Síguenos

432_1200x150-bueno.gif banner click 432 banner 432

416_diariodeteruel-web-banner1200x120-vacunacion2022.png banner click 416 banner 416

435_diario-de-teruel-1200x150.gif banner click 435 banner 435

Un caso de tráfico de drogas investigado en Teruel se salda con una condena de 41 años de prisión en la Audiencia Nacional Un caso de tráfico de drogas investigado en Teruel se salda con una condena de 41 años de prisión en la Audiencia Nacional
La Guardia Civil conduce a un detenido en una de las investigaciones a nivel nacional dirigidas desde Teruel en el 2015

Un caso de tráfico de drogas investigado en Teruel se salda con una condena de 41 años de prisión en la Audiencia Nacional

Juzgados más de una decena de personas por tráfico de estupefacientes
banner click 244 banner 244

Un caso de tráfico de drogas investigado en Teruel por el Juzgado de Instrucción número 3 se ha saldado con una condena de 41 años de prisión en la Audiencia Nacional, donde fueron juzgadas más de una decena de personas por delitos  contra la salud pública, blanqueo de capitales y robo intentado. Se trata de uno de los muchos casos desglosados por este juzgado a raíz de investigaciones por tráfico de drogas en Teruel, que van más allá del menudeo para intentar llegar hasta los principales cabecillas del tráfico de estupefacientes.

La investigación judicial más sonora de estas características fue la que permitió la desarticulación en la primavera de 2015 de un grupo dedicado a introducir droga en España, en la que fueron detenidos 35 narcotraficantes y se consiguieron intervenir 1.500 kilos de cocaína. El asunto juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional que se ha hecho público ahora es por otros hechos diferentes aunque parecidos que tuvieron lugar también a mediados de la década pasada.

Los investigados se dedicaban a traer droga en grandes cantidades a España oculta en contenedores para su introducción ilícita a través de distintos puertos. En total han sido condenadas más de una decena de personas a más de 41 años de cárcel tanto por delitos contra la salud pública como por blanqueo de capitales.

Sentencia

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha del pasado 11 de noviembre, considera probados los hechos delictivos juzgados con la conformidad de las partes al reconocer los hechos. Tal es así que el fallo aplica para todos los acusados la atenuante muy cualificada de confesión tardía y la de dilaciones indebidas, ya que se remontan al año 2014, así como la agravante de reincidencia respecto a tres de las diecisiete personas juzgadas.

La sentencia señala que como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado  de Teruel y Alicante de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento a finales de marzo de 2014 de la existencia de un grupo organizado de personas dedicadas a facilitar y distribuir la entrada en España de cocaína, además de ocultar el dinero obtenido de esta forma ilegal y a aflorarlo para introducirlo en el mercado.

La investigación se centró inicialmente en seis personas y según las pesquisas policiales los miembros de la organización criminal se comunicaban a través fundamentalmente de Blackberrys y utilizaban distintos apodos para ocultar su identidad.

Por un lado había algunos integrantes que actuaban de intermediarios o conseguidores. La sentencia explica que lo hacían “poniendo en contacto personas que disponían de una vía de acceso para introducir sustancias estupefacientes con los responsables de otras organizaciones que necesitaban estas infraestructuras para introducir importantes cantidades de cocaína en nuestro país y asimismo facilitaban el rescate de las sustancias que ya habían sido introducidas en los puertos, actuando fundamentalmente en los puertos de Valencia, Gran Canaria y Algeciras. Otros facilitaban la entrada de la droga por las costas gallegas o tenían conexiones en Sudamérica y contactos en el puerto de Gran Canaria que les permitió la entrada de la cocaína.

Indagaciones

Por otra parte, la sentencia señala que de las indagaciones e intervenciones telefónicas hay indicios de una posible transformación de los beneficios que obtenían de forma ilícita a través de infraestructuras que formaban entre sus propios familiares o allegados, “así como en mercantiles con las que contarían para su posible lavado”.

A 14 de los condenados por los delitos contra la salud pública se les ha impuesto diferentes penas, hasta sumar en total 32 años, además de multas. Los tres principales encausados han sido condenados a tres años y multa de más de 6 millones de euros. Además, a diez se les ha condenado a un total de ocho años y medio y distintas multas que varían de unos a otros, y a dos a un total de cuatro meses de prisión por el delito de robo intentado.

Fue el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel el que inició esta investigación a raíz de otras diligencias, que finalmente desglosó en unas nuevas diligencias previas en 2014 para seguir la instrucción por la presunta comisión de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud cometido en el seno de una organización criminal. Tras practicar esas diligencias y previo informe de la Fiscalía, se acordó la inhibición de las actuaciones a favor de los juzgados centrales de instrucción en el año 2015.

No ha sido el único caso de este tipo cuya investigación se ha iniciado en Teruel, ya que en 2015 la operación Pikpan II, cuyas diligencias previas llevó también a cabo el Juzgado de Instrucción número 3, también permitió el desmantelamiento de un grupo organizado de narcotraficantes con la detención de 35 delincuentes y la intervención de 1.500 kilos de cocaína en una operación policial dirigida desde Teruel. Aquella fue la mayor operación antidroga dirigida desde Teruel, también a partir de unas detenciones por tráfico de drogas en Teruel y la Comunidad Valenciana, que terminó asumiendo la Audiencia Nacional.