Massalió Viu denuncia la “injusticia” de la nueva tasa de residuos y cuestiona su equidad

La aprobación en el último Consejo Comarcal del Matarraña de la nueva tasa única de residuos -que elevará el recibo doméstico hasta 165 euros anuales por vivienda a partir de 2026, frente a los 123 euros que pagaban algunos municipios- ha generado cierto debate en la zona. La medida salió adelante con los votos del PP (equipo de gobierno), Teruel Existe y CHA, mientras que el PSOE optó por la abstención y el PAR se posicionó en contra. Paralelamente, desde Massalió Viu, formación de la oposición municipal en Mazaleón, se han difundido ciertas críticas al respecto en las que se cuestiona la equidad del modelo y se acusa a la comarca de “perjudicar a los municipios pequeños y a quienes reciclan más”.

Por su parte, el equipo de gobierno comarcal, que ostenta mayoría absoluta en la institución, rechazó esas acusaciones en una nota de prensa e insistió en que la ordenanza es el resultado “de un proceso de trabajo técnico, participado y asumido voluntariamente por todos los ayuntamientos del territorio”.

Comunicados

El comunicado de Massalió Viu cuestiona el incremento del recibo doméstico, al considerar que la subida hasta 165 euros “no tiene comparativa razonable” con otros municipios de su entorno. El grupo insiste en que la normativa no contempla bonificaciones sociales para pensionistas que viven solos, pese a que su producción de residuos es menor y su situación económica más ajustada.

El eje principal de la crítica, sin embargo, se dirige a la equiparación tarifaria entre municipios con Porta a Porta y los que trabajan con quinto contenedor. La agrupación considera que tratar por igual a quienes reciclan con mayor esfuerzo y a quienes no separan del mismo modo “desincentiva el reciclaje” y “rompe la solidaridad territorial”. Defiende que en Mazaleón existe un compromiso cotidiano con la separación de residuos -incluidos eventos y festividades- que no se ve reflejado en un trato diferencial.

También carga contra el tratamiento fiscal del sector turístico, que a su juicio “no se ajusta” al volumen real de generación de residuos. Según sus cálculos, la relación entre la tarifa de una vivienda y la de un alojamiento de más de 50 plazas es “incongruente” y genera la impresión de que “los municipios menos turísticos acaban sufragando los costes de los más visitados”.

La agrupación concluye anunciando que solicitará formalmente la retirada inmediata de la modificación aprobada y que, si la Comarca no revierte la ordenanza, propondrá en el pleno del Ayuntamiento de Mazaleón “la desvinculación del municipio de la Ordenanza Fiscal Comarcal”.

Desde Presidencia de la comarca recuerdan que todos los ayuntamientos -incluido Mazaleón- aprobaron en pleno, por iniciativa propia, delegar la gestión y aplicar una tasa única, sin imposición alguna. El ejecutivo comarcal subraya además que el diseño final de tarifas no responde a un cálculo improvisado, sino a un acuerdo trabajado por una comisión con alcaldías del PSOE, PAR, PP y Teruel Existe, y con invitación a CHA.

El equipo de gobierno matiza que el servicio es de carácter obligatorio y que la normativa estatal (Ley 7/2022 de residuos) impide establecer diferencias basadas en edad, renta o grado de ocupación de la vivienda. Sobre el modelo Porta a Porta, recuerdan que su coste es más elevado “por requerir más personal” y que, durante años, los municipios sin este sistema han contribuido solidariamente a financiarlo pese a no usarlo. Desde Presidencia insisten en que reciclar es un hábito que no decae por cuestiones tarifarias y advierten de que conceptos como “solidaridad” o “vertebración territorial” no deberían utilizarse “con fines partidistas”. Que a Massalió Viu les parezca “mucho, poco o escaso” -dice la nota de prensa- lo que paga el sector turístico “es una mera opinión, como la que puede expresar cualquier vecino o asociación cultural, sin que ello reste valor a lo que representa el turismo para la Comarca del Matarraña, ampliamente conocido por la opinión pública”.

Opiniones durante el consejo

Los consejeros del PAR, que se opusieron a esta nueva medida, aseguraron que la tarifa igualitaria “no contempla realidades económicas y poblacionales muy distintas” y que la aplicación homogénea “perjudica especialmente a los municipios más pequeños”. Explicaron a posteriori que un autoservicio o un bar en una localidad con escaso turismo no puede asumir las mismas tarifas que un establecimiento equivalente en un municipio mayor, donde la actividad y la generación de residuos son significativamente más altas. El partido lamentó que el proceso se haya cerrado “demasiado rápido”, que no se hayan celebrado más reuniones técnicas.

El PSOE coincidió con el equipo de gobierno en que la tasa única está “técnicamente justificada” y que los números responden al equilibrio entre ingresos y gastos del servicio. Por ello no votó en contra. No obstante, la formación se abstuvo porque echa en falta una hoja de ruta que marque cómo avanzar hacia un mismo modelo de recogida y “evite conflictos” entre quienes ya reciclan con el Porta a Porta y quienes aún no disponen del mismo.

Por su parte, CHA respaldó la ordenanza porque, como recalcó su consejero, una tasa debe reflejar estrictamente el coste del servicio. La formación considera que 165 euros al año, desglosado en el servicio diario de recogida, “supone una cifra razonable”.