Un informe de la Red Española de Desarrollo Rural insta a desarrollar el Mecanismo de Garantía Rural

Un informe de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) insta a desarrollar sin dilación el Mecanismo de Garantía Rural en las políticas públicas, puesto que el medio rural no tiene tiempo para soluciones intermedias. La publicación, titulada Lo rural, ¡escalando posiciones!, reclama un compromiso por parte de todos los actores, desde las administraciones públicas y los partidos políticos a la sociedad en su conjunto, analiza el papel que puede desempeñar cada uno de ellos y hace una serie de propuestas para su materialización.

Esta publicación, que puede descargarse de manera online en la web de la REDR, ha surgido después de que España incorporase a finales del año pasado este concepto, alineándose así con lo que también se denomina como Rural Proofing, en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

La Comunidad Autónoma de Aragón también está un paso adelante con respecto a otros territorios, puesto que antes de que acabara el periodo de sesiones de esta legislatura, el Parlamento autonómico aprobó la Ley de Dinamización del Medio Rural, que deberá desarrollarse a partir de la próxima legislatura y cuyo eje principal es el Mecanismo de Garantía Rural.

Esta metodología, conocida indistintamente por su expresión en castellano como por su término en inglés, lo que busca es revertir la tendencia de la despoblación mediante una revisión de las leyes y políticas públicas desde una perspectiva rural. La REDR ha lanzado esta publicación por entender que para que tenga una aplicación consistente, es necesario que la sociedad en su conjunto, no solo las administraciones públicas, se familiaricen con este mecanismo y se asuma la importancia del mismo.

Documento

A través del documento, desde la Red Española de Desarrollo Rural se aspira a divulgar esta nueva manera de hacer política y planificación a través de los espacios públicos, los medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil en su conjunto para que pueda ponerse de forma práctica lo antes posible.

El informe argumento que “el medio rural no tiene tiempo para soluciones intermedias” y que por el contrario es necesario “un compromiso por parte de todo tipo de actores que permita transversalizar lo rural en nuestras actuaciones y políticas”.

El documento se compone de cuatro partes, la primera de ellas para revisar el origen de este concepto y cómo se ha alineado con las políticas españolas contra la despoblación desde finales del año pasado a raíz de su incorporación a la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Por extensión, ese concepto está recogido en la legislación aragonesa desde marzo de este año que es cuando se aprobó la Ley de Dinamización del medio rural aragonés, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo durante esta legislatura y en la que ha estado trabajando de forma intensa hasta su consecución el Comisionado para la lucha contra la despoblación en Aragón, creado a finales de la anterior legislatura y que ha dejado en esta una herramienta clave para el desarrollo de las políticas frente al reto demográfico.

En una segunda parte del documento se analiza la presencia de lo rural en varias leyes, en el que se advierte de las consecuencias que tiene no adaptar la normativa a la realidad rural, para lo cual se escuchan también las voces del territorio. En la tercera parte del informe se analiza el papel que pueden desarrollar los diferentes actores que confluyen en el medio rural y cómo pueden hacer sus aportaciones, mientras que en el cuarto se sintetizan una serie de demandas que hace la REDR para implementar de forma efectiva el Rural Proofing en España.

Visión etnocéntrica

Uno de los problemas que ha habido, según los autores del informe, ha sido la visión etnocéntrica que ha existido tradicionalmente sobre todo lo que acontece en el medio rural. Señalan a este respecto que en las políticas públicas se ha tenido en cuenta lo rural como sujeto, de manera que lo que se ha hecho ha sido resarcir e indemnizar a estos territorios en lugar de “aprovechar todo su potencial para convertirse o volver a ser áreas mejor desarrolladas y competitivas”. Por eso el Rural Proofing se presenta como una “herramienta práctica para analizar la normativa y luchar contra la despoblación poniendo a la población rural como sujeto protagonista” y por tanto como “sujeto en la generación de legislación y políticas públicas”.

El informe presta una especial atención a la importancia que desde hace tres décadas han tenido en el territorio los grupos de acción rural, los Leader, como verdaderos dinamizadores del mismo y conocedores de su realidad con el objetivo de diversificar la economía del medio rural y generar valor añadido.

Los expertos advierten de las consecuencias que puede tener no ser conscientes de la importancia de incorporar la perspectiva rural en la generación y aplicación de las leyes, puesto que “lo que no se nombra, no existe”, de manera que sus efectos “tampoco se conocen, lo que vuelve imposible su medición y corrección”.

La última parte se centra en pasar de la teoría a la acción, algo clave en iniciativas de este tipo para que no quede todo sobre el papel y en cambio se lleven a la práctica este tipo de políticas con propuestas concretas, para lo cual se expone qué pueden hacer las administraciones y la sociedad en su conjunto para lograrlo.