Tres familias de las víctimas del accidente del Bell-407 deciden recurrir en revisión ante el Tribunal Supremo tras el fallo de Estrasburgo
La pretensión es que se declare la nulidad del auto de la Audiencia Provincial que acordó el sobreseimiento de la causa en 2015Tres de las familias de las seis víctimas que fallecieron en el accidente del helicóptero Bell 407 de la Brigada Helitransportada de Alcorisa en junio de 2011 han decidido presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, tras el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que reconoció que la Justicia española había vulnerado el derecho a tener un juicio justo al haberse archivado la causa en 2015 por un auto dictado por la Audiencia Provincial de Teruel.
El abogado que representa a estas familias, José Vicente Gracia, ha explicado hoy que tras reunirse con tres de las familias de las víctimas, han decidido interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, a partir de lo que establece el artículo 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la pretensión de que se declare la nulidad del auto de 4 de mayo de 2015 de la Audiencia Provincial por el que se acordaba el sobreseimiento de la causa.
El letrado asegura que creen que “esta es la vía procesal más adecuada para la salvaguarda de los intereses de las familias de las víctimas porque es un cauce legal específico, introducido en 2015, y nos permite poner la decisión en manos de un tribunal superior y distinto del que cometió la vulneración del derecho de las familias de las víctimas a un proceso equitativo, reconocida por el Tribunal de Estrasburgo”.
Gracia ha indicado que para la interposición del recurso de revisión disponen de un año de plazo desde la firmeza de la resolución de Estrasburgo, ya que hasta el 6 de enero el Estado español tiene tiempo todavía para recurrirla.
“En este momento estimamos en tres meses lo que nos va a llevar su preparación, por lo que esperamos poder interponerlo ante el Tribunal Supremo en marzo, si bien solo es una estimación por lo que su interposición podría retrasarse más hasta el plazo de un año”, ha dicho el abogado, quien ha añadido que el pasado 11 de diciembre se dirigió por escrito a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en Teruel para solicitar su apoyo en esta iniciativa.
