El Gobierno de Aragón recurrirá al Tribunal Supremo para que se incluya a Teruel en el Real Decreto de ayudas directas por la sequía del MAPA

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles a los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 347/2025, de 22 de abril, por el que se aprueba una ayuda de concesión directa para compensar los efectos de la sequía sobre la producción agraria en determinadas provincias del arco mediterráneo español.

La decisión llega después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas el pasado 11 de marzo al borrador de dicho Real Decreto, que tiene como fin regular una concesión de ayudas directas a la sequía por valor de 20 millones de euros, procedentes de la Unión Europea, para paliar los efectos derivados de la sequía en la producción del año 2024 en cultivos de frutos de cáscara, principalmente almendros.

Tal y como señalaba el MAPA en el borrador del Real Decreto, así como en el texto final publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril, las producciones de almendro más afectadas por la sequía en dicho periodo fueron las de las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona, cuestión que argumentan indicando que en dichos territorios el cultivo del almendro “ha experimentado un descenso de la producción en 2024 del 30% respecto a la producción media de los cinco años previos”.

Según los datos del Departamento que encabeza Javier Rincón, la producción de almendro de secano de la provincia de Teruel fue en 2024 un 33% inferior a la producción media del periodo 2018-2023, lo que demuestra la necesidad de que la provincia de Teruel conste entre las beneficiarias de las ayudas directas reguladas por dicho Real Decreto, tal y como se señaló en las alegaciones remitidas al MAPA, de las cuales también se informó al Consejo de Gobierno el día 12 de marzo.

Estas alegaciones, asimismo, recogieron la consideración de que la zonificación establecida para la regulación de las ayudas debería realizarse por comarcas agrarias en lugar de por provincias, aduciendo que en un territorio tan extenso como una provincia, pueden coexistir zonas con producciones muy elevadas y otras con producciones muy bajas, como es el caso de la provincia de Zaragoza, lo que puede generar distorsiones en el dato medio final.

De la misma manera, se alegó la necesidad de la inclusión de otros cultivos leñosos, ya que los periodos de sequía correspondientes a la campaña de 2024 afectaron de forma significativa a cultivos como el olivar y el viñedo, que han quedado excluidos asimismo del Real Decreto.