El contrato del agua de Andorra se licitó pese a que tenía un informe desfavorable del IAA

El contrato para la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Andorra, que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), se licitó pese al informe desfavorable que había emitido el Instituto Aragonés del Agua (IAA). Aunque este dictamen no era vinculante, sí era preceptivo, es decir, debía incorporarse al contrato por requerimiento normativo.

El organismo autonómico informó desfavorablemente del contrato de concesión de agua porque no se había incorporado el preceptivo “Informe sobre revisión de tarifas de suministro de agua potable a poblaciones”, por lo que el servicio jurídico del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente adujo deficiencias en la documentación incorporada. Entre otras cuestiones, no se aportaba el estudio económico que justificara los costes del servicio ni tampoco se incorporaban bonificaciones por motivos de interés social.

El contrato, según esta resolución, no justificaba la subida de precios y costes, ni tampoco acreditaba cómo se pretendían cubrir los costes del servicio con la subida de tarifas para cumplir con el principio de recuperación de costes. Tampoco figuraban bonificaciones por interés social que están recogidas en la Ley 9/2016 de reducción de la pobreza energética  ni en la Ley 10/2016 de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en Aragón. Un tercer motivo se refería a que debía realizarse una revisión del impacto de la energía en la política de precios y en la retribución del contratista.

Aunque el contrato fue informado favorablemente por la intervención del Ayuntamiento de Andorra, el documento de fiscalización municipal observaba que “el órgano de contratación deberá motivar razonablemente su decisión, dado el carácter negativo del informe emitido por el IAA respecto de la revisión de tarifas”. Si bien no se trataba de un motivo “suspensivo”, según la intervención municipal, ésta añadía que el hecho de que el informe no fuera vinculante no suponía que el órgano decisor tuviera total libertad de resolver, ya que “será necesario motivar los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos”.

Suspensión del Tacpa

El contrato de concesión del agua se sacó a información pública en abril. Tal y como informó este periódico en su edición de este viernes, esta misma semana, el Tacpa lo ha suspendido, después de los recursos especiales interpuestos por las empresas Aquara Gestión ciclo integral de Aguas de Aragón SA y Aqlara Ciclo integral del agua, que, entre otras cuestiones, aducen la vulneración de la ley de contratos del sector público.

Las empresas argumentan  que no se ha publicado la memoria justificativa, los criterios de valoración de las ofertas y justificación de los criterios de solvencia. Añaden que se ha infringido la normativa de contratación en la definición de los criterios de adjudicación, se ha calculado el valor estimado del contrato de manera deficiente, vulnerado los principios sobre determinación real del precio y de recuperación de los costes y que en los criterios publicados no se especifican de manera suficiente las inversiones en mejoras a cargo del adjudicatario. Además, Aquara apunta que las cláusulas 36 y 37 del pliego son contradictorias, mientras que Aqlara, por su parte,  considera que la cláusula 11 establece umbrales de saciedad injustificados para tres de los criterios objetivos establecidos.

Aunque el Ayuntamiento de Andorra se ha opuesto a la suspensión del procedimiento y a los dos recursos, el Tacpa ha estimado “necesario” interrumpir cautelarmente el procedimiento con el fin de “impedir perjuicios de difícil reparación” que acarrearía seguir con la licitación del contrato.

Reacción en la oposición

Los grupos municipales que votaron en contra en el pleno de abril de que licitación saliera adelante, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU), señalaron que la suspensión del Tacpa se veía venir. La portavoz del PP, Silvia Quílez, recordó que su grupo se posicionó en contra a la vista del informe desfavorable del IAA al que hacía referencia en su documento de fiscalización la intervención municipal.

“Nosotros consideramos que era mejor esperar a que hubiera un informe favorable y no tirar adelante con el riesgo de que se paralizara el procedimiento, ya que esta situación en la que nos encontramos puede provocar que haya que volver a publicar la estructura de costes”. En opinión de Quílez, “en el momento en el que hay un informe desfavorable, las empresas que se presentan a la licitación tienen muchas armas para poder alegar, como ha pasado”. En este sentido, defendió que “lo más razonable era haber esperado y lo advertimos en las comisiones informativas, donde solicitamos la subsanación de los errores; volvimos a pedirlo en el pleno en el que se aprobó licitar el contrato”.
La consecuencia que los populares creen que acarreará esta situación es “el alargamiento del proceso”, apuntó la portavoz del PP.

Por su parte, David Villanueva, concejal de IU, recordó que en la sesión plenaria del mes pasado “se nos tildó de alarmistas, al votar en contra de seguir adelante con el procedimiento, porque había un informe negativo del IAA”.
Para IU, esta situación “tan solo viene a reafirmar la crónica de una muerte anunciada en la que han pasado cuatro años de teórico trabajo, cuando se ha gastado una partida enorme para realizar un estudio técnico que ha terminado con una ratificación de que el proceso ha sido una calamidad”. En opinión de Villanueva, el equipo de gobierno de Andorra “se ha precipitado en aras de realizar una supuesta adjudicación previa a las elecciones” (el contrato ya se sacó una vez a licitación y tuvo que paralizarse por estar los precios desfasados). Asimismo, el edil lamentó que para explicar la suspensión cautelar del contrato y del procedimiento administrativo de licitación “no se ha convocado ni  una junta de portavoces”, algo que “demuestra el nulo talante que el equipo de gobierno ha tenido con la oposición durante toda la legislatura".

Por su parte, el concejal de Elijo Andorra, Antonio Donoso, afirmó que “los pliegos son ambiguos y si lo señala el Tacpa poco más hay que decir, solamente que el  equipo de gobierno PSOE-PAR no dice la verdad en esta cuestión, y que el contrato no es impoluto, a diferencia de lo que dice el alcalde, Joaquín Bielsa’. Donoso añadió que “en el pleno de abril ya se puso de manifiesto que había un informe en contra”, así que “nos encontramos ante una mas del desgobierno PSOE-PAR”, enfatizó el concejal.