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El proyecto de Ley de los PGE recoge las ayudas al funcionamiento del 20% a empresas de Teruel, Cuenca y Soria El proyecto de Ley de los PGE recoge las ayudas al funcionamiento del 20% a empresas de Teruel, Cuenca y Soria
Obras en la línea de ferrocarril entre Teruel y Sagunto desarrolladas por Adif, que en 2022 tiene previsto invertir en la provincia 33,8 millones de euros

El proyecto de Ley de los PGE recoge las ayudas al funcionamiento del 20% a empresas de Teruel, Cuenca y Soria

Las inversiones reales descienden un 13% en la provincia de Teruel al consignarse menos partidas para el ferrocarril dentro del capítulo de Adif

El Gobierno central contempla para el próximo año las ayudas al funcionamiento empresarial, las que supondrían una bonificación de hasta el 20% para las empresas radicadas en Teruel, Cuenca y Soria como territorios escasamente poblados, según recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 aprobado la semana pasada por el Gobierno y que fue entregado ayer en el Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria. En el capítulo de inversiones reales, las que vienen territorializadas por provincias y comunidades autónomas, las partidas para Teruel descienden un 13% con respecto a los presupuestos de este año al disminuir la inversión prevista por Adif en la línea del ferrocarril.

La gran novedad de los presupuestos de este año es que en su artículado sí figura la fiscalidad diferenciada para las provincias escasamente pobladas, con una densidad por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que vienen siendo reivindicadas desde hace tiempo por Teruel, Cuenca y Soria y que fueron autorizadas en abril de este año por la Comisión Europea.

Estas ayudas son de Estado, pero tiene que autorizarlas Bruselas, y suponen bonificaciones de hasta el 20% de los costes laborales, lo que equipara a estos territorios con las zonas escasamente pobladas del norte de Europa. Aunque no requieren de una inversión específica por parte del Gobierno, sí supondrán unos menores ingresos en la recaudación, por lo que era vital que figurasen en el articulado de la ley para poder aplicarse.

El proyecto de presupuestos presentado ayer en el Congreso recoge las ayudas a las provincias escasamente pobladas en la disposición adicional centésima décima quinta, en la que se indica que “dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”.

Esta disposición se refiere a las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea en abril de este año para el periodo 2021-2027, que permitirán disponer de bonificaciones en los costes laborales de hasta un 20%, o la fórmula alternativa por la que se opte, en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, así como en territorios limítrofes con la misma problemática por su baja densidad.

En los últimos años tanto los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, como la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) impulsada por las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, han trabajado intensamente para que Bruselas modificara la normativa de las ayudas regionales y pudiesen ser autorizadas como así sucedió en abril de este año.

Ahora corresponde al Gobierno de España aplicarlas, con la fórmula que se acuerde aunque la que se está pidiendo es la bonificación de los costes laborales, y su inclusión en el proyecto de los PGE de 2022 es el primer paso para su aplicación. Desde las orgarnizaciones empresariales se considera que este tipo de ayudas son muy efectivas por las ventajas competitivas que otorgan a los territorios donde se establecen, aunque han de ir acompañadas de otras acciones para favorecer el desarrollo de los territorios más afectados por la despoblación.

En la disposición adicional donde se recoge el compromiso de establecer estas ayudas, se incide en el “máximo aprovechamiento”, por lo que podría alcanzarse el 20% autorizado por Europa en estos territorios, además de incidir en velar por el desarrollo de otros planes de acción concretos para contrarrestar las dificultades que tienen estas zonas afectadas por la despoblación extrema.

La noticia fue celebrada ayer por el Gobierno de Aragón, que fue la Comunidad Autónoma que impulsó esta reivindicación ante las instituciones europeas y que buscó para ello la colaboración también de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, manifestó su satisfacción tras conocer la disposición adicional del proyecto de ley de Presupuestos que recoge la intención del Gobierno de España de aplicar estas ayudas.

Pérez aseguró que valoraban “muy positivamente” que se contemplen las ayudas y recordó que es una “reivindicación en la que llevamos años trabajando desde el Gobierno de Aragón”, junto a las otras dos comunidades, porque “supone una discriminación positiva sobre las zonas con baja densidad de población, en este caso con población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que va a permitir bonificaciones para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria en sus costes laborales”.

La consejera de Presidencia añadió que habían “defendido que esto es una ventaja competitiva de primer nivel y el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con el compromiso con las zonas despobladas”. Pérez aseguró igualmente que “la inclusión en los Presupuestos de esta medida es una seña más que evidente de que entre todos, comunidades autónomas y Gobierno central, vamos a poder hacerle frente a este reto tan enorme como es combatir la despoblación”.

Descenso de inversión

La inclusión de esas ayudas es el dato más positivo para Teruel de un proyecto de presupuestos agridulces, puesto que las inversiones totales descienden, al menos en lo que son las inversiones reales, que son las partidas territorializadas por provincias y comunidades autónomas.

Al margen están las inversiones recogidas en paquetes globales cuya territorialización no es posible conocer, si bien el Libro Amarillo de los PGE incide en uno de sus capítulos en el compromiso con el reto demográfico. En este sentido, el documento “Presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022” señala que una de las “grandes novedades” del proyecto de ley es que “aborda de manera transversal y con una perspectiva integral las políticas para hacer frente a la lucha contra la despoblación, el reto demográfico y la vulnerabilidad territorial, con una aportación específica de todos los ministerios en este ámbito de algo más de 4.200 millones de euros, que sumado a la cifra de 2021, asciende a más de 8.500 millones de euros”.

En total, el proyecto de presupuestos contempla para la provincia de Teruel en 2022, como inversiones reales, 103.750.220 euros, un 13% menos de lo recogido en el presupuesto del año actual, que ascendió a algo más de 119 millones.

Esos 103,7 millones para 2022 salen de sumar las inversiones reales acometidas directamente por los ministerios, así como las que ejecutan las entidades y organismos públicos dependientes de ellos, como es el caso de Adif, por ejemplo, además del Fondo de Inversiones de Teruel con los 30 millones que vuelve a contemplar el Ministerio de Política Territorial.

Las inversiones a ejecutar directamente por los ministerios en la provincia que contemplan los PGE ascienden a 36,6 millones de euros, un 39,5% más que en las cuentas que se aprobaron para este año. En cambio, descienden un 41,1% en lo que son las inversiones reales de sociedades mercantiles, organismos y entidades públicas, al consignarse 37,1 millones frente a los 63 millones de los presupuestos actualmente vigentes. Eso es lo que provoca la caída global de las inversiones reales en un 13%.

El descenso se debe básicamente a una menor  inversión de Adif en la línea del ferrocarril, cuyas mayores partidas aparecen consignadas para acometer el corredor Cantábrico-Mediterráneo con los apartaderos, renovación de vía y electrificación, así como bajo el concepto de Corredores de la Red Transeuropea de Transporte. En total la entidad Adif prevé invertir el próximo año en la provincia 33,8 millones de euros frente a los 57,7 millones que se contemplaron en la ley presupuestaria de este año. No obstante, en el proyecto de 2022 esa cifra, la correspondiente a 2021, se reduce a 12,8 millones de euros.

En lo que respecta a inversiones en la provincia con cargo a las entidades públicas, la otra cantidad importante para 2022 se ha consignado con cargo a la entidad Acuaes con 1.708.000 euros para el recrecimiento del embalse de Santolea.

Ministerios

En lo que respecta a las inversiones reales a acometer directamente por los ministerios, es el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el que concentra el mayor volumen inversor en la provincia con 32.615.190 euros.

Las inversiones más voluminosas del Mitma presupuestadas para 2022 son los 13,6 millones consignados para la variante de Alcorisa de la N-211 y 11,7 millones para conservación y explotación de carreteras, así como 5 millones para el acondicionamiento de la N-330 entre Villastar y Teruel.

Además figuran consignados 100.000 euros para cada una de las siguientes actuaciones en 2022: A-68 El Regallo-Alcañiz, A-68 Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa, A-40 Cuenca-Teruel, variante de Montalbán en la N-211, variante de Calanda en la N-420, variante de Utrillas en la N-211, variante de La Mata de Los Olmos en la N-211, y duplicación de la N-211 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo.

Además, se han consignado en el proyecto presupuestario 199.980 euros para la A-68 entre las Ventas de Valdealgorfa y Vinarós, así como 38.450 euros para la línea de alta velocidad ferroviaria Teruel-Zaragoza, y una cantidad similar en la provincia zaragozana; y 337.320 euros para el Estudio Informativo de Teruel-Sagunto con cargo a la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria.

Con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia figuran en la provincia otros 770.030 euros para mejoras de la red de carreteras y su integración en entornos urbanos, y 101.050 euros para conservación.

En la provincia de Zaragoza figuran además 100.000 euros para la A-24 entre Daroca y Calatayud, 19,8 millones para la A-68 entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, y 991.460 euros para el tramo de esta misma autovía entre Fuentes de Ebro y Quinto.

Reacciones: pendientes de conocerlos en profundidad y hacer mejoras

Las primeras reacciones sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado apuntaron a la necesidad de conocerlos en profundidad y poder estudiarlos para hacer mejoras en su tramitación parlamentaria.

En esa línea se pronunció ayer el diputado del PSOE, Herminio Sancho, quien destacó que se da continuidad  a los proyectos incluidos en los presupuestos de este año, aunque reconoció que echaba alguna cosa de menos. Opinó que no eran unos malos presupuestos y se mostró convencido de que saldrá alguna cosa más.

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, indicó en Zaragoza que van a analizar en detalle el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para Aragón. Explicó, tras presidir la comisión ejecutiva del PAR, que “queremos que nos manden las cifras desglosadas para ver todas las infraestructuras que el PAR viene demandando y entonces haremos la valoración”.

Aliaga aseguró que el Ministerio de Haciendo pidió a esta formación política opinión y el PAR envió una lista “de los proyectos históricos que Aragón quiere ver culminados”, cuya inclusión quieren estudiar ahora “en la letra pequeña” de los PGE.

Añadió que se da una “oportunidad histórica” con los fondos europeos de recuperación, en los que se está trabajando en Aragón “desde un gobierno sólido, moderado y fuerte” para que llegue a este territorio y sus empresas, concluyó.

Por otra parte, Chunta Aragonesista calificó de “insuficiente” la inversión prevista para Aragón y anunció que presentarán enmiendas en el Senado. Joaquín Palacín, presidente de CHA, dijo que “es un crecimiento muy insuficiente para las necesidades de Aragón, que recibirá apenas el 4 % de la inversión estatal pese a suponer casi el 10 % del territorio”, informó CHA en una nota de prensa.

Por ese motivo desde CHA tienen previsto presentar enmiendas en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para mejorar estas cifras. Palacín opinó que “Aragón merece más” y lamentó que el Gobierno central siga favoreciendo a las comunidades más pobladas.

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