Les informo de que voy a crear la Asociación por el derecho a conducir por la izquierda. No lo juzguen como una ocurrencia o una banalidad ni piensen que lo hago para sabotear nuestro código de circulación. Para mí, es una expresión de mi libertad individual que enraiza con mi admiración por el Imperio Británico, que es, sin duda, la verdadera expresión de la madre patria… Y cuando hayan acabado de reírse, cambien el derecho a conducir por dónde me dé la gana, por el de limitar la posibilidad de abortar que tenemos las mujeres en este país.
Le pese a quien le pese, el del aborto es un derecho reconocido por una ley orgánica (la que se reserva para derechos fundamentales y libertades públicas) aprobada en 1985 y ampliada y revisada en 2010, y cualquier intento de obstaculizar su cumplimiento, debería estar penalizado y no subvencionado.
Según el portal Datos Abiertos, colectivos pro vida siguen recibiendo subvenciones públicas para financiar parte de su actividad, que consiste entre otras cosas, en extorsionar e incluso amenazar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
No contentos con eso, formaciones políticas como Vox en Madrid pretenden obligar a las mujeres a informarse sobre un supuesto síndrome post aborto del que no existe evidencia científica alguna.
De nuevo, el dinero de nuestros impuestos va a parar a organizaciones que lo usan para intentar entorpecer el cumplimiento de la ley. Con un agravante: esta medida en concreto, se apoya en estereotipos de género todavía latentes, como que las mujeres somos emocionalmente frágiles, irracionales o incapaces de asumir las consecuencias de nuestros actos y que, por tanto, deben protegernos de nosotras mismas. Es decir, un intento más de control sobre las mujeres y por ende sobre la sociedad, basado en su moral y no en la ley.
Lo que me recuerda que no se me tiene que olvidar pedir una subvención para mi nueva asociación de conductores que profesan una profunda fe en los valores del Impero Británico.
Le pese a quien le pese, el del aborto es un derecho reconocido por una ley orgánica (la que se reserva para derechos fundamentales y libertades públicas) aprobada en 1985 y ampliada y revisada en 2010, y cualquier intento de obstaculizar su cumplimiento, debería estar penalizado y no subvencionado.
Según el portal Datos Abiertos, colectivos pro vida siguen recibiendo subvenciones públicas para financiar parte de su actividad, que consiste entre otras cosas, en extorsionar e incluso amenazar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
No contentos con eso, formaciones políticas como Vox en Madrid pretenden obligar a las mujeres a informarse sobre un supuesto síndrome post aborto del que no existe evidencia científica alguna.
De nuevo, el dinero de nuestros impuestos va a parar a organizaciones que lo usan para intentar entorpecer el cumplimiento de la ley. Con un agravante: esta medida en concreto, se apoya en estereotipos de género todavía latentes, como que las mujeres somos emocionalmente frágiles, irracionales o incapaces de asumir las consecuencias de nuestros actos y que, por tanto, deben protegernos de nosotras mismas. Es decir, un intento más de control sobre las mujeres y por ende sobre la sociedad, basado en su moral y no en la ley.
Lo que me recuerda que no se me tiene que olvidar pedir una subvención para mi nueva asociación de conductores que profesan una profunda fe en los valores del Impero Británico.
