cómo se van a aplicar las ayudas al funcionamiento, a pesar de haber incorporado una disposición adicional en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Preocupación que se ha agravado más a raíz de lo manifestado la semana pasada por los parlamentarios del PSOE en las Cortes Generales por la provincia de Soria, en el sentido de que la fiscalidad diferenciada no será tal como la está demandando la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, que es la que se está aplicando con éxito en Noruega y la que permiten las directrices europeas.

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico tendrá hoy la oportunidad de despejar dudas, si es que puede despejarlas porque en las Cortes Generales no lo hizo recientemente, puesto que debería surgir en una de las cuestiones que se planteen en la tercera de las mesas a debate sobre el tema ¿Qué puede hacer Europa por la España que se despuebla?

En esa mesa, además, participará también el presidente de Aragón, Javier Lambán, incluido a última hora porque inicialmente no estaba previsto que interviniese en los coloquios, solo en la inauguración.

Las ayudas al funcionamiento es una batalla que ha liderado a nivel institucional el Gobierno de Aragón, aparte del trabajo realizado por la SSPA. Arrastró además para conseguirlo a los ejecutivos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, puesto que las modificaciones incorporadas por la Comisión Europea en las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2021-2027 benefician a las provincias con una densidad de población de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que son Teruel, Cuenca y Soria, junto a los territorios adyacentes en idéntica situación.

Dentro de las jornadas se han organizado siete mesas de debate y dos talleres ciudadanos. En cada mesa, moderada por periodistas, habrá 40 minutos para que los ponentes expongan sus puntos de vista y 10 minutos para responder a las preguntas del público. Estos diálogos buscan recabar la opinión general de expertos, instituciones y ciudadanía, para incorporar sus aportaciones a la Estrategia Nacional.

Ingente volumen de estudios

A lo largo de este año, sin contar con todo el ingente volumen de estudios e informes que se han elaborado hasta la fecha, el Gobierno ha recibido numerosos documentos y aportaciones de la sociedad en esa línea. Todo está estudiado, e incluso el Ejecutivo aprobó en marzo pasado en la Comisión Delegada para el Reto Demográfico el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico.

Ese mismo mes Next Educación presentó en el Senado un estudio con la opinión de líderes rurales, en un acto al que también asistieron la vicepresidenta Ribera y Pilar Llop, entonces presidenta de la Cámara Alta.

Además, en mayo, la coordinadora surgida de la movilización del 31M de 2019 presentó en el Congreso las 101 medidas concretas planteadas en el documento Modelo de desarrollo de la España Vaciada; y en junio el grupo de expertos del G100 de El Hueco dio a conocer también el informe Ruralizar las leyes. Una cuestión de justicia, con más propuestas para establecer un mecanismo de garantía rural para que a la hora de legislar se tenga en cuenta cómo pueden afectar esas normativas a las zonas rurales.

Junto a estos documentos con análisis, estudios y medidas específicas para afrontar el problema de la despoblación, se sumó en primavera el Parlamento Europeo con el Informe sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión; y a principios del verano la Comisión Europea con la comunicación Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040, con un Plan de Acción y un Pacto Rural.

Nuevos informes

A ellos hay que sumar nuevos informes realizados este año por entidades privadas con análisis y propuestas como el estudio La despoblación de la España interior elaborado por Funcas; el informe Un medio rural vivo y sostenible del Consejo Económico y Social (CES); el Informe Anual del Banco de España de 2020, que dedicó su capítulo cuarto a La distribución espacial de la población en España y sus implicaciones económicas; o los informes que la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) ha aportado este año también con propuestas específicas como el informe Externalidades Medioambientales que aporta el Medio Rural y el impacto que sobre ellas puede tener la despoblación: el caso de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, además de haber presentado en el Senado el documento Mapa 174. Zonificación de los municipios españoles sujetos a desventajas demográficas graves y permanentes.

Todas las preguntas que formulan los títulos de las mesas a debate de los Diálogos sobre la España Despoblada que comienzan hoy en Teruel están respondidas en esos informes y documentos y en otros tantos elaborados con anterioridad. A fecha de hoy no vale preguntarse cómo asegurar la provisión de servicios públicos en entornos poco poblados, como se plantea en el segundo debate, cuando Aragón y otras siete autonomías, que volverán a reunirse la próxima semana en Galicia, están defendiendo otro modelo de financiación autonómico que atienda el coste real de los servicios. A la pregunta de qué puede hacer Europa, que se plantea en el tercer taller, la Comisión Europea ya ha respondido con las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional, y es el Gobierno de España quien tiene que hacer ahora la tarea y aplicarlas.

Igual ocurre con los planteamientos de otras mesas de debate de este foro que se preguntan cómo redinamizar las zonas rurales o qué necesitan los jóvenes, cuando en todo este volumen de informes con sus propuestas, incluidas las 130 Medidas del Gobierno, ya se da la respuesta. E igual sucede con la última mesa se plantea si es posible un Pacto de Estado por la España despoblada, cuando el Congreso de los Diputados aprobó sin ningún voto en contra en junio de 2020 una moción en ese sentido a iniciativa de Teruel Existe con PSOE, UP, PP y Cs. Más que eso habría que preguntar qué pasos ha dado   el Gobierno en ese sentido.

Pacto de Albarracín

El Pacto de Albarracín suscrito en mayo pasado por los presidentes de Aragón y las dos Castillas incidió en que debe pasarse sin más dilación de los estudios y los informes a la acción contra la despoblación, y que se deslinde este fenómeno de lo que es reto demográfico al ser dos cosas distintas.

Las jornadas que comienzan hoy vuelven a incidir en la teoría  y el estudio mientras sigue sin darse el salto a lo práctico. La opinión pública es escéptica con este tipo de actos e incluso desde dentro de las filas socialistas se critica, sin alzar la voz, que ya basta de estudios y que hay que pasar a las concreciones. Los primeros pasos a dar serían cuestiones pendientes como la firma del Convenio de Transición Justa, un nuevo modelo de financiación autonómica que atienda al coste real de los servicos, y las ayudas de funcionamiento empresarial autorizadas por Europa. Está bien el diálogo, pero en la lucha contra la despoblación urge actuar donde es más prioritario y se sabe ya que hay que intervenir, y dejarse de tanta retórica.

Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado

Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado y justo es uno de los desafíos recogidos en la estrategia estatal España 2050, cuya implementación se quiere completar con los debates que como el que hoy y mañana acoge Teruel se están celebrando en todas las Comunidades Autónomas.

Se trata del desafío número seis de dicha estrategia, que plantea mejorar las oportunidades económicas y laborales de los municipios de menor tamaño “aprovechando sus recursos endógenos y favoreciendo el desarrollo rural”.

En el documento base de la estrategia sobre las políticas a desarrollar de aquí a 2050 se establece que debe fomentarse para alcanzar ese objetivo la diversificación productiva y aprovechar al máximo las oportunidades que conlleva la transición energética y la transformación digital.

Aboga por actualizar e implementar de forma efectiva la Ley de Desarrollo rural sostenible, que data de 2007 y duerme desde entonces el sueño de los justos a pesar de ser una herramienta idónea para combatir la despoblación. Insiste en reducir la brecha digital garantizando una cobertura de 100 Mbps en 2025 para el 100% de la población; implementar un Mecanismo de Garantía Rural para que se tenga en cuenta  lo rural en las leyes; equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio; y aumentar el acceso a servicios, tanto públicos como privados en los municipios más pequeños, entre otros retos. A ello suma otros objetivos enfocados a desarrollar una ordenación del territorio más integral que se base en las necesidades de la población.

Mucho cargo institucional y poca diversidad en los ponentes

El programa de las jornadas sobre la España Despoblada incorpora mucha representación institucional pero poca diversidad entre los ponentes al ser escasa la presencia de colectivos del medio rural, brillar por su ausencia organizaciones que llevan tiempo trabajando en esta materia y ser escasa la presencia de la Administración autonómica.

La DGA, aparte de la consejera de Presidencia en la inauguración, contará en los debates solo con su presidente, Javier Lambán, a quien se había relegado al principio a intervenir únicamente en el acto inaugural. El programa se modificó y ahora Lambán intervendrá en una mesa con la ministra Ribera. Esos cambios de programa a escasos días de la celebración de las jornadas, cuando ya se habían difundido los ponentes, han desatado las críticas en las redes sociales, sobre todo por la desaparición en uno de los talleres del divulgador Jorge Pueyo y su sustitución por Ignacio Urquizu, sociólogo pero también destacado cargo del PSOE.