Paisajes de Teruel considera que la UCO avala las denuncias contra Forestalia

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel considera que las actuaciones que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avalan las denuncias que desde hace años han hecho sobre la tramitación de los proyectos de renovables de Forestalia. Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la semana pasada la UCO entrase en las oficinas de la empresa en Madrid y Zaragoza en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional, e insta a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) a que la demande y se vaya.

Tras recordar que el director de este fondo de inversión danés en España, Javier Prados, les acusó de hacer una labor de “desinformación y anticientífica”, desde la Plataforma Paisajes de Teruel consideraron que CIP “ha sido uno de los principales perjudicados por las prácticas de Forestalia” y manifestaron que “la única salida coherente sería demandar a esta empresa y abandonar Aragón si -opina el colectivo- pretenden demostrar un compromiso real con la responsabilidad social corporativa”. Forestalia y CIP llegaron a un acuerdo en 2020 para desarrollar el Clúster del Maestrazgo.

Los registros de la semana pasada se produjeron en Forestalia y otras empresas por su vinculación con Servinabar, así como en dependencias de Hacienda y del Miteco, del que depende la autorización de los grandes parques de renovables, tras la detención de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel emitió este lunes un comunicado en el que expresó su “satisfacción porque, tras años de trabajo y denuncias públicas, la verdad está saliendo a la luz” y se están “confirmando las sospechas que veníamos señalando desde hace tiempo sobre la actuación de Forestalia”.

El colectivo aseguró que a la vista de las informaciones que están trascendiendo, todo hace sospechar que “numerosas centrales de renovables se autorizaron para favorecer el enriquecimiento de unos pocos, a costa de la destrucción del territorio y del patrimonio natural”. Incidieron en el caso de Forestalia en su “estrecha vinculación” con el “poder político y administrativo”, algo que siempre había despertado “sospechas” y que a su juicio ahora entienden “por qué”.

Argumentaron en su comunicado que lo que ahora está pasando “ratifica que ninguna de las advertencias realizadas durante años era infundada”, y que las denuncias que han presentado en todo este tiempo “se han basado siempre en la lectura detallada de los proyectos, en un conocimiento profundo de la legislación y en el análisis riguroso de los informes que los rodeaban, un trabajo que”, por el contrario, “no fue realizado por las administraciones que debían evaluarlos”.

La plataforma recordó que el Clúster del Maestrazgo se presentó entre finales de 2019 y principios del año siguiente, y “contó con el aval del Gobierno de Aragón, representado entonces por el asesor del presidente Javier Lambán, Antonio Arrufat, así como el respaldo de una asociación denominada Viento Alto, de la que no se tenía constancia previa en el territorio”.

Reuniones

Explican en la nota que las reuniones informativas sobre este proyecto las dirigió Carlos Ontañón, “quien años antes, en su etapa como director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), había firmado declaraciones de impacto ambiental desfavorables a varias canteras de losas en la misma zona donde posteriormente, ya como asalariado de Forestalia, se pretendía instalar el parque eólico”. Además, indican que “de forma paralela, el entonces viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Marruedo, mantuvo reuniones con distintos ayuntamientos del territorio”.

Durante la información pública del estudio de impacto ambiental, que tramitó el Miteco, “el Colegio Oficial de Biólogos de Aragón, los colegios de Ingenieros y Geólogos, así como profesionales independientes del territorio afectado, presentaron alegaciones técnicas muy extensas y rigurosas que acreditaban la inviabilidad del proyecto en una de las zonas de mayor valor natural del Estado”.

A pesar de esas alegaciones fundamentadas con criterios técnicos, en 2022 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que según señala Paisajes de Teruel, apenas dedicó unas líneas a contestarlas, mientras que la resolución administrativa “presentaba importantes carencias, como la ausencia de delimitación de superficies afectadas o la aceptación de datos del promotor cuya falsedad había sido demostrada documentalmente”.

El colectivo también denunció “irregularidades” puesto que durante la evaluación ambiental hubo informes desfavorables tanto de la Dirección General de Medio Natural de la DGA como del Inaga, que no fueron incorporados al expediente remitido al Miteco. Por contra, denuncian que el entonces director del Inaga, Jesús Lobera, envió un informe favorable, cuando según Paisajes de Teruel esta persona es veterinario de profesión y no tiene competencia técnica para emitir un informe de esta magnitud.

Al plantearse esto en la Comisión de Investigación sobre el despliegue de renovables en las Cortes de Aragón, la plataforma asegura que no suscitó “el más mínimo recelo entre la mayor parte de los partidos políticos que participaron”, por lo que se preguntan si fue “casualidad sabiendo lo que sabemos hoy”.

Denuncian a este respecto que desde el principio vieron que la evaluación ambiental se realizaba sin criterios técnicos ni científicos, de forma que “la acumulación de irregularidades apuntaba a una decisión previamente tomada”.

Los miembros de la plataforma consideran “especialmente significativa” una conversación entre el entonces director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón y un funcionario del Miteco, en la que se puso de manifiesto “la falta de respeto del Clúster del Maestrazgo” por la Red Natura 2000 al ubicarse en el mismo 85 aerogeneradores y más de 100 kilómetros de líneas eléctricas y caminos. Fue el propio ex director general el que trasladó después a la plataforma “la sospecha de irregularidades en la evaluación ambiental del proyecto”, precisan.

El colectivo aseguró que ha intentado identificar quien elaboró la DIA a través de la Subdirección General de Evaluación Ambiental (SGEA) sin conseguir la información, y que tras acudir al Consejo de Transparencia, cree que “la SGEA habría remitido información manifiestamente falsa”. El colectivo sostiene que “pudo haber sido externalizada, lo que sería contrario a la legislación”, sospecha que se reforzó al emitirse la DIA desfavorable del macroproyecto de Green Capital en el Matarranya por sus similitudes.

La plataforma pone el punto de mira en el entonces subdirector general, Eugenio Domínguez, cuyo cese coincidió con el fin de las DIAS favorables “inexplicables” a Forestalia, sospechas que ve viables a raíz de diversas informaciones periodísticas de los últimos días, de forma que ante posibles resoluciones desfavorables se hubiesen externalizado a Tragsa para convertirlas en positivas.

Táctica

En el comunicado emitido este lunes, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel manifestó que mientras ellos denunciaban las presuntas irregularidades de los proyectos de Forestalia, esta empresa ha ido dejando dinero en el territorio mediante campañas y publicidad para silenciar las voces críticas.

Consideran en este sentido que la empresa “ha ido regando el territorio de dinero”, a través de iniciativas como cátedras universitarias, publicidad en medios de comunicación, patrocinios deportivos o promesas con la luz gratuita”. Lamentan que en todo este tiempo “siempre ha sido nuestra palabra”, la de la plataforma, “contra su dinero”.

“Mientras Forestalia ha defendido sus proyectos con el argumento económico, nosotros lo hemos hecho con datos técnicos, objetivos y rigurosos”, argumenta el colectivo, que recuerda que han denunciado de forma reiterada la existencia de “graves irregularidades en la tramitación ambiental del macroproyecto eólico del Maestrazgo” promovido por Forestalia, tras años de análisis técnico, seguimiento administrativo y acciones legales.