Íñigo de la Serna Hernaiz, vicepresidente de Typsa y exministro de Fomento, ponente del congreso Aragón, Justicia y Empresa: “Lo sensato sería cimentar las infraestructuras sobre acuerdos con un elevado consenso político”

El vicepresidente de Typsa y ministro de Fomento entre los años 2016 y 2018, Íñigo de la Serna, impartirá este jueves en Teruel una de las ponencias inaugurales del Congreso Aragón, Justicia y Empresa que han organizado Cepyme y la Diputación de Teruel. En una entrevista con Diario de Teruel, De la Serna aboga por cimentar las infraestructuras sobre “consensos políticos” que garanticen su ejecución en el tiempo, y reclama suavizar la excesiva regulación que lastra la competitividad sobre todo de las pymes.

-¿Qué importancia tienen las infraestructuras para el desarrollo empresarial?

-Las infraestructuras son una de las palancas principales para el desarrollo económico de cualquier región. Hablo de infraestructuras en su sentido amplio. Quiero hablar en Teruel sobre todo de tres infraestructuras que considero absolutamente urgentes en España tanto a la hora de planificar como de abordarlas. Por un lado las infraestructuras energéticas debido a la situación de dependencia que tenemos y el cambio de ciclo que se está produciendo con la inestabilidad del mix energético.

También hablaré de las infraestructuras del agua que son absolutamente necesarias, no solo en términos de paliar la sequía, sino de protección de las personas frente a las inundaciones. Desde la tragedia de la dana comprobamos que es importantísimo realizar un plan de acción muy urgente en nuestro país que tiene que ver con esto, con la distribución del agua y más en concreto con la protección de los cauces y de las personas, además de la propia necesidad de elementos de regulación.

Y por último hablaré de las infraestructuras del transporte. Yo creo que todo el mundo coincide en que las infraestructuras de transporte en muchos casos sirven para transformar un territorio, para captar inversiones, para facilitar la implantación de sectores productivos en los entornos del territorio donde se colocan.

-Teruel es una provincia que ha peleado mucho por las infraestructuras, que cuesta mucho que lleguen.

-En el caso de las infraestructuras energéticas no existe como tal un mercado único. Es evidente que el caso de Aragón en su conjunto, no solo el de Teruel, pues no tiene nada que ver con otras comunidades autónomas, simplemente por el porcentaje de energías renovables instaladas que tiene la comunidad autónoma con relación a la media nacional y a otras comunidades. Por lo tanto, aquí yo creo que el mensaje está dirigido más en su conjunto a la necesidad de garantizar estabilidad en los sistemas energéticos, lo cual implica necesariamente que hay que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo en la parte de distribución de la energía.

Gran parte o muchos de estos proyectos chocan con la falta de capacidad de nuestra red eléctrica para poder distribuir esa energía, y con la falta de capacidad de las propias subestaciones eléctricas. Y este puede ser el caso también de alguna cuestión puntual en la provincia de Teruel; la necesidad también de evitar que ocurra ahora lo que suele ocurrir, que es que tirar una línea eléctrica en este país es francamente un asunto enormemente complejo. Y hay que tener en cuenta que gran parte de la implantación de muchas empresas termina dependiendo de la posibilidad de acceder a esa energía. Aquí estamos hablando de consideraciones de tipo ambiental, pero también social. Como país debemos hacer un replanteamiento sobre cómo debe ser la tramitación y la inversión en ese tipo de infraestructuras.

-¿Y las infraestructuras de transporte, que es la eterna carencia de Teruel?

-En el caso del transporte, yo creo que Teruel se puede reconocer perfectamente como una provincia donde se constata que estas infraestructuras podrían ser, con algunos de los proyectos que ya están en marcha, elementos claramente disruptivos para la implantación y el desarrollo económico. Me refiero a uno en concreto que conozco de mi etapa ministerial, porque se activó ya por el año 2017 la implantación de todo el sistema de electrificación de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza y las actuaciones en la vía no solo como un elemento de transporte de personas, sino especialmente también como un elemento tractor para el transporte de mercancías conectado con el sistema portuario del Mediterráneo y que permita centrar Teruel como base logística de muchas de esas empresas que podrían implantarse si dispusieran de un acceso seguro, fiable y eficiente. Este es un proyecto claro de transformación.

-Han pasado casi nueve años y no han acabado las obras porque en la provincia se eternizan este tipo de actuaciones. ¿Tiene sentido que se puedan dilatar tanto en el tiempo las obras?

-Hay que tener en cuenta que en este caso, en esta línea concreta, no se trata de una única obra, sino de una sucesión de actuaciones. Celebramos varias comisiones de seguimiento para que se tuviera conocimiento del grado de avance de los trabajos que hacíamos y también para corregir cuestiones que quizá con el concurso de todos se puedan corregir. Con muy pequeñas obras, estoy hablando de muy pocos millones de euros, se consiguieron abrir muchos más surcos, muchas más frecuencias, utilizar la vía por la noche, y de hecho algunos operadores que no estaban utilizándolo lo utilizaron. Luego vienen actuaciones que ya son de mayor envergadura como la propia electrificación de toda la vía, pero que efectivamente yo creo que son actuaciones en las que tiene que haber un esfuerzo conjunto para acelerarlas al máximo porque cambian el territorio.

Hay comunidades con una amplitud de infraestructuras que permiten alternativas y utilizar diferentes modos de transporte. En Teruel hay una alta dependencia de esta infraestructura, porque no existe otra forma y otra alternativa viable, y es donde evidentemente hay que hacer un sobreesfuerzo para acelerar los trámites.

-Lo que quedó aparcado entonces fue el corredor de alta capacidad, el de doble vía electrificada, ¿por qué?

-¿En su día te refieres?

-Sí, sí, cuando se puso en marcha el Plan Director de mejora de la vía convencional.

-Bueno, en su día nosotros pactamos un calendario de inversiones; estoy hablando de 2017 y hago un poco memoria. Insisto, teníamos una comisión en la que había representantes del puerto de Sagunto, por ejemplo, pero también de la Diputación de Teruel, de la propia Confederación de Empresarios de Aragón. Y ahí lo que se puso encima de la mesa es un volumen de inversión con una serie de actuaciones y unos calendarios con una actuación urgente y necesaria para poder transformar una vía porque era una infraestructura prácticamente impracticable. Aquel primer esfuerzo inversor iba dirigido a facilitar que una empresa que se quisiera instalar en Teruel tuviese un acceso al sistema portuario español fiable. Y eso es lo que se trató de hacer.

-¿Cree que ese corredor de doble vía tendría que hacerse en cualquier caso? Con independencia de esta electrificación y mejora de la infraestructura en vía única que hay en marcha.

-Sí, depende también mucho de la demanda que en su momento haya. La oportunidad de realizar tramos de doble vía o apartaderos de 750 metros permite hacer cruces y que haya una mayor frecuencia y una mayor utilización de las soluciones de vía única. Aquí se trata de conjugar, en función de la demanda, las soluciones que permiten alternar con este tipo de acciones infraestructuras de ese tipo y en un momento determinado ampliar determinadas zonas a doble vía, si fuera necesario.

-También va a hablar en su ponencia de regulación, burocracia y empresas. ¿Están demasiado burocratizadas las leyes en España, entorpece esto el crecimiento empresarial?

-Cuando hablaba antes de energía me refería al trámite que conlleva poder ejecutar una línea eléctrica, y con el plan de acción urgente de agua, pues lo sorprendente que es que para hacer un proyecto que tiene que ver con una presa, con un canal o con una red de distribución o con la protección de un cauce de riadas, se pueden tardar años y años en llevarlo a cabo. Esto en un país como el nuestro, en el que además estamos hablando ya de la seguridad de las personas, desde mi punto de vista es inaceptable a día de hoy. Y esto también es burocracia. Lo mismo ocurre con las infraestructuras o el plan de vivienda.

Hay una regulación excesiva evidente que lastra la competitividad tanto a nivel europeo como a nivel español, y más para la estructura productiva que tiene nuestro país con pequeñas y medianas empresas, que muchas veces es difícil de poder gestionar. Para muchas de esas pequeñas empresas, al final las exigencias que hay desde el punto de vista regulatorio terminan ocupando una gran parte de su tiempo y de sus recursos.

-¿Van más por delante los nuevos modelos de infraestructuras energéticas que la legislación que debe regularlos? Se lo comento por el caso de las energías renovables, donde están surgiendo además conflictos sociales por su ubicación.

-Yo diría que hay instrumentos normativos en las leyes de contratos para la ejecución de infraestructuras que pueden desarrollarse y no se están utilizando ni se está aprovechando su enorme potencial. Un ejemplo muy claro y muy evidente es el de la colaboración público-privada. Y más en concreto los sistemas concesionales, que son perfectamente aplicables a las infraestructuras de transporte o a las del agua.

Hablaba de los proyectos de renovables y este es un ejemplo clarísimo. En estos momentos entre los proyectos instalados y los proyectos encima de la mesa para tramitarse, pues ya se superan los 200 gigavatios que contemplaba el plan 2030. Es decir, que hay liquidez en el mercado y hay que canalizar esa liquidez.

Otra cuestión es que, en el caso de las renovables, hay algunas situaciones que están alterando ese mercado. Y ya se empieza a constatar que estos problemas asociados a lo que puede ser una sobresaturación o a lo que puede ser, por ejemplo, la falta de garantía de la conexión eléctrica, están haciendo disminuir las transacciones o las compras de activos de esta naturaleza, incluso bajando el valor de esos activos de forma significativa.

En las infraestructuras de transporte, insisto, en el agua, yo creo que la labor principal es que desde las administraciones públicas traten de favorecer que un fondo, un inversor, una empresa que puede conseguir invertir y obtener una cierta rentabilidad, lo haga y hacer las cosas fáciles.

Sobre todo es muy importante dejar de un lado la ideología política en cuestiones de esta naturaleza, porque si somos capaces de facilitar ese gran volumen de inversión que está ahí y que solo busca unas rentabilidades adecuadas para poder desarrollar muchos de estos proyectos, pues los plazos se reducirían drásticamente, la economía se vería muy beneficiada en términos de empleo y de crecimiento económico, y evitaríamos situaciones como las que estoy comentando ahora, que transcurrido un año desde que se produjo la dana, en materia de infraestructura hidráulica prácticamente no se haya producido ni una sola actuación en el entorno del Levante.

-¿En el caso de los macroproyectos de renovables a los que me refería antes, dónde debería estar ese equilibrio entre la regulación y la actuación a desarrollar para no convertir las zonas rurales en territorios de sacrificio?

-Lo que tiene que hacer la Administración en primer lugar es garantizar que cualquier actuación, sea de renovables o de otro tipo, tenga unos mínimos criterios ambientales, es decir, que cumpla con una serie de exigencias ambientales, entre las cuales, evidentemente, tienen que estar también las de carácter paisajístico, las de carácter de protección del entorno natural, las de carácter de preservación del patrimonio natural. Y los proyectos que, avalados por los técnicos competentes, puedan garantizar esto, pues tienen que tratar de tener las menos trabas burocráticas posibles.

No significa que facilitar la gestión administrativa de los inversores para poder llevar a cabo estos proyectos tenga que suponer una merma en la preservación del entorno natural, que al final es uno de los activos más importantes que puede tener Aragón y puede tener nuestro país. Entonces, yo creo que es muy posible compatibilizar ambas cuestiones.

En ese equilibrio está la administración funcionando como garantista en defensa del interés general y también, por supuesto, la forma de facilitar al inversor poder desarrollar una acción que permita que, por ejemplo, una empresa se pueda instalar en un parque logístico en Teruel, sin necesidad de tener que estar pendiente de si va a poder en el futuro enganchar a una línea eléctrica.

-¿Se están enfocando bien los proyectos de desarrollo rural en el país?

-Es difícil contestar a esa pregunta con carácter general, porque la singularidad también de cada entorno marca mucho el criterio a seguir. Hay una parte que tiene que ver con la tecnología y con la facilidad de acceso a la tecnología y otra que tiene que ver con la forma de fijar la población, y en esto todo lo que sea facilitar el acceso a la vivienda y ser enormemente empáticos a la hora de reducir drásticamente la presión fiscal sobre proyectos sostenibles es bueno, eso sí, que hagan viable el desarrollo de un proyecto empresarial con el entorno rural. Yo creo que no hay una solución mágica para esto.

-En materia de infraestructuras, lo habitual en este país es que un gobierno planifique y el que le sigue haga borrón y cuenta nueva y no dé continuidad. Un claro ejemplo es la situación de las infraestructuras por carretera en esta provincia, con autovías y mejoras de vías convencionales estatales pendientes desde hace años. Hay una deuda con estos territorios, y muy en especial con Teruel. ¿Qué hay que hacer para evitar esto?

-La pregunta es muy acertada porque efectivamente, en algunos de los asuntos que yo he comentado, lo sensato sería que se cimentara sobre acuerdos nacionales con un cierto grado elevado de consenso político. Eso sería lo deseable.

Hablaba por ejemplo de un plan de acción urgente en materia de agua. Lo racional sería que hubiera un pacto nacional del agua que evitara que, con los cambios de legislatura, se adoptaran posiciones absolutamente contrapuestas. O que a día de hoy no tengamos un Plan Hidrológico Nacional moderno y que andemos ya con muchas revisiones de los de cuenca, pero sin que haya un marco nacional adaptado a la realidad actual.

En infraestructuras de carreteras es cierto que una de las cuestiones para realizar un plan de estas características es que tiene que tener, a la hora de facilitar su viabilidad, una intensidad de vehículos, un grado de utilización de la vía razonable, en términos de rentabilidad de la infraestructura. Pero también es cierto que las infraestructuras, su eficiencia no se puede medir única y exclusivamente por la intensidad media diaria de utilización de la vía, porque las infraestructuras son elementos de cohesión social, de vertebración del territorio y de igualdad de oportunidades.

Tenemos todavía un déficit arrastrado de infraestructuras muy alto, de conexión. Estos temas, es cierto, y este es un poco el mensaje de la jornada, lastran la competitividad de una región y de las empresas de la región, pero también generan desequilibrios territoriales en materia de bienestar social.

Teruel se convierte en el centro del debate 

Teruel se convierte a partir de este jueves en el centro del debate sobre el mundo de la empresa y de la justicia con el Congreso Aragón, Justicia y Empresa organizado por Cepyme y la Diputación de Teruel, que se celebrará hasta mañana viernes en el centro sociocultural de San Julián. Acogerá a destacados ponentes en la materia, como el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, o el exministro de Fomento y vicepresidente de Typsa, Íñigo de la Serna, que impartirán las ponencias inaugurales esta tarde, una de ellas sobre ciberseguridad y la otra sobre infraestructuras y crecimiento empresarial.

Este jueves también intervendrá la presidenta nacional de Cepyme, Ángela de Miguel Sanz, que abordará cuestiones como la seguridad jurídica para las empresas, los cambios normativos, la competitividad y la presión fiscal. La jornada se completará con una mesa redonda sobre delitos medioambientales y agresiones a la naturaleza, con la participación de destacados especialistas en la materia.

Organizado por Cepyme y la Diputación de Teruel con la intención de que pueda tener continuidad en años posteriores, el congreso busca establecer puentes entre el mundo empresarial y el jurídico, para lo cual se abordarán asuntos que afectan mucho a los empresarios en el ámbito del derecho, como es la ciberdelincuencia que se ha convertido en una amenaza para los negocios.

En la segunda jornada que se celebrará mañana viernes se abordarán también, con dos ponencias a cargo de Juan Grangel y Manuel Bellido, cuestiones como el fraude laboral, los procedimientos administrativos de inspección y el funcionamiento de la Justicia y cómo afecta a las empresas.

Otras ponencias tratarán sobre los mecanismos frente a la crisis empresarial, los delitos fiscales, la reestructuración de los negocios y la venta, la fusión y adquisición de empresas, y varias mesas redondas tratarán sobre ciberseguridad, siniestralidad laboral, y la jornada laboral y el registro horario en las empresas.