El tortuoso camino de las ayudas al funcionamiento ha acabado en lo de siempre, el hartazgo de Teruel

El anuncio de movilizaciones hecho la semana pasada por las organizaciones empresariales turolenses es la respuesta a lo que ha sido siempre la tónica habitual en la provincia de Teruel, el incumplimiento de las políticas públicas que se anuncian, se pregonan a los cuatro vientos y luego no se aplican. Esta vez es por las ayudas al funcionamiento del 20% a las empresas, autorizadas por la Comisión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad demográfica. La autorización la consiguió el Gobierno de España hace cuatro años, pero luego no las ha aplicado porque las ayudas que se están dando mediante reducciones en las cuotas a la Seguridad Social son ínfimas, de apenas un 1%.

Como han reconocido los empresarios, acudir a la movilización es consecuencia del hartazgo, después de cuatro años en los que han tenido una paciencia infinita. Primero aguantando dos años sin que las ayudas se aplicasen a pesar de estar autorizadas, y después sufriendo lo que reconocen abiertamente que ha sido una tomadura de pelo. El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, aseguraba que había llegado el momento de “agitar el avispero”, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, decía que estaban “hartos”.

Fueron las organizaciones empresariales de las tres provincias más despobladas del país, Teruel, Cuenca y Soria, agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), las que se pusieron a trabajar en Europa durante la década pasada en la búsqueda de un mecanismo de este tipo. A la par lo hicieron los gobiernos de Aragón presididos por Javier Lambán, que a su vez arrastró a los ejecutivos autonómicos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Teruel, Soria y Cuenca

En última instancia se sumó el Gobierno de España y se consiguió que el 19 de abril de 2021 la Comisión Europea autorizase estas ayudas para compensar las desventajas competitivas que sufren las empresas de Soria, Cuenca y Teruel. No era un mecanismo nuevo sino que se estaba aplicando con buenos resultados en otras partes de Europa con problemas demográficos.

Cuando se autorizaron supuso una gran alegría, pero esta se fue transformando en escepticismo y decepción, hasta que hoy en día ha terminado en el hartazgo. La Comisión Europea en ese momento lo que hizo fue autorizar que el Estado español aplicase ayudas, que podían alcanzar hasta el 20% de los costes laborales, a las empresas de estas tres provincias españolas.

El motivo es que en las tres la densidad de población está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que las convierte en territorios en situación muy grave de despoblación.

Al poder afectar a la competencia, es Europa la que debe autorizarlas, como así sucedió, correspondiendo al Estado su aplicación. Para ser efectivas, Europa estableció que esas ayudas podían ser de hasta el 20% de los costes laborales de las empresas asentadas en estos territorios.

El primer año el Gobierno de España no hizo absolutamente nada. Directamente las ignoró, a pesar de que para su consecución se requirió que fuese el propio Ejecutivo español quien las solicitase ante la Comisión Europea. Como se dijo en aquel momento cuando se autorizaron, las organizaciones empresariales habían metido un gol en propia meta al Gobierno.

Para aplicar estas ayudas lo que se hace es bonificar a las empresas a través de las cuotas a la Seguridad Social, de manera que después el Estado abona esa cantidad al organismo público. La intención de las mismas es compensar las desventajas competitivas que sufren las empresas en territorios despoblados como Teruel.

El ahorro que suponen esas bonificaciones a través de reducciones en las cuotas a la Seguridad Social está pensado para que las empresas dispongan de más liquidez y que lo puedan destinar a mejorar sus negocios para hacerlos más competitivos, o incrementar los salarios de sus trabajadores para hacer atractiva la contratación en la provincia.

Son medidas orientadas a tener una ventaja, una discriminación positiva con respecto a otros territorios, con la intención tanto de impulsar a las empresas ya existentes, como en convertirse en un reclamo para atraer la instalación de empresas de otros lugares. Eso supondría una mayor dinamización económica y con ello un crecimiento de la población. Los empresarios se convierten de esa manera en agentes dinamizadores del territorio, y las ayudas al funcionamiento no son el fin sino el medio para revertir el problema de la despoblación.

Eso nunca lo ha entendido el Gobierno central como se pone de manifiesto cada vez que algún responsable del Ejecutivo comparece en las Cortes Generales, tal como sucedió la semana pasada con el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, que fue el último en pronunciarse sobre esta cuestión en sede parlamentaria, y no precisamente para bien.

Si estas ayudas se autorizaron en el año 2021, no fue hasta enero de 2023 cuando empezaron a aplicarse, pero con unas intensidades tan ínfimas, que hubo empresarios que ni se enteraron de que las estaban recibiendo porque suponía en algunos casos apenas una reducción de 17 euros por trabajador al mes.

El Gobierno central recurrió a una trampa en la que incidió por enésima vez la semana pasada el secretario general para el Reto Demográfico. Consistió en aplicar unos porcentajes de reducciones en las cuotas a la Seguridad Social de las Contingencias Comunes que iban del 5 hasta el 20 por ciento, en este último caso para los municipios más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes.

Boya dijo el jueves pasado en el Senado que había que apoyar a los más pequeños, cuando en ellos no hay industrias como tales y el trabajo mayoritario suele ser autónomo, a los que se dejó fuera de la posibilidad de percibirlas ya que van destinadas a la contratación por cuenta ajena. Se autorizó una tarifa plana para nuevos autónomos, que duró solo un año. Cuando se acabó el 31 de diciembre de 2024 se dijo que se ampliaría, y año y medio después sigue sin ampliarse ni se ven ganas de hacerlo por parte del Ejecutivo.

El engaño del Gobierno central ha consistido en aplicar unas reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que no se corresponden con el 20% autorizado por Europa, sino que son de apenas un 1%. Las reducciones, que van según las circunstancias del 5 al 15 o el 20%, se aplican a las cuotas de las Contingencias Comunes a la Seguridad Social, cuyas cuantías son mínimas.

Tomadura de pelo

Las organizaciones empresariales elaboraron un informe en el que demostraban la tomadura de pelo cometida por el Gobierno, puesto que esos porcentajes sobre los conceptos a los que se aplican, suponen apenas un 1% de los costes laborales, cuando la CE habla del 20%. Han enviado cartas, se han reunido con responsables gubernamentales y hasta con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se comprometió a estudiarlo y volver a reunirse con ellos meses después sin que lo haya hecho, en un gesto de desinterés y desprecio que ha mellado el ánimo del sector empresarial.

A ello se han sumado manifestaciones muy desacertadas como las que hizo la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en septiembre del año pasado, cuando para defender la fiscalidad diferenciada de Cataluña dijo que los turolenses contaban ya con ella a través de las ayudas al funcionamiento; o de la propia ministra Elma Saiz este año cuando dijo en sede parlamentaria que las ayudas estaban surtiendo efecto en las tres provincias, algo que demostraron las organizaciones empresariales que no era cierto. Lo hicieron con datos, puesto que tanto las afiliaciones como el crecimiento poblacional de estas tres provincias fue el año pasado inferior a la media nacional.

Eso es lo que ha colmado el vaso y ha terminado de hartar a las organizaciones empresariales, la falta real de compromiso y el engaño, porque se sienten así, defraudados, además de despreciados frente a los privilegios que reciben otros.

Lo expresaron en un comunicado en el que CEOE Teruel, Cepyme y CEAT hicieron un llamamiento conjunto a la sociedad turolense en busca de sumar apoyos y conseguir una movilización equiparable a las que la provincia de Teruel lleva años haciendo por sus infraestructuras y servicios, tantas veces prometidas y nunca realizadas con independencia de quién gobierne.

Argumentan que estas ayudas estaban destinadas a impulsar la actividad económica para favorecer la creación de empleo y fijar población en el territorio, pero se han quedado en nada. Lo que denuncian es la “falta de voluntad política” como en otras tantas ocasiones ha pasado con Teruel.

Concienciar a la sociedad e ir a una gran protesta a principios del otoño que obligue a un cambio de actitud

Lo que han anunciado las organizaciones empresariales turolenses son acciones reivindicativas sin concretar la magnitud que tendrán. Sí hablan de una gran movilización para finales de septiembre o principios de octubre, a la que se refieren como concentración o manifestación. No sería la primera vez que las organizaciones empresariales turolenses han participado y se han implicado en este tipo de protestas, aunque siempre lo han hecho de la mano de los agentes sociales y los movimientos ciudadanos, nunca siendo ellos los que las han impulsado directamente.

Quieren hacer ruido para que la protesta se escuche no como una demanda exclusiva de ellos sino de la sociedad turolense, y que eso obligue a un cambio de actitud para que las ayudas al funcionamiento se apliquen en su máxima intensidad y cumplan el cometido para el fueron autorizadas.

De aquí al otoño quieren organizar jornadas informativas para explicar lo que son estas ayudas y de qué forma el desarrollo de Teruel puede depender también de ellas. Las harán en Teruel capital, Alcañiz y el Jiloca, y además quieren impulsar una mesa redonda con todos los partidos políticos para que se posicionen con claridad, hartos de que digan unas cosas cuando están en la oposición y otras cuando gobiernan. Por delante tienen el reto durante estos meses de llegar más allá del sector empresarial y hacer ver que esta demanda compete a toda la sociedad turolense.