Síguenos

120_-1200x150-remamos-b.gif banner click 120 banner 120

EL abogado del acusado, y este en una pantalla más pequeña, intervinieron por videoconferencia ayer en la Audiencia

Un año por colaborar con llevar kurdos en camiones frigoríficos

Juzgado otro implicado en la trama que se descubrió en 2017 en la A-23

La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión a otra persona por el tráfico ilegal de ciudadanos kurdos escondidos en camiones frigoríficos, cuya trama se destapó a principios de 2017 cuando fueron interceptados dos de estos transportes en la autovía A-23 a su paso por la provincia y abrió una investigación el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel. En octubre del año pasado ya se juzgó a siete personas por estos hechos, aunque quedaban dos pendientes de ser localizados al encontrarse en busca y captura. La persona que fue juzgada fue entregada por las autoridades francesas en agosto de este año, y aceptó una pena de 1 año de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La persona juzgada es Ojalan A., de origen iraquí y con permiso de residencia italiano, que era colaborador de la trama que traficaba con personas metiéndolas en camiones frigoríficos para que pudieran entrar escondidas en el Reino Unido y que fue desarticulada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, a principios de 2018, un año después de que se interceptaran  dos de estos transportes a su paso por la provincia y de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel desarrollara una minuciosa investigación que permitió dar con los delincuentes.

Ojalan A. mostró su conformidad con las acusaciones de la Fiscalía, y por tanto reconoció su implicación en los hechos, aceptando la pena de un año de prisión solicitada por el ministerio público. Además, al reconocer los hechos y ser una pena inferior a dos años, la Fiscalía no se opone a la remisión condicional de la pena privativa de libertad que le queda por cumplir.

El acusado está en prisión provisional desde el mes de agosto, primero en el centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, y después en la prisión de Teruel, que es desde donde compareció por videoconferencia, lo mismo que su abogado lo hizo desde su despacho profesional. Este tipo de medidas se están implementando en los juzgados por seguridad por la pandemia del coronavirus, y en la sala solo estaba el tribunal y la fiscal, ya que en este asunto no se personó acusación particular.

Ojalan A. estaba en busca y captura, por eso no pudo ser juzgado en octubre del año pasado junto con otros siete miembros de la trama, a cuyo cabecilla se le condenó a cuatro años de prisión y el resto aceptaron penas entre seis meses y dos años después de que todos reconocieran los hechos y aceptaran un acuerdo de conformidad por el mismo delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La persona juzgada en la Audiencia Provincial -en realidad la vista no tuvo que celebrarse al haber conformidad por parte del acusado tras reconocer los hechos- fue juzgada y condenada en Francia por hechos similares, por eso se desconocía su paradero. Pero al haber una orden europea de detención y entrega, al cumplir su pena de cárcel en el país vecino, las autoridades galas lo entregaron a las españolas en lugar de dejarlo en libertad.

La entrega se produjo a principios de agosto en el Juzgado de guardia de Irún, que se puso en contacto con el de Teruel y este acordó su ingreso en prisión provisional. Al estar instruido el caso y juzgado para los otros implicados, bastó con que el ministerio público calificara los hechos para la celebración del juicio.

Ojalan A. ha reconocido ser colaborador de esta trama durante un periodo de tiempo variable, sobre todo en 2016 y varios meses en los años 2017, que es cuando se interceptaron los dos camiones frigoríficos con inmigrantes kurdos en en Teruel, y en 2018, que es cuando se desarticuló esta red criminal dedicada a trasladar a extranjeros en situación irregular a distintos países europeos, principalmente el Reino Unido.

Lo que hacía el acusado era incitar a otros a participar en estas acciones, favoreciendo con su ayuda y colaboración la ejecución del delito, por el que cobraban grandes cantidades de dinero a los inmigrantes. A estos les retiraban la documentación, les daban alojamiento durante su viaje y los acercaban a los puertos fronterizos y sitios de partida para intentar entrar ilegalmente en el Reino Unido.