Cuando un amigo se va…y cuando lo hace una multinacional. A juzgar por los aspavientos políticos y mediáticos, tras la fuga de Ferrovial a Países Bajos, España se queda huérfana, desamparada, inhabitada. Como una madre a la que su hija más próspera le cierra la puerta en las narices en julio advirtiéndole de que no la espere a comer en Navidad. Bienintencionados (o no) sus amigos y familiares le urgen a que averigüe las razones, apuntando que algo habrá hecho ella para provocar semejante reacción, e insinuando que debería escuchar sus condiciones, o lo que es lo mismo, ceder a sus chantajes, para evitarse semejante disgusto.
Todo esto es lo que yo oigo cuando escucho a unos y otros. El gobierno debería preguntarse qué ha hecho tan mal para que Ferrovial se vaya, dice la portavoz popular en el Congreso, y no es la única. Recapitulemos: la empresa que preside Rafael del Pino Calvo-Sotelo fue creada por su padre en 1952 gracias a un contrato con la dictadura franquista para renovar las traviesas de las vías de la empresa pública Renfe. Tras su rápido crecimiento en los años 60, se planta en 2023 con más de 7.500 millones en ingresos y casi 35.000 empleados, gestionando concesiones de aeropuertos, autopistas, prisiones o plantas de tratamiento de residuos (todos ellos levantados con dinero público) y con la construcción, sobre todo de obra pública, como fuente de más del 85 % de su facturación.
Ferrovial no dice que se vaya para pagar menos impuestos, nos recalcan sus voceros afines, por si lo dudábamos, pero necesita, eso sí lo subraya en su comunicado “un marco jurídico estable”, es decir, una legislación a su medida que debe ver peligrar, aunque no entiendo por qué. Funcas calcula que las familias españolas se empobrecieron unos 34.000 millones en 2022 sin que ninguna ley haya sido modificada para atajarlo. Una de cada cuatro familias no llega a fin de mes, y es que según el Banco de España, la inflación empobrece a las familias pero sanea a las empresas. Así las cosas, ¿qué teme Rafael del Pino?