Piden seis años para un hombre por abusar sexualmente de su hija

La Fiscalía pidió seis años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de su hija menor de edad. Los hechos juzgados por la Audiencia Provincial de Teruel ocurrieron presuntamente desde que la víctima tenía 8 años hasta los 11, y se destaparon tras el proceso de divorcio de los padres, a raíz de que la menor se lo contara a la psicóloga por el estado de ánimo que presentaba. El informe del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) aportado en la vista consideró que el testimonio de la víctima es “creíble”, si bien la defensa aportó otro informe que lo cuestionó por la forma como se había hecho y que estimó todo lo contrario para llegar a la conclusión de que los hechos denunciados se produjeron al posicionarse la hija de parte de la madre en el conflicto familiar durante el divorcio.
La Audiencia Provincial de Teruel dejó el martes visto para sentencia un nuevo caso de abusos sexuales a menores después de un juicio que se prolongó durante casi nueve horas. En esta ocasión el acusado es el padre de la víctima y los hechos presuntamente delictivos ocurrieron en Alcañiz y en un pueblo bajoaragonés, siendo denunciados cuando la menor ya no convivía con su progenitor y sus padres se estaban divorciando.
El ministerio público consideró al acusado responsable de un delito continuado de abusos sexuales a menores de 16 años, y pidió una condena de 6 años de prisión y la privación de la patria potestad por un tiempo de seis años. La acusación particular solicitó cinco años y seis meses de prisión, además de la retirada de la patria potestad, mientras que la defensa pidió la libre absolución al entender que no se había enervado el principio de presunción de inocencia al no haberse demostrado el delito con las pruebas aportadas más allá de la declaración de la menor, que cuestionó como no creíble con un informe de parte contrario al elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Aragón.
La Fiscalía pidió también prohibir al acusado acercarse a una distancia no inferior a 300 metros de su hija y de intentar comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo de nueve años. A ello sumó la petición de que se le imponga libertad vigilada durante otros cinco años una vez cumplida la pena de prisión, así como una indemnización de 20.000 euros.
La acusación particular también pidió la medida de alejamiento e incomunicación por 8 años, así como la libertad vigilada por cinco años, y la inhabilitación durante diez años para cualquier profesión u oficio que suponga trato con menores. Como responsabilidad civil solicitó 20.000 euros por daños morales y 1.500 euros por desplazamiento para el tratamiento de la víctima.
Los hechos presuntamente delictivos ocurrieron en la vivienda familiar de Alcañiz y en la casa de los padres de él en un pueblo. El periodo en el que se cometieron abarca desde que la niña hizo la Primera Comunión, cuando tenía 8 años, hasta finales de 2017 o principios de 2018, cuando tenía 11 años.
En la vista el padre negó todo, dijo que era “mentira” y que “sería incapaz de hacerle el más mínimo daño” a su hija porque lo era “todo” para él, y argumentó que la denuncia era “todo un montaje” por las diferencias que se habían producido con la madre de la menor durante el proceso de divorcio.
La menor ratificó lo que contó a la psicóloga que la trató en 2018 y por lo que se enteró de los abusos la madre, a raíz de lo cual se puso la denuncia, y relató cómo su padre abusaba de ella. Contó que no dijo nada de lo que pasaba por vergüenza y porque tenía “miedo” de su padre, y que los abusos consistentes en tocamientos eran “casi una costumbre” en el sofá del salón, cuando el padre metía la mano por debajo de su pantalón por detrás para tocarle.
La menor, que ahora tiene 14 años, declaró que su padre también le decía “vamos a hacer el amor”, algo que ella no entendía a su edad, que entraba en el baño cuando estaba duchándose y hacía comentarios sobre el tamaño de sus pechos, le enseñaba sus genitales y se cambiaba de ropa delante de ella.
Relató que al principio no entendía lo que pasaba porque era pequeña y que conforme fue creciendo se sintió incómoda porque no le parecía normal, y que no dijo nada por miedo, ya que incluso llegó a advertirle que si lo hacía la mataría. A preguntas del fiscal dijo que no sentía odio hacia su padre pero que quería “dejarlo atrás y ser feliz”.
La madre contó que se enteró de lo que había pasado con posterioridad, ya que la niña presentaba un estado de ánimo muy cambiante hasta el punto de que le dijo que no quería vivir, y la llevó al médico que la derivó a la psicóloga. Fue a esta profesional a quien la niña contó lo sucedido. “Cuando me lo dijo la psicóloga casi se me cae el mundo”, manifestó.
La psicóloga, que declaró como testigo, contó que la niña refirió lo ocurrido con su padre de forma “espontánea”, que lo manifestó con coherencia y de forma “creíble”. Esta profesional añadió que no detectó que el discurso de la menor estuviese manipulado por nadie y que tampoco le pareció una niña sugestionable ni ningún indicio de “fabulación”.
Al tener conocimiento la madre denunció los hechos y las profesionales del IMLA que hicieron un informe sobre la credibilidad de la menor dijeron en la vista que por el estudio realizado era “creíble” lo que manifestaba, y que de su testimonio no se infería que fuese un relato construido, además de referir el “miedo” que les expresó la menor.
Un informe pericial de la defensa cuestionó en cambio el estudio elaborado por las profesionales del IMLA y llegó a la conclusión de que lo manifestado por la menor no era creíble. Para hacer dicho estudio no se entrevistaron con la menor sino que analizaron las entrevistas que había en los autos con las manifestaciones de la menor. Su conclusión es que la niña buscó en ese momento “apoyar a su madre” y que al decir lo que dijo “no era consciente de las consecuencias que esto tenía”. 
En sus informes finales el fiscal consideró que la víctima había sido “coherente y fiable” como recogió el informe del IMLA, que su denuncia era “creíble” y “verosímil”, que no había un motivo “espúreo” porque no se buscaba una ganancia sino estar “lejos de la persona que le ha perjudicado”.
La acusación particular consideró acreditados los hechos e incidió en que “no había conflictividad” en el proceso de divorcio en que habían estado los padres. Recalcó que la declaración de la menor siempre ha sido “segura, concreta, íntegra y con claridad”, y que no había ningún afán de causar daño ni había expresado odio hacia su padre. Calificó el informe de la defensa hecho “a la medida” y “cargado de frivolidad”.
La defensa pidió la libre absolución y argumentó que el móvil de la denuncia había sido el “resentimiento” y la “venganza” por el conflicto familiar al posicionarse a favor de la madre y que no tenía “credibilidad” la menor. En el derecho a la última palabra el acusado insistió en su inocencia y dijo estar tranquilo