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La DPT advierte al Ayuntamiento de Teruel de que irá al juzgado ya si no negocia sobre los bomberos La DPT advierte al Ayuntamiento de Teruel de que irá al juzgado ya si no negocia sobre los bomberos
El presidente y el vicepresidente de la DPT atendieron a los medios de comunicación en el parque de Calamocha

La DPT advierte al Ayuntamiento de Teruel de que irá al juzgado ya si no negocia sobre los bomberos

Denuncia que el consistorio no ha movido ficha sobre la comisión técnica y Buj responde que antes de sentarse a hablar quiere el estudio de costes
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Es la última oportunidad. El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando (PSOE), dio el lunes un ultimátum al Ayuntamiento de Teruel para que designe a los técnicos de la mesa que tendrá que abordar el acuerdo de las dos instituciones para colaborar con el servicio de bomberos. La falta de entendimiento sobre si primero tiene que estar el estudio de costes o si se tiene que reunir la mesa técnica está enmarañando este asunto. El próximo 3 de marzo se cumplirá un año desde que las dos partes se reunieron para avanzar en un asunto que se remonta al año 1985, cuando se aprobó la Ley de las Bases de Régimen Local que obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios. En ese encuentro se entregó un documento y se decidió crear una mesa técnica pero la alcaldesa también solicitó un estudio de costes más detallado. De momento ni está entregado el estudio ni están los técnicos municipales. Y la Diputación volvió a plantear la posibilidad de acudir a los tribunales.

De este tema se habló durante la visita que los responsables provinciales realizaron al parque de Calamocha. “No podemos dejar a Teruel sin parque de bomberos por una irresponsabilidad del Ayuntamiento de Teruel, pero con ese dinero podríamos dar solución al 100% de las necesidades que tenemos para cumplir con la Ley del Fuego”, dijo el presidente de la Diputación de Teruel, que animó a buscar en las hemerotecas para ver las palabras que dijo cada uno en aquella reunión.

“A mí no me sirve que digan que en el informe hay datos que  están mal. Para llegar a acuerdos dijimos que había que crear un grupo de técnicos, tres por cada institución, y que ellos nos dirían el coste real del servicio que prestamos en Teruel capital”, afirmó para añadir que desde la DPT “desde el principio pusimos las tres personas pero del Ayuntamiento no hemos recibido nada”. Ante esta situación, “vamos a dar una última oportunidad antes de ir al Contencioso Administrativo”, porque incidió en que “estas cosas se tienen que solucionar por el diálogo, pero pasa el tiempo y se tiran aguas afuera”, para insistir a continuación en que “hemos tenido una paciencia eterna” y reiterar que este asunto “puede acabar en los tribunales”.

Rando consideró que “es más coherente” que para cuantificar las necesidades del servicio se reúna la mesa de técnicos. Por parte de la Diputación de Teruel acudiría el interventor, el jefe de personal y de bomberos y por parte del Ayuntamiento “los tres técnicos que ellos digan”. Sin embargo, la alcaldesa, insistió que lo primero es contar con el estudio de costes como ya pidió hace un año.

Buj pide el estudio de costes

Preguntada por la prensa, tras la Junta de Gobierno, Emma Buj (PP) también se refirió a este asunto. En su opinión, el equipo de gobierno PSOE-PAR “lo único que quiere es enredar políticamente e intentar hacer oposición al Ayuntamiento de Teruel o intentar no sé muy bien qué”, porque “desde el año 85 siempre se ha prestado el servicio a la ciudad, y en esta ocasión, desde que el Partido Socialista gobierna en coalición con el PAR para la Diputación parece que es una cuestión fundamental y sin embargo cuando gobernaban en el Ayuntamiento no hicieron absolutamente nada”. En su opinión, “no paran de enredar” porque recordó que el Ayuntamiento solicitó un estudio de costes, “que no es un informe aproximado de lo que les parece que va a costar sino cómo lo define la ley”. Un documento “para que sus técnicos y los suyos puedan sentarse realmente a hablar de este asunto porque sino estaremos a hablando del sexo de los ángeles”.

“Lo que tiene que hacer la Diputación es remitirnos ese estudio de costes que hace meses que lo pedimos, porque es el fundamento sobre le que los técnicos se tienen que sentar”, insistió.

Fuertes inversiones

El vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo (PAR), también se refirió a este tema en Calamocha y ofreció algunos datos. Recordó que la Diputación de Teruel hace una inversión de más de 16 millones de euros en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

“Es una coste que la diputación hace sola. Sí que es verdad que hay que agradecer la aportación que hace el Gobierno de Aragón año tras año, que aporta 700.000, 800.000 o 1 millón de euros y así van colaborando para esas inversiones. Curiosamente el único que no colabora es el Ayuntamiento de Teruel, y no digo la alcaldesa, porque -igual que yo-  ella pasará y llegará otro alcalde y otro equipo de  gobierno. Pero la realidad es que ningún equipo de gobierno municipal se compromete con esto y al final el Ayuntamiento de Teruel tiene que cumplir con la ley”, manifestó.

Recordó que ese servicio cuesta más de 5 millones de euros “que estamos asumiendo todos los turolenses y en Calamocha hoy no tienen un buen parque porque ha habido que cubrir los servicios en Teruel” y añadió que si Teruel hubiese puesto cada año 1,8 millones al Servicio más todo lo que se ha invertido, que son 7,5 millones “Calamocha tendría su parque, Cantavieja tendría su parque o Albarracín el suyo y no nos encontraríamos con más del 40% del territorio de la provincia fuera de isocronas”.

Para Izquierdo “la paciencia tiene un límite” y “todos hemos intentado ir de cara salvo uno, en este caso una, la alcaldesa. Los técnicos son los que tienen que resolver los costes del Servicio, el informe se ha hecho y podemos estar discutiendo si está bien o si está mal, pero sentémonos, hablemos de la transferencia del servicio y si no, que el Ayuntamiento construya un parque de bomberos propio, que nosotros con el que tenemos daremos servicio a la provincia”, consideró.

Sobre esa otra opción apuntó que si se ponen a sacar números “se verá que un parque costaría 10 u 11 millones de inversión, a lo que habría que sumar el personal y el equipamiento porque no es solo cubrir los gastos”.

Según sus estimaciones, “cada parque necesita como mínimo cinco vehículos que cuestan una media de 600.000 euros, más 25 o 30 personas”. “Es una cuestión de sentido común”, zanjó.

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