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José Manuel Salvador (derecha), con el consejero de Vertebración, José Luis Soro (izquierda) en una fotografía de archivo

Vertebración del Territorio, partidaria de incentivar a funcionarios que vivan en territorios despoblados

La medida, planteada por la Consejería de la DGA, pretende también facilitar el teletrabajo

La Dirección General de Ordenación del Territorio del Departamento de Vertebración Territorial de la DGA es partidaria de incentivar a los trabajadores de las administraciones públicas que fijen su residencia en zonas despobladas, facilitándoles además el teletrabajo, la valoración en concursos y otro tipo de incentivos. Es una de las propuestas que el director general, José Manuel Salvador (CHA), ha hecho para que se tengan en cuenta en la redacción de la futura Ley de Dinamización del Medio Rural que pretende aprobar el Ejecutivo aragonés en las Cortes de Aragón para impulsar el desarrollo de las zonas despobladas y frenar esta tendencia.

La propuesta está recogida en el documento de aportaciones que Ordenación del Territorio ha hecho para la elaboración de dicha ley, dentro del proceso consultivo realizado como fase previa a la redacción del proyecto de ley, y en el que también han participado otros colectivos sociales y ciudadanos como las organizaciones empresariales y algunas ONGs asentadas en estos territorios, como es el caso de Apadrinaunolivo de Oliete.

El documento con las consideraciones hechas por el director general de Ordenación del Territorio aboga por tener en cuenta lo que ya existe, tanto en materia normativa como organizativa a través de los grupos de acción local, al igual que la cogobernanza desde el propio territorio.

La Ley de Dinamización del Medio Rural es un compromiso de legislatura asumido por el presidente aragonés, Javier Lambán, al inicio de la misma, cuyo objetivo es establecer una serie de mecanismos de promoción, desarrollo y dinamización del medio rural, que garanticen los servicios mínimos básicos esenciales a quienes habitan en estos territorios rurales, para garantizarles la igualdad de oportunidades acorde con una adecuada cohesión económica y social.

Pretende ser un instrumento de lucha contra la despoblación  enfocado desde un planteamiento en positivo, incidiendo en las posibilidades de todos los territorios e interviniendo legislativamente en aquellas cuestiones que se consideren necesarias para impulsar su desarrollo.

La DGA finalizó el mes pasado un proceso consultivo abierto a toda la población para recabar ideas y propuestas que poder incorporar a la futura ley. En total se recibieron 29 aportaciones y la Dirección de Ordenación del Territorio hizo también una serie de consideraciones.

Entre las mismas destaca esa propuesta de incentivar a los funcionarios y trabajadores públicos que se asienten en el territorio para vivir en zonas despobladas, unido al impulso del teletrabajo, algo que la Administración se ha visto forzada a reconocer ahora debido a la pandemia del coronavirus.

Estos incentivos venían demandándose desde hacía tiempo por diferentes colectivos ciudadanos y organizaciones sociales que trabajan en la lucha contra la despoblación, pero es la primera vez que una propuesta de este tipo emana de la propia Administración; eso sí, como sugerencia de cara a la elaboración de la futura ley para que se tenga en cuenta en el anteproyecto que se haga antes de su aprobación por parte del Gobierno de Aragón para su remisión después a las Cortes.

La propuesta

En concreto, la consideración que en este sentido hace José Manuel Salvador, que procede del medio rural y es bien conocedor de la lucha contra la despoblación y del trabajo que hacen los grupos de acción local, está planteada en los siguientes términos: “Incluir una política de incentivos a los trabajadores de las administraciones públicas que fijen su residencia en los territorios de baja densidad (territorios rurales): facilitar el teletrabajo, valoración en concursos, otros incentivos, etc”.

En el documento con las consideraciones hechas por el director general de Ordenación del Territorio, al que ha tenido acceso este periódico, se plantea la necesidad de tener en cuenta dieciséis criterios en el futuro texto legal, además de hacer una serie de consideraciones sobre los instrumentos que en los últimos años ya se han ido aprobando con la misma finalidad de impulsar el desarrollo del medio rural, como son la EOTA(Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón) y la Directriz de Política Demográfica.

En este sentido, una de las consideraciones que hace el director general de Ordenación del Territorio es que en la nueva ley se incorporen aquellas cuestiones que no pueden ser abordadas con los mecanismos normativos que ya existen, como las cuestiones fiscales.

Salvador plantea también que no se incluyan en la ley figuras de planificación que ya existan a través de otras normativas en marcha como las Directrices Territoriales o los Programas de Gestión Territorial, y propone “hacer hincapié en cuestiones de cooperación y coordinación entre las administraciones públicas en aquellas materias que tengan una incidencia territorial”, es decir, que se potencie la cogobernanza.

Incide por otra parte en incorporar, “con fuerza legal”, los instrumentos de ordenación territorial que existen, como la estructura del sistema de asentamientos, el índice sintético de desarrollo territorial y el índice sintético de sostenibilidad, como herramientas para evaluar los niveles de desarrollo de cada territorio y ser tenidos en cuenta para la cohesión territorial.

Desarrollo de fondos

El desarrollo del Fondo de Cohesión Territorial y la revisión de otros fondos, así como atender las ofertas mínimas de servicios en función de la población que tienen los pueblos en cada momento, y revisar los modos de “medir” la población son cuestiones que debería recoger también la ley. En este sentido, comenta como ejemplo la repercusión que tiene la población estacional en los municipios y la necesidad de proporcionar los servicios suficientes cuando esto se produce.

La atención a las personas mayores y a la oferta comercial, con especial apoyo a iniciativas como los multiservicios, son propuestas que igualmente desarrolla en sus consideraciones el director general de Ordenación del Territorio, lo mismo que financiar la movilidad en las zonas de baja densidad y los servicios de banda ancha para que todos tengan acceso a ellos pese a no ser rentables para las compañías que los explotan.

Otras cuestiones recogidas en sus propuestas están enfocadas a la integración de los inmigrantes en el medio rural, además de tener en cuenta los efectos de la estacionalidad de la demanda, al igual que definir políticas que promuevan el desarrollo económico desde las centralidades del territorio, es decir, las capitales comarcales y otro tipo de centralidades. Y en todos los casos garantizando el mantenimiento de los servicios públicos e incentivando la localización de empresas, además de promover los contenidos de la EOTA y de la Directriz Especial de Política Demográfica con todas las posibilidades que ofrecen.

Flexibilizar la normativa y adaptarla a las realidades de las zonas rurales

Algo en lo que inciden las propuestas hechas por el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, a la futura Ley de Dinamización del Medio Rural, es la necesidad de que exista un mecanismo de garantía rural en todo lo que se haga y legisle, para ver el impacto que puede tener en estos territorios.

En concreto, aboga por “flexibilizar la normativa en varios sectores y adaptarla a la realidad del medio rural, además de fomentar los territorios rurales inteligentes”, con especial atención en la “necesidad de la revisión legislativa que identifique y evite obstáculos para el desarrollo rural, implantando el ‘rural proofin’ o mecanismo rural de garantía, una recomendación esencial recogida en la Declaración de Cork 2.0”.

La cogobernanza y el fomento de la participación local es otra de las cuestiones en las que pone énfasis, fomentando para ello la participación local y la coordinación, “incluyendo planes estratégicos de dinamización”. Por ello desde la Dirección General recuerda que ya existen en el territorio iniciativas que pueden afrontar esa tarea, como son los Grupos de Acción Local, que además de gestionar los Leader y otros fondos y programas, son los que promueven con sus acciones el desarrollo sostenible de sus territorios de actuación. En este sentido, señala que la filosofía de los Leader y de los Grupos de Acción Local existentes “son un buen instrumento de trabajo”.