Teruel Existe tiene esperanza todavía de que el Clúster energético pueda ser paralizado

El movimiento ciudadano Teruel Existe tiene esperanza de que el Clúster del Maestrazgo todavía pueda ser paralizado, al haber pasado un año de su autorización por el Consejo de Ministros y no haberse iniciado todavía las obras ante los frentes judiciales que hay abiertos y la oposición cada vez mayor desde diferentes colectivos sociales. Representantes del grupo de energía de esta plataforma hicieron balance este miércoles del último año sobre esta cuestión, que aseguraron que ha sido “convulso” para los promotores, además de denunciar presiones a los propietarios de los terrenos y campañas desinformativas.

Mariano Tomás y Jesús Villamón, portavoces del grupo de energía y medio ambiente del movimiento ciudadano Teruel Existe, ofrecieron este miércoles una rueda de prensa al haberse cumplido el pasado 23 de julio un año de que el Consejo de Ministros diera la autorización administrativa al Clúster del Maestrazgo.

Pese a haber pasado ya doce meses, y pese a que todo parecía apuntar al principio la inmediata instalación del parque por parte de la empresa, la multinacional danesa CIP, que compró los derechos obtenidos por Forestalia, no se han iniciado todavía los trabajos de construcción y por el contrario la respuesta social se ha incrementado, dijeron los dos representantes de este colectivo.

Ambos consideraron que este caso se ha convertido en un claro ejemplo de “rapto de políticas públicas” que afecta a los dos partidos que históricamente se han alternado en el poder político, el PSOE y el PP, un bipartidismo, dijeron, que “legisla y toma decisiones en favor de empresas gasísticas, energéticas, de lobbies” que van “en detrimento del bien común de los españoles”.

Tras un año que calificaron de “convulso” para los promotores porque se han incrementado los frentes judiciales y la “resistencia social”, incidieron en que no se han iniciado todavía las obras, “faltan por firmar gran parte de los propietarios y no se han recibido aún compensaciones. Insistieron además en denunciar “las presiones a los propietarios y no se han recibido aún compensaciones”.

Indicaron, ante el interés mostrado por los medios por saber qué plazo tiene la empresa para construir el Clúster, que el permiso de acceso a la Red de transporte para este proyecto en la subestación de Morella se obtuvo el 29 de julio de 2019. Apuntaron que esto implica “que tienen que tener en un plazo de ocho años la autorización administrativa para la explotación de las instalaciones, que se consigue con los parques ya ejecutados y puestos en servicio”.

Argumentaron que un año después del acuerdo del Consejo de Ministros y sin que se hayan iniciado las obras, es ahora cuando se han anunciado las primeras expropiaciones para la línea de evacuación a Morella, aunque de momento solo afectan a la provincia de Castellón.

“Que no haya expropiaciones en Teruel hace que mantengamos la esperanza, porque quizá significa que no están muy convencidos de que el proyecto salga adelante”, dijo Mariano Tomás.

Falsedades y medias verdades

Frente a esta realidad, manifestaron que durante el último año tanto CIP como la Asociación Viento Alto lo que han hecho ha sido “sembrar falsedades y medias verdades” en los medios de comunicación, cuando hicieron ver que el proyecto estaba maduro, “pero visto el desarrollo a estas fechas, nos surgen muchas dudas de que fuera así”.

Constataron que pese a los anuncios sucesivos del inicio de las obras, estas se han ido aplazando, y frente a lo manifestado por la empresa de que contaba con el 70% de los acuerdos con los propietarios, Teruel Existe sostiene que no es así por lo que han hablado con la gente.

“Hoy son más los propietarios de terrenos que no han firmado que los que sí”, dijo Jesús Villamón, quien aseguró que “las presiones a los propietarios se han acentuado de forma alarmante”. Se refirió a que así lo recogió una información de Eldiario.es el pasado 4 de junio, “poniendo de manifiesto las malas prácticas y las amenazas a quienes se niegan a ceder”

Ambos portavoces aludieron a las “controversias” que a su juicio ha habido sobre las reuniones entre Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) con los ayuntamientos, al no haberse recibido ni un euro en compensaciones todavía, según el movimiento ciudadano, y haber modificado algunos consistorios sus planeamientos urbanísticos para dar facilidades para la instalación.

Recordaron las críticas que la implantación de este Clúster del Maestrazgo ha generado en entidades profesionales de prestigio incuestionable como el Colegio de Ingenieros de Caminos, que denunció las facilidades dadas a este tipo de proyectos frente al freno que se pone a otras infraestructuras.

Tomás apuntó que el ente colegial se refirió a un informe de 2021 en el que se indicaba ya la imposibilidad de instalar parques de renovables en varias zonas del Clúster por ser zonas de interés paisajístico, geológico o rústico forestal.

A eso sumaron el frente judicial abierto con las denuncias por presunto delito ambiental ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que está en investigación, y los recursos contencioso-administrativos presentados y que siguen su curso en el Tribunal Supremo pese a “los obstáculos que ha puesto el Ministerio”, por la “opacidad y las irregularidades” con que se ha desarrollado este proyecto desde el principio, recalcó Tomás, que recordó además que las quejas presentadas en Europa siguen su curso.

En el pormenorizado balance del último año, recordaron la amplia reacción social que ha habido con movilizaciones o pronunciamientos de organizaciones ecologistas de prestigio como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y Amigas de la Tierra.

Exigencia de aceleración

Los portavoces en materia energética del movimiento ciudadano Teruel Existe exigieron al Gobierno de Aragón que acelere el desarrollo normativo para la ordenación de la implantación de los parques de renovables, y evitar así que se instalen en los lugares que no corresponde como está sucediendo ahora.

“Ojo a la Administración autonómica”, advirtió Jesús Villamón, que recordó que el PP lleva ya dos años de gobierno, “prometió que iba a hacer una ordenación y todavía no sabemos nada”.

“Exigimos que se imponga una verdadera ordenación del territorio que proteja los valores ambientales y garantice el adecuado desarrollo socioeconómico”, dijo Villamón, para que “de forma consensuada” se defina “dónde se pueden poner este tipo de instalaciones y dónde no se pueden poner”.

Argumentó que de esta forma los promotores tendrían todo “mucho más claro” y de esa forma los ciudadanos no tendrían que luchar, al estar regulado y ordenado. Insistió en que “se ha perdido mucho tiempo” y que frente al rapto de políticas públicas, las administraciones deberían cumplir la legislación.