Boya dice que las ayudas del 20% hay que concentrarlas en los pueblos más pequeños

El secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, defendió este jueves en el Senado que las ayudas del 20% al funcionamiento de las empresas deben concentrarse en los pueblos más pequeños, los de menos de mil habitantes. Así lo defendió ante la senadora del PP Emma Buj en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara Alta, en la que la parlamentaria turolense denunció que la despoblación había desaparecido por completo de la agenda política nacional del Gobierno.

Las ayudas al funcionamiento fueron una de las cuestiones que introdujo Buj durante su intervención ante el secretario general, con el argumento de que en la última consulta para elaborar una nueva estrategia nacional se pide otra vez una fiscalidad diferenciada para estos territorios, pero en cambio cuando se dispone de mecanismos autorizados por la CE, como son estas ayudas al funcionamiento, no se aplican.

La senadora de Teruel afeó al alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que mientras se dan privilegios y se conceden amnistías a los nacionalistas, a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel no se les pueden aplicar las ayudas al funcionamiento del 20% de los costes laborales “porque algunos no pueden consentir que haya discriminaciones positivas fuera de su territorio”.

Argumentó que no se están dando porque lo que se aplica supone entre el uno y el dos por ciento de los costes laborales, según un estudio realizado por las propias organizaciones empresariales, cuando lo permitido por Europa es hasta el 20%. Se quejó de que ni las sucesivas ministras del Miteco ni la de la Seguridad Social hubiesen contestado a esta cuestión y se pasaran la responsabilidad entre ellas sin dar una solución, lo que ha provocado el malestar de los empresarios de Teruel, que han anunciado movilizaciones para el mes de septiembre.

“Ya está bien de tomarnos el pelo con estas ayudas al funcionamiento y de decir que están en estudio o en valoración”, dijo Buj, a quien Boya contestó que se están aplicando bien, centrándose sobre todo en los municipios de menos de mil habitantes, aunque reconoció que se podía pedir más.

“Han sido 67 millones de euros que se han ahorrado los empresarios de estas provincias”, contestó el secretario general para el Reto Demográfico, que destacó que hubiesen “generado casi 100.000 contratos”.

“No está mal, se puede pedir más, evidentemente”, apostilló, para precisar que “los resultados están ahí” y que se trata de una política que no depende del Miteco porque no son ellos quienes ponen el dinero sino que son ayudas de la Seguridad Social mediante bonificaciones.

Ver el impacto

“No tendría sentido que fuéramos nosotros quien pusiéramos ese recurso, pero lo importante es que esa política se está haciendo”, dijo Boya, que opinó que había que valorarla con “tiempo suficiente para ver su impacto” junto con otras medidas de lucha contra la despoblación que se están aplicando.

El secretario general consideró que la política que tiene que aplicarse debe ser “eficiente en todos los sentidos y hay que ver también en qué espacios tiene impacto, porque lógicamente el énfasis hay que ponerlo en los pueblos de menos de mil habitantes”.

Tal como se aplican las ayudas, el tipo de reducciones de las Contingencias Comunes a la Seguridad Social a cargo del empleador está siendo del 20% para las nuevas incorporaciones en municipios de menos de 1.000 habitantes, del 15% para los de más de 1.000, siempre que sean también nuevos contratos, y del 5% cuando se trata de incorporaciones anteriores. Pero la CE lo que autorizó no fue eso, sino que las ayudas puedan llegar hasta el 20% de los costes laborales, lo que no se está dando ni siquiera en los municipios de menos de mil habitantes.

Boya interpeló a la senadora popular, que no pudo replicar al carecer de esa posibilidad en la comparecencia, si el énfasis había que ponerlo en los pueblos pequeños o “en las capitales de provincia que están ganando población”.

“Seguramente el énfasis tiene que estar, como se hace ahora, poniéndolo en los municipios de menos de 1.000 habitantes”, manifestó Boya para zanjar la cuestión sin responder por qué no se aplica ese 20% de los costes laborales establecido por la CE.

Durante su intervención, la senadora Emma Buj criticó la falta de medidas de lucha contra la despoblación por parte del Gobierno central, al haber desaparecido estas políticas de la agenda nacional. Argumentó que la “equidad territorial” que pretende la nueva estrategia que piensa lanzar el Ejecutivo “llega tarde”, después de que el Plan de 130 medidas de la legislatura anterior no fuese un traje a medida para las zonas rurales despobladas, como sostiene el Gobierno, sino “un zapato metido con calzador”.

“La sensación que tenemos los que vivimos en zonas rurales es que nos entretienen mientras ustedes están entregados a esas políticas con los partidos nacionalistas para salvar al señor Sánchez y mantenerlo un mes más en la Moncloa”, criticó Buj, que recalcó que se conoce ya lo que hay que hacer aplicando medidas que existen, pero en cambio no se llevan a cabo como sucede con las ayudas al funcionamiento.

De igual forma incidió en la necesidad de mejorar la movilidad, frente a la decisión del Gobierno central de quitar las paradas de los pueblos en las líneas estatales de transporte, lo que dificulta la vida en los municipios pequeños. Recordó igualmente el parón que sufren los estudios del Cantábrico-Mediterráneo y de la autovía A-40, inversiones que contribuirían a luchar contra la despoblación, y advirtió que los datos sobre conectividad recogidos en la consulta del Ministerio “contradicen” la realidad.

Medidas

La senadora del PP por Teruel, Emma Buj, defendió en la Comisión de Despoblación que las zonas rurales no se queden atrás en la incorporación de nuevas tecnologías como tradicionalmente ha pasado, tras apuntar que el 5G solo llega al 68% de las zonas rurales. Abogó por facilitar la llegada de la I+D+i a estos territorios invirtiendo en ello, y puso como ejemplo las empresas que están trabajando en sitios como Teruel para impulsar estas nuevas tecnologías. “Sería necesario arroparlas e impulsarlas”, manifestó la parlamentaria.

Fue uno de los ejemplos que puso a Boya de lo que podrían ser medidas para luchar contra la despoblación, al igual que puso como referente en el tema de la vivienda las políticas impulsadas por el Gobierno de Aragón. Argumentó que frente a las 10 viviendas públicas que en ocho años impulsó el anterior Ejecutivo autonómico, actualmente se han impulsado 459 viviendas en dos años. Reclamó una política de vivienda estatal, una menor burocracia para favorecer a los pueblos e incorporar la perspectiva demográfica y territorial en las políticas, cuando el Consejo de Ministros hace todo lo contrario.