Unanimidad para que Aragón deje de ser el “pagafantas” con los servicios de tren

Las Cortes de Aragón aprobaron en el pleno de esta semana por unanimidad la Proposición no de Ley (PNL) presentada por Chunta Aragonesista para instar al Gobierno central a que Renfe asuma el coste de todos los servicios ferroviarios que discurren por la Comunidad Autónoma, para que el Ejecutivo aragonés no tenga que destinar 4,3 millones de euros anuales de sus recursos a financiar los que el Ministerio de Fomento no reconoce como obligación de servicio público. Traducido al román paladino, como dijo el diputado de CHA Gregorio Briz, que el Estado levante ya a Aragón “el veto de pagafantas”.

La línea de Teruel es una de las afectadas por esta situación puesto que los trenes que cubren el servicio entre la capital turolenses y la zaragozana a primera hora de la mañana y última de la tarde, lo mismo que en sentido Valencia, no están reconocidos como obligación de servicio público y los financia el Gobierno de Aragón. En total son 22 servicios a la semana, 14 de ellos entre Teruel y Zaragoza en ambos sentidos, y 8 hacia Valencia también en las dos direcciones, aunque solo se costean hasta Caudiel.

El debate de esta propuesta, registrada en las Cortes de Aragón antes de que se activara la moción de censura que echó del Gobierno central a Mariano Rajoy (PP) para colocar como presidente a Pedro Sánchez (PSOE), estuvo cargada de ironía por esa circunstancia, ya que CHA es socio de gobierno de los socialistas en el Ejecutivo aragonés.

Al inicio de su intervención, Briz defendió con vehemencia que su partido no era una veleta, con independencia de que formara parte de la coalición de gobierno en Aragón, por lo que aseguró que igual que la iniciativa se presentó cuando era todavía ministro de Fomento el popular Íñigo de la Serna, la mantenían ahora cuando al frente de la cartera estaba el socialista José Luis Ábalos.

Fueron los diputados de Ciudadanos, Jesús Esteban Sansó, y del PP, Javier Campoy, los que más cargaron las tintas contra Gregorio Briz. El primero le invitó a seguir “pagando fantas”, de limón, naranja “y lo que haga falta”, pero a cambio de que el Gobierno de Aragón presente de una vez el nuevo mapa concesional de transporte por carreteras y las nuevas directrices de movilidad. CHA está al frente del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

Por su parte, el diputado del PP, Javier Campoy, con quien Briz ha tenido largos e intensos debates en materia ferroviaria y de transporte no solo en esta legislatura sino en la anterior, manifestó que se había quedado “perplejo” al escucharle en la tribuna y le dijo que “en política lo importante no es tener razón sino que se la den a uno”. 

Además, señaló al diputado de CHA como uno más del PSOE, por lo que confió en que pronto anunciase con el nuevo Gobierno central que “todas las reivindicaciones” en materia de transportes “están solucionadas”.

Briz, a quien le recordaron su “trazabilidad” en asuntos ferroviarios en las comisiones de Obras Públicas y Vertebración del Territorio, replicó negando que fuese “monaguillo de nadie” y aclaró que lo único que había hecho siempre era “defender Aragón” y a su partido porque son “autonomistas” y “no tenemos ningún patrón en Madrid”.

El debate se centró en esos rifirrafes cargados de ironía, porque al margen de ello todos los grupos estuvieron de acuerdo en reclamar al Gobierno de España que se haga cargo de todos los servicios ferroviarios que discurren por la Comunidad Autónoma al entender que son de su competencia, aunque la oposición aprovechó el debate también para pedir al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que concrete de una vez por todas sus planes de movilidad en la Comunidad Autónoma.

Al final lo importante, que era reclamar al Gobierno central que asuma el coste de todos los trenes que circulan por Aragón, salió adelante al votar todos los grupos a favor de la Proposición no de Ley de CHA. Y era la primera vez que lo hacían de manera unánime, porque en la pasada legislatura una iniciativa similar no fue respaldada por el PP, cuando este partido gobernaba tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado. Fue el 7 de marzo de 2013.

Contrato con Renfe

El asunto regresó  a las Cortes de Aragón porque en diciembre pasado el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo sobre las nuevas obligaciones de servicio público ferroviarias, que son las que el Estado se compromete a mantener a través de un contrato con Renfe. Son las mismas para Aragón que las aprobadas en 2012 por primera vez, pero se refieren a relaciones completas, no a trayectos que cubran solo una parte de ese recorrido.

En el caso de la provincia, la relación declarada obligación de servicio público por el Consejo de Ministros es Zaragoza-Teruel-Valencia. Por eso no incluye los trenes que solo cubren el trayecto Zaragoza-Teruel y Teruel Caudiel (aunque en este último caso después continúan hacia Valencia).

Casos similares se dan en el resto de la Comunidad Autónoma, por lo que el Gobierno de Aragón viene reclamando al central desde principios de esta legislatura que el coste de esos servicios también lo debería asumir Renfe, puesto que discurren por lo que son las relaciones reconocidas como obligación de servicio público.

Por ese motivo, a finales de 2015 el Gobierno de Aragón se negó a prorrogar el convenio que existía con Renfe, a través del cual la Comunidad Autónoma pagaba 4,3 millones de euros al año para mantener estos servicios no reconocidos como obligación pública por el Estado. Renfe llegó incluso a dejar de vender billetes, en previsión de suprimirlos a partir del 1 de enero de 2016 al no renovarse el convenio, pero al final se mantuvieron a la espera de que ambos gobiernos pudiesen llegar a un acuerdo.

Ese acuerdo no llegó y el Gobierno de Aragón tuvo que pagar los más de 4 millones de 2016 con cargo al presupuesto de 2017, mientras que ahora tiene pendiente de liquidar la misma cantidad correspondiente al ejercicio del año pasado. En el caso de Teruel, esos servicios son los que se prestan con los denominados “tamagochis”, que tantos problemas causan por las averías debido a que es una maquinaria completamente obsoleta.

La iniciativa aprobada  en las Cortes pretende respaldar al Gobierno de Aragón en su pretensión de que sea el Estado quien asuma por completo esos servicios. Por ese motivo, el Parlamento aragonés instó a través de la PNL a que se realicen ante el Gobierno de España cuantas gestiones se consideren oportunas “para que en el futuro contrato de servicio público, a formalizar con Renfe Viajeros S.A., se incluyan todos y cada uno de los servicios prestados sobre relaciones ferroviarias declaradas obligación de servicio público que afectan a Aragón (Zaragoza-Arcos de Jalón, Zaragoza-Jaca- Canfranc, Zaragoza-Caspe, Zaragoza-Monzón-Lleida y Zaragoza-Teruel-Valencia) y, en particular, todas las circulaciones de los siguientes servicios: Zaragoza-Lleida, Zaragoza-Teruel-Caudiel, Caspe-Fayón, Zaragoza-Calatayud-Ariza y Huesca-Jaca”.

Que la DGA "espabile"

Todos los grupos de las Cortes de Aragón respaldaron la iniciativa de CHA, lo que supondría no tener que desembolsar anualmente los 4,3 millones de euros que debe pagar la DGA a Renfe por varios servicios, entre ellos 22 de la línea de Teruel.

“No hay ser que pueda entender esto”, se quejó Gregorio Briz (CHA) al defender su propuesta, a la vez que apeló a que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sepa responder a esta demanda por ser valenciano y estar más sensibilizado supuestamente.

No obstante, desde la oposición aprovecharon el debate para pedir a la DGA que espabile sobre su política de movilidad. Javier Campoy (PP) pidió al gobierno PSOE-CHA que trabajen porque en materia de transportes y carreteras “ni están ni se les espera”. Esteban Sansó (Cs)  les urgió también a hacerlo porque sin el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros no se puede planificar la movilidad en Aragón.

Fernando Sabés (PSOE) aseguró que el anterior ministro se negó a negociar; Marta Prades (Podemos) pidió que se trabaje en Madrid en esa línea y “no para dar continuidad al bipartidismo”; y Berta Zapater (PAR) echó en falta los compromisos de Vertebración del Territorio con la intermodalidad del transporte que siguen sin verse.