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Los abogados de las familias de víctimas del caso Bell 407, partidarios de reclamar ante el Ministerio de Justicia Los abogados de las familias de víctimas del caso Bell 407, partidarios de reclamar ante el Ministerio de Justicia
El helicóptero Bell 407 de la brigada helitransportada de Alcorisa cayó en el año 2011

Los abogados de las familias de víctimas del caso Bell 407, partidarios de reclamar ante el Ministerio de Justicia

Estudian presentar una demanda de responsabilidad patrimonial al no ver viable otro recurso ante el Supremo

Los abogados de los familiares de las víctimas del accidente del helicóptero Bell 407 de la brigada helitransportada de Alcorisa, que provocó la muerte de seis personas en marzo de 2011, son partidarios de presentar una demanda ante el Ministerio de Justicia por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en este caso. Los letrados dan por agotadas otras vías con las que han intentado reabrir las diligencias tras la sentencia favorable del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una vez que la Audiencia Provincial ha decidido archivar definitivamente la causa al haber prescrito la responsabilidad criminal de los delitos investigados debido al tiempo transcurrido.

Uno de los letrados del despacho Alegato Abogados, que ha llevado todo este proceso, Jorge Cuadra, indicó ayer que tras haber estudiado el auto de la Audiencia Provincial por el que se archivan definitivamente las diligencias, no ven opción alguna de recurrir ya ante el Tribunal Supremo.

“No existe esa viabilidad, a nivel interpretativo no es posible ni viable, ni hay esperanzas de que pudiera prosperar”, comentó Cuadra, quien precisó que tienen que hablar con todos sus representados para tomar esa decisión, pero que ellos no ven ya posibilidad alguna de seguir pleiteando ante la Administración de Justicia tras el archivo definitivo.

Recurso

Aunque son partidarios de no recurrir, sí se muestran proclives a presentar una demanda ante el Ministerio de Justicia por lo que ha ocurrido con este caso, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón en el otoño de 2020, pero después no ha habido forma de reabrir el caso. Plantearán por ello a las familias la posibilidad de emprender acciones contra el Ministerio de Justicia.

Cuadra explicó que si así lo deciden los familiares de las víctimas, ejercerán una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Justicia por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. El letrado indicó que se trata de una reclamación administrativa ante esta institución, que en caso de denegarse habría que recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El abogado precisó a este respecto que no es tanto por la indemnización que pudiera conseguirse por ese funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino por que se reconociese “que hubo un error en el proceso y esto ha provocado que no se pueda continuar con la intrucción, y por lo tanto que no se pueda averiguar quiénes han sido los últimos responsables”.

El plazo para presentar esa reclamación es de un año, si bien Cuadra indicó que si se llega a ese acuerdo con las familias para seguir por esa vía, “no lo demoraríamos”.

Diez años

Tras un proceso tan largo de más de diez años y después de que el Tribunal de Estrasburgo les diera incluso la razón, Cuadra comentó que si bien en el día a día no han dejado de trabajar para intentar la reapertura del caso, una situación así “genera mucha desesperanza en el sistema, evidentemente, y aunque te dé la alegría de que te reconozcan que ha habido un error que se puso de manifiesto en las diferentes instancias, y que finalmente te lo reconoce un tribunal supranacional, si el objetivo no se logra genera bastante frustración en las familias de las víctimas”.

La investigación judicial fue archivada provisionalmente en 2013, pero en diciembre del año siguiente el Juzgado instructor acordó reabrir la causa cuando se tuvo conocimiento del informe final de la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), en el que se concluía que el fallo mecánico que provocó el accidente se debió a que no se ajustó una pieza como obligaba hacerlo un boletín de seguridad. De haberse cumplido lo establecido en ese boletín, la pieza no se habría desajustado y no hubiese tenido lugar el fatídico accidente.

Tras la reapertura, la Audiencia Provincial la revocó y volvió a archivarlo. Los recursos a este fallo judicial llegaron hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dio la razón a la viuda de una de las víctimas al considerar que se violó el derecho a un juicio justo. Tras eso, y varios recursos, el último auto de archivo definitivo de la Audiencia reconoció que “se extralimitó”, si bien resolvió que no podía reabrirse al haber quedado extinguida la responsabilidad criminal tras haber pasado más de diez años desde que tuvieron lugar los hechos.

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