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Un trámite de extranjería en Teruel lleva a desarticular una red de ámbito estatal Un trámite de extranjería en Teruel lleva a desarticular una red de ámbito estatal
Captura de un vídeo de la Policía Nacional sobre los registros de la operación

Un trámite de extranjería en Teruel lleva a desarticular una red de ámbito estatal

Los delincuentes estafaban a migrantes en situación irregular en España
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Las anomalías detectadas en un trámite de extranjería hecho en Teruel para una reagrupación familiar ha permitido desarticular una red a nivel estatal que se dedicaba a estafar a migrantes en situación irregular en España, según informó este lunes la Policía Nacional. La operación ha culminado con un total de 12 detenidos en las provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y Barcelona. Los delincuentes ofrecían trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros.

El entramado criminal desarticulado se dedicaba, presuntamente, a estafar migrantes que estaban en situación irregular y a los que ofrecían trámites falsos de residencia a cambio de cantidades que podían ascender hasta los 8.000 euros. También emitían falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, con lo que hacían creer a las víctimas que estaban en proceso de regulación legal.

El desmantelamiento de este entramado criminal ha culminado con la realización de seis registros domiciliarios y 12 detenidos, 5 de ellos en Guadalajara, 4 en Madrid, 2 en Toledo y uno en Barcelona.

La investigación llevó a los agentes varios meses y el detonante fue una solicitud detectada en la provincia de Teruel. Según informó la Policía Nacional, las averiguaciones comenzaron en octubre del año pasado en Teruel cuando se detectó una solicitud de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar que no contaba con el correspondiente certificado de inscripción de pareja. Además, se constató que se habían presentado ciertos documentos que podrían haber sido falsificados.

A raíz de este hallazgo, la Policía identificó decenas de trámites administrativos de extranjería en distintas provincias del país, en los que se constató que varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento. El objetivo era beneficiar a extranjeros en situación irregular. La Policía indicó que estas personas fueron víctimas de engaños y estafas posteriores.

Entre los hechos más relevantes de esta operación está la implicación directa de un funcionario del ayuntamiento de un municipio de la provincia de Toledo quien, presuntamente, facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos, alteraba datos en registros oficiales y asesoraba a la organización sobre cómo simular arraigos y empadronamientos falsos.

La colaboración de esta persona habría sido esencial para el funcionamiento de la red, proporcionando una vía directa para dar apariencia de legalidad a trámites fraudulentos. La trama hacía uso de los datos obtenidos en bases de datos de acceso exclusivo a funcionarios, para posteriormente emplearlos en la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular a cambio de elevadas sumas de dinero.

La red criminal tenía como objetivo principal captar a migrantes que carecían de permisos de residencia, ofreciéndoles supuestas vías de legalización a través de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como arraigo social, laboral o familiar. Para ello, los responsables de la organización elaboraban expedientes falsos en los que simulaban vínculos laborales o familiares inexistentes y elaboraban documentación fraudulenta para presentar ante las administraciones públicas.

A las víctimas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad por encontrarse en un país que no es el suyo y con escaso conocimiento del marco jurídico, se les cobraban cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite.

La organización operaba en varias provincias, manteniendo una red estructurada de captación y derivación de clientes, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Uno de los métodos más frecuentes era la falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, que eran vendidos hasta por 1.000 euros la unidad. Estos documentos son los que se entregan habitualmente cuando se inicia un proceso de solicitud de asilo, pero era completamente falso sin validez alguna. Lo utilizaban para dar tranquilidad a las víctimas, que creían de esta manera estar protegidas frente a posibles órdenes de expulsión.

Los agentes constataron que los miembros del grupo criminal aprovechaban sus conocimientos en materia legal y administrativa para simular asesorías jurídicas y facilitar instrucciones sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados. Les llegaban a proporcionar incluso guiones y directrices sobre qué declarar ante funcionarios de policía o de la oficina de extranjería. Junto a las detenciones se han incautado13.670 euros en dinero en efectivo, varios dispositivos electrónicos, discos duros y numerosa documentación.